Un año atrás los trabajadores de Pluna paraban, marchaban y se enfrentaban a representantes del gobierno que los acusaban de “afectar” con esas medidas los intereses de la aerolínea. A mediados de junio el Poder Ejecutivo había logrado la desvinculación de Leadgate —liderada por el empresario Matías Campiani— de la gestión de la empresa. El jueves 5 de julio decidieron que Pluna dejara de operar.
Lejos de aquellos cruces, el sindicato y el gobierno ahora asumen juntos “el riesgo político” de impulsar la aerolínea autogestionada Alas-U (Dyrus SA). El acuerdo quedó formalizado el viernes 28 de junio mediante la firma de un memorándum de entendimiento, sobre el límite del plazo de 180 días que otorgaba la ley 19.057 al fideicomiso que administra los siete aviones que pertenecían a Pluna para negociar las aeronaves con los trabajadores.
El documento tiene tres puntos: la venta de tres aviones Bombardier CRJ 900, el préstamo de U$S 15 millones que otorgará el Fondo de Desarrollo (Fondes) al emprendimiento, y las rutas aéreas a otorgar. Según informó esa tarde en conferencia de prensa el secretario de la Presidencia, Homero Guerrero, se trata de un “acuerdo marco” que deberá profundizarse “firmando documentos”.
El fideicomiso recibirá U$S 46 millones por los tres aviones, precio fijado según una “tasación de mercado”. El monto se pagará en diez cuotas anuales “iguales y consecutivas”, pero la primera cuota vencerá recién al tercer año.
La aerolínea de los trabajadores pretendía, en principio, contar con los siete aviones. Sabrina Acevedo, dirigente de la Organización de Funcionarios de Pluna, dijo a Búsqueda que la disminución en la cantidad de aviones fue una recomendación del gobierno. Como el Fondes no está dispuesto a prestar más de U$S 15 millones, promovieron “una estructura más chica” para hacerla más solvente.
Guerrero señaló que planean vender los otros cuatro aviones y para eso quieren “reglamentar un proceso competitivo y transparente”.
Respecto al préstamo del Fondes, el memorándum sólo menciona el compromiso de otorgar U$S 15 millones. Aún resta acordar los plazos en que los trabajadores devolverán el dinero. Las rutas a otorgar tampoco están definidas, sólo se explicita que se van a decidir “en función de las necesidades de la aerolínea”.
Según informaron a Búsqueda fuentes del Poder Ejecutivo, el memorándum prevé que los tres aviones a transferir queden “hipotecados a favor del fideicomiso” para “asegurar” que los trabajadores los paguen.
Según dijo el propio Guerrero, tienen informes jurídicos que alertan sobre riesgos de embargo de los aviones que pertenecían a Pluna en la región. Las fuentes dijeron que pese a las advertencias están “dispuestos a correr el riesgo político”.
“Queremos empezar a volar y después vemos —sostuvo un informante—. Nunca vamos a tener la certeza de recuperar la plata, pero la línea política de Mujica es apoyar proyectos autogestionados y este es un ejemplo”.
Embargo.
“Era el momento”, dijo una fuente del gobierno para explicar la decisión del 5 de julio de 2012 de cerrar Pluna (Búsqueda Nº 1.670). Los 13 aviones que tenía la aerolínea estaban en el Aeropuerto de Carrasco por lo que no serían retenidos cuando en otros países de la región se enteraran de la noticia.
La posibilidad de que esos aviones fueran embargados tampoco se le pasó por alto a la empresa canadiense Bombardier, cuando en diciembre de 2012 envió a Uruguay pilotos para que se llevaran los seis aviones que Pluna tenía en leasing. Como los Bombardier CRJ 900 son jets regionales, debían hacer escalas para llegar a Canadá.
Según informaron a Búsqueda fuentes empresariales y de gobierno, la compañía resolvió no parar en Argentina, Brasil ni Paraguay. Hicieron la escala recién en Perú. “Ante riesgos legales, no tocaron ninguno de los destinos a los que volaba Pluna”, aseguraron.
Los principales riesgos que advierten los informes jurídicos con los que cuenta Presidencia son por juicios laborales en Brasil y Argentina. Para evitarlos, Alas-U y el gobierno confían en el éxito de las negociaciones que lleva adelante el PIT-CNT con otras centrales sindicales de la región como una “garantía política”.
Para los extrabajadores de Pluna, es “bastante difícil que retengan un avión”. De todos modos, sus abogados ya están preparados para hacer frente con el argumento de que “son una compañía aérea nueva”.
“¿Qué tenemos que ver con Pluna SA? Nada”, evaluó Acevedo. La dirigente considera además que ante un fallo adverso en un juicio “se tendrá que hacer cargo el Estado”.
“Nosotros no vamos a estar pagando deudas de juicios laborales en Argentina contra Pluna SA”, aseguró.
De trabajadores a empresarios.
Una de las dudas instaladas en torno al proyecto de los trabajadores es su capacidad de gestionar una empresa de esas características. Ellos, sin embargo, no tienen dudas.
“¿Cuál es la universidad de los empresarios? No sos empresario hasta que lo sos. El día que tenés que manejar una empresa sos empresario”, sostiene Acevedo y recuerda que, por ejemplo, los directores de Leadgate “jamás habían pisado un hangar”.
César Iroldi, otro de los dirigentes del sindicato, asegura que van a tener un “plano gerencial altamente calificado”. Algunos de los profesionales con los que contarán “ya ocupaban esos mismos cargos en Pluna” y habrá “nuevas incorporaciones de máximo nivel”.
Ese plano gerencial se encargará de llevar adelante la empresa acorde al plan de negocios elaborado por “distintos técnicos” y representantes de los trabajadores. El control de la gestión, a su vez, estará a cargo del Directorio de la empresa, que lo integrarán seis miembros del sindicato: cuatro de personal en tierra (entre ellos Acevedo e Iroldi) y dos pilotos.
“La pregunta que sobrevuela es cómo hace un auxiliar de cabina, un médico o un mecánico para llevar adelante una empresa. Error. Lo que hacen los trabajadores es controlar un proceso de gestión que van a llevar a cabo gerentes calificados”, corrigió Iroldi.
El dirigente considera además que, con el cobro de los seguros de paro, los aviones y el préstamo del Fondes se creó la imagen de que están “viviendo a costillas del Estado”. Para evitar esa imagen propusieron al gobierno que el Estado tenga “un veedor” en la empresa como garantía de que “el préstamo se está usando de buena forma” y como “garantía moral ante el ciudadano”.
Otro problema, opina Iroldi, es el “paradigma que se creó en torno a las pérdidas de Pluna”.
“Acá perdió el Estado, perdieron los diferentes gobiernos, perdieron los empresarios privados. Yo pregunto: ¿qué pasa si les va bien a los trabajadores? Eso no genera un temor de ‘la pucha, fallaron empresarios, fallaron actores políticos y les va bien a ellos’. ¿No querrá decir que antes se hicieron muy mal las cosas?”, cuestionó.
