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Los medios impresos prueban alternativas a sus modelos de negocios que se adapten a un consumo informativo dominado por Internet, pero no todos lo encuentran a tiempo. Algunos quedan por el camino y otros se ajustan, reducen sus plantillas.
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Ante este panorama que existe en Uruguay y en muchos países de Occidente, y que abarca también a las radios y la televisión, el experto en regulación de medios, Gustavo Gómez, plantea que se debe discutir una política de Estado para “sostener a los medios”, porque cumplen un rol fundamental para la democracia.
Durante una entrevista con Puntos de vista, de la estatal Radio Uruguay, Gómez sostuvo que el “panorama” de los medios escritos no es bueno, porque todavía no encontraron el “modelo de negocios” que les permita generar ingresos suficientes para subsistir. “No creo que no tengan razón de ser, no quiere decir que hayan fracasado. Siguen siendo muy importantes sus audiencias, sus lectorías”, declaró. “Tienen problemas de negocios”.
El director ejecutivo del Observatorio Latinoamericano de Regulación, Medios y Convergencia es crítico con lo que considera una “concentración” de medios en pocas manos. Aun así, dijo que hay que evitar que el ecosistema siga disminuyendo, porque su reducción “pone en riesgo la democracia”.
“Aun esta acotada diversidad de medios, yo la quiero defender”, insistió. Y añadió que el apoyo debe ir más allá de si un medio “es crítico” o no con la administración de turno.
Gómez sostuvo que uno de los mayores problemas es que la “creciente torta” publicitaria en el mundo digital no va a parar a las arcas de los medios locales, sino que termina en los bolsillos de Google y Facebook.
Para Gómez, que trabajó durante el gobierno pasado en la elaboración de la Ley de Servicios Audiovisuales —la denominada “ley de medios”—, el Estado “no puede ser indiferente” ante la crisis de los medios impresos. Al respecto, dijo que “hay que desarrollar políticas más allá de un gobierno, para sostener medios de comunicación”.
El experto dijo que “no tiene por qué ser plata directa” que vaya a las empresas, sino que se pueden explorar otros mecanismos de apoyo. Aclaró además que eso no busca “salvar a los dueños de los medios”, sino defender los puestos de trabajo y su calidad.
En ese sentido, cuestionó que en las primeras reuniones que tuvieron los medios con el gobierno para hablar de la situación del sector no se incluyera a la Asociación de la Prensa. “Una política de Estado para sostener medios de comunicación como una cuestión vital para la democracia tiene que incluir a los trabajadores”, acotó.
Una idea
Gómez sostuvo que uno de los mayores problemas es que la “creciente torta” publicitaria en el mundo digital no va a parar a las arcas de los medios locales, sino que termina en los bolsillos de Google y Facebook.
“¿Cómo monetizás (en Internet) si Facebook y Google se chupan todo por su capacidad de bigdata, por su capacidad de segmentación?”, se preguntó.
Una de las ideas que manejó Gómez en la entrevista es aplicar tributos sobre empresas como Facebook y Google, cuya recaudación sea dirigida a financiar una política de apoyo a los medios. El experto sostuvo que esas alternativas fueron planteadas por las asociaciones de medios en Europa y Estados Unidos.
En setiembre del 2018, varias de las principales agencias de noticias europeas publicaron una carta firmada en la que reclamaban que el Parlamento de la Unión Europea (UE) aprobara un proyecto de ley de copyright en discusión en ese momento que, entre otras cosas, combatía ese problema.
La propuesta “corregiría el desequilibrio grotesco en la forma en que los gigantes de Internet saquean el contenido de los medios escritos y las agencias de noticias para generar ingresos publicitarios, una situación que ya está agotando el alma de la prensa independiente”, según las agencias. “Lo que la propuesta pretende cambiar es bastante simple. Sin pagar por ello, los gigantes de Internet como Google y Facebook usan grandes cantidades de noticias que se producen a un gran costo por los editores de prensa y las agencias de noticias. Utilizan esas historias para atraer más y más dinero de publicidad y, al hacerlo, desvían los ingresos de la prensa. Sus enormes audiencias atraen una creciente porción de publicidad relacionada con el contenido, hasta el punto de que Facebook y Google se han convertido efectivamente en un duopolio, obteniendo el 80 por ciento de los ingresos globales de publicidad en Internet, excepto China, en 2017”.
“Bajo la reforma, tendrían que compartir una pequeña fracción de sus ingresos por ventas con los productores de ese contenido. Se trata de actualizar la ‘ley de derechos de autor’ con la realidad, nada más. La última directiva europea sobre este tema se remonta a una época en la que Google, Facebook, YouTube y los teléfonos inteligentes aún no habían visto la luz del día”, concluye el editorial conjunto.
La iniciativa incluye crear un “link tax” que deberían pagar los “agregadores de noticias” y también empresas como Google.
Para Gómez, que trabajó durante el gobierno pasado en la elaboración de la Ley de Servicios Audiovisuales —la denominada “ley de medios”—, el Estado “no puede ser indiferente” ante la crisis de los medios impresos.
No todos están de acuerdo con ese proyecto, que todavía está siendo discutido en los ámbitos de la UE. Algunos actores del sistema argumentan que otras provisiones incluidas en esa propuesta modificarán las normas de Internet de tal modo que ponen en riesgo la neutralidad de la red. Incluso, advierten que un impuesto al “link” puede facilitar la difusión de fake news, porque los sitios de Internet que se dedican a desenmascararlas deberán asumir costos económicos muy altos para hacerlo, lo que los haría inviables.
Al respecto, en noviembre Richard Gingras, vicepresidente de noticias de Google declaró a The Guardian que estaban “muy preocupados” con la iniciativa. Recordó que en el pasado España probó una medida similar para cobrar un impuesto por el uso de links y que eso provocó que Google desactivara su servicio de Google News. Esto, a su vez, habría generado una caída en el tráfico hacia los sitios digitales de los medios. “No quisiéramos ver que eso suceda en Europa”, acotó.
La discusión sobre las nuevas normas del copyright en la UE fue pospuesta en diciembre hasta la tercera semana de enero.
Consultado por los conductores de Puntos de vista acerca de si un gobierno que recaudara ese impuesto no podría caer en la “tentación” de favorecer en el reparto del dinero a los medios afines, Gómez respondió: “Un problema a la vez”.
