La operativa de un gran emprendimiento como la planta de celulosa de la empresa UPM en Fray Bentos implica que todos los días transiten unos 300 camiones por carreteras y caminos rurales, algunos de los cuales están muy deteriorados. Para intentar financiar la rehabilitación y el mantenimiento de muchas de esas vías el gobierno estudia desde hace algunos años la idea de instalar el principio de que “el que rompe, paga” para cobrar a grandes productores y transportistas una tasa por usar esas infraestructuras.
La iniciativa había sido dejada de lado por el gobierno pero, luego de que el impuesto a las concentraciones de tierra cayera por su inconstitucionalidad, varios intendentes le pidieron al presidente José Mujica que volviera a analizar la posibilidad de aplicar esa idea para conseguir recursos que permitan mejorar la caminería necesaria para sacar la producción.
Además, fuentes del Ministerio de Transporte dijeron que recibieron, por medio de Presidencia, una solicitud del Congreso de Intendentes para mantener una reunión. En el ministerio presumen que el “rompe paga” será uno de los temas que estarán sobre la mesa.
Recursos.
La reunión que el presidente José Mujica mantuvo el domingo 17 con los intendentes de todos los departamentos en la estancia de Anchorena se realizó tres días después de que se supiera que la Suprema Corte de Justicia hará caer el Impuesto a la Concentración de los Inmuebles Rurales (ICIR), que estaba previsto como la principal fuente de financiación para constituir empresas regionales que aborden el problema del deterioro de la caminería rural.
Todos los intendentes del interior consideran a ese problema como una prioridad y Mujica “pidió tiempo para trabajar con su equipo, ver de dónde surgen los recursos y en los próximos días trasladar una decisión y no perder el punto importante, que es la caminería”, informó el intendente de Salto, Germán Coutinho.
El presidente se comprometió a que en el plazo de un mes va a plantear una alternativa de financiamiento.
Según el intendente de Flores, Armando Castaingdebat, Mujica hizo “definiciones muy concretas” en ese sentido, como que no va a haber detracciones y que no se va a buscar el financiamiento “en base a cargas impositivas sobre los pequeños y medianos productores”.
El intendente de San José, José Luis Falero, sostuvo que “la recuperación de la red vial, de la caminería rural del interior profundo, es fundamental para poder sacar el aumento de producción que se viene generando en el último año”.
Durante la reunión del domingo el jefe comunal planteó a Mujica “la necesidad de que cualquier plan de búsqueda de recursos no excluya a las gremiales del país” y se ofreció a mediar con ellas.
“Rompe paga”.
El “rompe paga” está a consideración del Poder Ejecutivo desde hace años. Pero las autoridades del Ministerio de Transporte se inclinaron por no avanzar en la idea durante el actual período de gobierno.
Sin embargo, según el intendente de Florida, Carlos Enciso, algunos jefes comunales quisieron “reagendar el concepto de que el que rompe pague” para “involucrar a sectores que mueven impresionantes tonelajes y que hoy no pagan aportes y rompen la caminería, como la madera”. Dijo que la idea es cobrarles tanto a los productores como a los transportistas.
El mecanismo a estudio consiste en que los camiones estén equipados con el sistema de seguimiento satelital GPS y con chips en los que esté la información del peso del vehículo, el tonelaje que carga y los caminos o carreteras que transita. De un cruzamiento entre esas variables saldría el monto a pagar. El sistema también serviría para redirigir los camiones a rutas alternativas cuando pretendan transitar por caminos muy desgastados.
“Lo evaluamos en el 2008 pero el error que cometimos fue pensarla sólo para el transporte forestal, entonces esas empresas protestaron”, dijo el intendente de Río Negro, Omar Lafluf.
Lafluf apuntó, no obstante, que “el presidente ese tema siempre lo pensó para la caminería nacional y el ICIR era para la caminería rural”.
El intendente de Treinta y Tres, Dardo Sánchez, sostuvo que la posibilidad de implementar el “rompe paga” se manejó pero “no quedó nada establecido”.
“Los intendentes lo manejamos porque somos los que sufrimos más. Las grandes madereras, las grandes forestaciones, no colaboran con el arreglo de los caminos, y ahora se suma el tema de los grandes cultivos de soja, que me parece que van a tener el mismo problema”, afirmó.
De acuerdo a Sánchez, el presidente “dio como descontado” que se va a implementar un sistema de “rompe paga” pero dijo que no va a ser “sustituto del impuesto a las grandes concentraciones de la tierra”.
Rentabilidad.
Hace dos semanas, cuando el ICIR aún no había recibido el revés de la inconstitucionalidad, el ministro de Transporte, Enrique Pintado, dijo a Búsqueda que no creía que fuera el momento de “discutir” nuevas cargas impositivas, al ser consultado por un sistema de pago por uso en las carreteras.
“Lo estamos estudiando en silencio, tenemos algunos estudios que no los vamos a dar todavía porque no creo que el tema hoy sea discutir nuevas cargas. Si es una discusión que hay que dar tiene que ser programática y a futuro”, sostuvo.
De todos modos, el ministro opinó que es necesario “ir a un cambio en ese sentido” y dijo que considera que además de las variables de peso o kilómetros recorridos debe tomarse en cuenta “la rentabilidad” que tiene el transportista o el productor.
“Es cierto, una tonelada de algodón es lo mismo que una de piedra. Solo que la rentabilidad de la piedra es distinta a la del algodón. Entonces, si yo a los dos les cobro lo mismo a uno lo estoy apretando más que al otro. Tenemos que encontrar un equilibrio”, aseguró.
Licitaciones.
El gobierno preveía invertir unos U$S 450 millones de la recaudación del ICIR durante tres años y algunas intendencias ya habían puesto en marcha procesos para comprar maquinaria con ese dinero.
Algunas regiones lograron avances más significativos y llegaron a llamar a licitaciones. Pero ante la caída del ICIR, que iba a ser la fuente de financiamiento, la mayoría decidió esperar.
Los departamentos de Canelones, San José, Florida, Flores y Durazno hicieron un llamado para la construcción de una planta de producción de mezcla asfáltica. Estaba a punto de concretarse la adjudicación pero ahora quedará a la espera de que surja una nueva fuente de financiación. Lo mismo ocurre con una licitación de la Intendencia de Río Negro
En cambio, la Intendencia de Durazno seguirá adelante con el gasto que había planificado de U$S 2,5 millones para comprar máquinas, según informó el jefe comunal Benjamín Irazábal a “El Observador”.
Enciso señaló que Mujica aseguró que con la caída del ICIR “no cae el compromiso del gobierno de pagar la primera partida para la compra de maquinaria” aunque la situación genera entre los intendentes la “incertidumbre de qué hacer con las licitaciones”.
