Y al fin llega el día. Tras años de planificaciones en los que se modificó su locación, su tamaño, su tipo y hasta los países que participarán como socios, el próximo miércoles 15 el gobierno uruguayo lanzará tres licitaciones internacionales complementarias para la construcción de una planta regasificadora de Gas Natural Licuado (GNL).
La obra consiste en la construcción de instalaciones flotantes, depósitos y una escollera de dos kilómetros de longitud a la altura de Puntas del Sayago, a dos kilómetros de la costa, en la zona donde estuvo el Frigorífico Nacional. También incluye un gasoducto que una la planta flotante con las instalaciones en tierra.
Esta convocatoria ya tiene un cronograma definido: el 15 de agosto se lanza la precalificación, el 30 de setiembre se recibirán las propuestas de las empresas interesadas —según Méndez ya hay 12 compañías en esa situación—, el 20 de octubre se comunicará cuáles son las empresas calificadas y el 31 de diciembre cierra la presentación de ofertas.
Méndez entiende que “se tomaron decisiones que permitirán agilizar los procesos” y por ello la planta estará operativa en 2014, “permitiéndole al país ahorrar cientos o incluso miles de millones de dólares” en generación eléctrica.
La planta regasificadora es una pieza clave en la política energética del gobierno, ya que brindaría cierta estabilidad económica a los costos de generación y se complementaría el abastecimiento a mediano plazo.
La operativa de la planta consiste en gasificar el GNL, que viene en barcos desde el país de origen de la compra. Una vez en la planta se regasifica y se envía mediante gasoductos a tierra firme, donde se distribuye en forma de gas natural.
Atrasos y cambios.
En noviembre del 2007, los gobiernos de los entonces presidentes Tabaré Vázquez y Néstor Kirchner acordaron la instalación de una planta regasificadora binacional en Uruguay.
En 2008 se descartó esa planta y se anunció la reconversión del proyecto en una instalación flotante para hacerlo más rápido. En el proyecto se creó un consorcio divido a partes iguales entre los dos países. Lo conformaron del lado argentino la estatal de energía eléctrica Enarsa y por Uruguay su homóloga UTE y la petrolera Ancap.
A partir de allí hubo idas y vueltas, demoras y anuncios por la falta de concreciones por parte de Argentina. En 2011 se conformó Gas Sayago, una compañía bajo el derecho privado integrada por Ancap y UTE. Ese mismo año en febrero se anunciaba que el lugar de la planta se cambiaba de Puntas de Sayago a Solís Chico (Canelones) para, unos meses más tarde, reconfirmar la locación original.
El largo periplo hartó al gobierno uruguayo, que en febrero del 2012 resolvió hacer la planta regasificadora “sí o sí”, dejando de lado la sociedad con Argentina (Búsqueda Nº 1.649).
Méndez reconoció que “hubo una decisión política” del gobierno este año y que a partir de ahí “se avanzó con extrema velocidad”.
“Fueron dos etapas completamente diferentes, la decisión del presidente de no esperar más nos permitió agilizar y hacer en un período de cuatro meses todo lo que no se había podido construir hasta el momento. Se hicieron estudios internacionales y se redactaron los pliegos”, añadió.
Sin embargo, desmintió que la participación argentina en la planta sea necesaria de algún modo y sostuvo que el país no necesita de Argentina en ningún sentido para que la planta sea viable.
“No es cierto que la planta no sea viable sólo con el consumo uruguayo. El proyecto está planteado para que sea rentable exclusivamente con la participación uruguaya”, dijo.
El jerarca explicó que el país igual construirá una planta de 10 millones de metros cúbicos diarios, como se planeó inicialmente, porque “la regasificadora es una parte muy menor de la inversión” y el resto de la infraestructura “es la misma”, sea del tamaño que sea la planta.
Con respecto al consumo, Méndez explicó que se proyecta que el país utilice entre 2 y 4 millones de metros cúbicos diarios. Para ello UTE usará gas natural en vez de gasoil para alimentar sus centrales térmicas.
Además, el gobierno aspira a exportar gas en forma de energía eléctrica a los países de la región, en particular Brasil y Argentina.
En el caso argentino, también se espera que el país vecino resuelva utilizar las instalaciones uruguayas para regasificar el GNL que compre.
“Es un puesto muy interesante, muy cerca de Buenos Aires y con un gasoducto”, dijo Méndez, aunque insistió en que “el modelo está pensado para que solo con los números uruguayos tenga ganancia neta”.
“Si además lo usa Argentina, las ganancias pasan de cientos de millones a miles de millones de dólares”, agregó.
Por ganancia el jerarca también entiende “lo que ahorra el país menos lo que va a invertir en esta obra”. Es que la generación eléctrica con GNL es sustancialmente más barata que con combustible. Según cálculos actuales, Uruguay gasta entre U$S 250 y U$S 300 por megavatio por hora (MW/hora) utilizando gasoil para sus centrales térmicas. Al reconvertirlas, bajaría los costos de generación a U$S 130 MW/hora.
Los tres pliegos.
Ahora que el proyecto sale a la luz, la principal preocupación del gobierno es minimizar los tiempos para que la planta esté operativa. Con ese objetivo trazó todo el diseño de la convocatoria.
“El hecho de dividir en dos la obra física es para que pueda comenzar antes con el dragado, mientras se resuelve qué empresa será la adjudicataria”, dijo Méndez.
Una vez lanzadas las tres convocatorias el 15 de agosto, las empresas tendrán 45 días para presentar sus proyectos. En el caso de las interesadas en el dragado, cumplido ese plazo se seleccionará a la compañía ganadora y comenzará el dragado “apenas esté pronta la autorización ambiental correspondiente”. Esa obra se pagará al contado.
Quienes estén intersados en la obra mayor precalifican a los 45 días. Ahí se abre otro período de 70 días entre las que continúen en pugna. El tipo de contrato establecido será del tipo BOOT (por su sigla en inglés). Es una modalidad de acuerdo en la que la empresa se compromete a construir y operar la planta y después de determinado tiempo transferirla al Estado.
Para el caso de la regasificadora, la empresa operará la planta cobrando un canon por ello y en un plazo de 15 años transferirá la regasificadora a manos estatales.
“Lo importante es que aún durante este plazo, la operativa de los embarques, la cantidad de gas regasificado y otros aspectos decisivos serán resueltos por el gobierno en cada momento”, dijo Méndez.
Otra de las decisiones que tomó el gobierno para llegar al 2014 con la planta en funcionamiento es que será el Estado y no las empresas el que realice varios “estudios complementarios” en paralelo a la adjudicación de los pliegos.
Estos estudios, que se le exigirían a la empresa ganadora, serán entregados por el gobierno para que la compañía ganadora tenga adelantado ese trabajo.
En cuanto al GNL, se hará la convocatoria internacional aunque para su establecimiento efectivo será necesario tener la planta operativa.
