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Los integrantes del Movimiento Uruguay Libre de Megaminería denunciaron la semana pasada que la Dirección Nacional de Minería y Geología (Dinamige) otorgó permisos para minería de oro en la cuenca donde OSE pretende crear embalses para abastecer de agua potable a la población.
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Sin embargo, una resolución de la Dirección Nacional de Agua (Dinagua) dio “prioridad” a OSE en el uso de esa cuenca, que abarca los arroyos Casupá y El Soldado, y el presidente José Mujica ya dio el visto bueno para que las obras de la empresa estatal se lleven adelante, según declaró a Búsqueda el titular de OSE, Milton Machado.
Ante la denuncia pública de grupos ambientalistas, Machado se comunicó con el ministro de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, Francisco Beltrame, para transmitirle su “preocupación”. El jerarca dijo que aún no obtuvo “información formal” de que haya autorizaciones para explotación minera en las zonas en que OSE pretende construir dos embalses para dar solución al abastecimiento de la zona metropolitana.
Machado dijo que a OSE le corresponde remitirse al Ministerio de Vivienda para que esa cartera averigüe con el Ministerio de Industria y la Dinamige. Está previsto que haya entre los organismos una reunión de “coordinación interinstitucional” para estudiar la “compatibilidad de las autorizaciones”.
El presidente de OSE recordó que uno de los 11 puntos de un listado de medidas presentado por el Ministerio de Vivienda en mayo de 2013, luego de que se diera un episodio de floración de algas en la cuenca del Santa Lucía, ya proponía “declarar ‘reserva de agua potable’ la cuenca hidrológica del arroyo Casupá”. En esa zona OSE prevé instalar uno de los embalses.
Según aseguró Machado, ya lograron una resolución de Dinagua que aprueba el pedido de OSE de declarar esa cuenca “reserva de agua potable”. Si bien dijo no recordar la redacción exacta, sostuvo que en espíritu da “prioridad” a OSE y al abastecimiento de agua potable en esa cuenca.
El jerarca dijo que actualmente están tramitando una resolución similar para el arroyo El Soldado, donde pretenden construir un segundo embalse.
Consultado sobre la posibilidad de que los emprendimientos mineros afecten las intenciones de OSE, Machado dijo que no está en condiciones de dar una opinión porque no cuenta con “información oficial”. Para saberlo tendría que conocer “qué tipo de autorización se les dio a esos emprendimientos” y entrar “en un estudio para determinar qué padrones están comprendidos” para conocer si “invaden” los de los embalses.
Luego de la alarma generada el año pasado por la floración de algas que afectó el suministro de agua potable en el área metropolitana, OSE encomendó a Aguasur —empresa de Derecho Privado de la que es accionista mayoritario— un estudio para determinar la mejor alternativa para no depender exclusivamente de la planta de Aguas Corrientes. El análisis, que culminó a fines del año pasado, sugirió la construcción de dos nuevos embalses, con sus respectivas represas, uno en el arroyo Casupá y otro en el arroyo El Soldado (ambos en la cuenca del Santa Lucía), y un by pass desde el arroyo Canelón Grande a la usina de Aguas Corrientes (Búsqueda Nº 1.739).
El proyecto completo implica una inversión aproximada de U$S 250 millones. Machado dijo que las otras alternativas que se analizaron necesitaban aproximadamente “el doble de dinero”.
El proyecto fue presentado por OSE al ministro de Vivienda y al presidente José Mujica. Según Machado, ambos dieron el “aval” y “acordaron verbalmente” avanzar hacia esa solución. “El presidente entendió y dio el aval”, aseguró Machado.
OSE se encamina ahora a comenzar con las “gestiones” y “autorizaciones” ante distintos organismos para “formalizar” su proyecto. También comenzarán con los estudios necesarios, que incluyen aspectos topográficos, medioambientales y financieros.
El jerarca es consciente de que no se llegará en este período de gobierno a licitar las obras.
“Luces de alerta”.
La preocupación por la minería de oro cerca de cuencas de agua potable se debe a que ese tipo de emprendimientos usan cianuro, una sustancia venenosa.
Pero en los últimos días también fue cuestionado el efecto que puede producir sobre la salud la minería de hierro que pretende realizar en Uruguay la empresa Aratirí.
El senador y precandidato blanco Jorge Larrañaga sostuvo en un comunicado que el Estudio de Impacto Ambiental presentado por Aratirí a la Dirección Nacional de Medio Ambiente (Dinama) “establece que se utilizará una sustancia llamada poliacrilamida en cantidades de hasta 1.700 toneladas diarias”.
“La poliacrilamida contiene acrilamida y la Agencia Internacional para la Investigación sobre el Cáncer (IARC) ha catalogado la acrilamida como ‘probablemente carcinógeno para los humanos’. A su vez, la Agencia de Protección de Ambiente de Estados Unidos (EPA) señala que la ‘exposición repetida a la acrilamida es probable que cause cáncer en humanos’.La Unión Europea la tiene catalogada como cancerígeno ‘categoría 2’ (sustancia que debe ser tratada como si fuera carcinógena en humanos)”, informó.
Según Larrañaga, “está claro que hay un tema de escala que impone encender luces de alerta”, porque “existe un enorme riesgo para los trabajadores y el resto de los ciudadanos que necesariamente debe ser evaluado por los técnicos de la Dinama antes de que el Poder Ejecutivo firme el contrato con Aratirí”.
Por eso el senador considera que “la celeridad del Poder Ejecutivo para firmar el contrato antes de que se expida la Dinama es inentendible”.
“Exhortamos al gobierno a no firmar el contrato hasta que la Dinama se expida en forma definitiva sobre los peligros que esta explotación tendrá y, sobre todo, que se escuche a los miles de uruguayos que no quieren este tipo de industria extractiva”, sostuvo.
