El proyecto tiene cuatro capítulos y 240 artículos.
Desempapelamiento y agilización
Como “mecanismos de agilización de trámites”, establece un marco para asegurar que los procedimientos de habilitación, autorización, permiso, registro, certificación o control a cargo del gobierno nacional y los entes estatales se rijan “por criterios de proporcionalidad, estandarización, gestión basada en riesgos, facilitación, interoperabilidad, previsibilidad, transparencia, agilidad y eficiencia administrativa”.
También se crea un “Programa de calidad regulatoria y agilización de trámites”, para identificar y remover obstáculos burocráticos o cargas administrativas innecesarias. Además, constituye un ámbito para trabajar —con un plazo de un año— con el mismo fin con gobiernos subregionales.
Para evitar marañas a futuro, otro artículo exige que los proyectos de ley de iniciativa del Poder Ejecutivo, decretos o resoluciones que establezcan nuevas regulaciones o modificaciones a las existentes, deberán ser acompañados de una “evaluación del impacto” y una “justificación” del cambio.
Se crea un “programa de revisión de tasas” para que, en todo el territorio uruguayo, queden limitadas “en su cuantía al costo aproximado de los servicios prestados”. Además, se prohíben las detracciones a las exportaciones, derogando una facultad vigente otorgada al Poder Ejecutivo.
Como “plataforma para la agilización de trámites”, la iniciativa crea un Registro Único de Apoderados y Representantes autorizados a hacer gestiones ante el Estado.
Por otro lado, propone abrir una Ventanilla Única Marítima para la gestión electrónica de los trámites marítimos y portuarios.
En el sector financiero, un artículo establece que las entidades que dan préstamos podrán —respetando criterios de confidencialidad— acceder a la información que las entidades públicas, estatales o no estatales, pongan a disposición de una “Plataforma de Interoperabilidad” que se propone crear.
Se extiende a un mínimo de diez años “todo registro de mercaderías habilitante para su comercialización, basado en criterios técnicos, sanitarios, fitosanitarios o ambientales”, salvo excepciones justificadas. Para la renovación “bastará la presentación de una declaración jurada por parte del responsable del registro”.
En el sector cárnico, el proyecto propone constituir un Sistema de Información Integral para la cadena cárnica como plataforma de gestión digital de registros, habilitaciones, certificaciones y operaciones comerciales. También deroga una ley de 1941 que prohibía a las carnicerías abrir los domingos, aunque en los hechos la disposición no se cumplía.
La iniciativa contempla múltiples medidas de simplificación de trámites o que quitan obstáculos en otros rubros, como la minería, el notariado, la producción agropecuaria familiar, la fabricación de bebidas y cosméticos, la forestación y la industria proveedora de la construcción.
Se establece un “régimen de habilitación provisoria para todas las empresas elaboradoras e importadoras” de productos de salud, lo que abarca a los cosméticos, alimentos, domisanitarios y productos médicos.
En materia de trámites consulares, dispone que el Ministerio de Relaciones Exteriores tomará las medidas necesarias para la progresiva implementación de la “transformación digital” de sus oficinas consulares y promoverá la interoperabilidad con otros organismos.
En materia aduanera, si bien mantiene la figura de los despachantes como los “únicos sujetos facultados para tramitar” negocios de comercio exterior, se habilita el “autodespacho de sus propias operaciones aduaneras” a personas físicas con actividad empresarial o a empresas, cumpliendo ciertos requisitos.
Asimismo, dispone mecanismos para promover el control aduanero exclusivamente en base a análisis de riesgo, elimina la intervención previa de la Dirección General Impositiva y establece que la Dirección Nacional de Aduanas sólo procesará trámites en soporte electrónico.
El proyecto elimina la prohibición de importar ciertos vehículos utilitarios usados.
Establece que “se prohibirá” las importaciones de mercaderías producidas total o parcialmente por empresas “donde haya sido comprobado objetivamente la utilización de trabajo forzoso u obligatorio, incluido el trabajo infantil”. Recientemente, el gobierno de Estados Unidos anunció el cobro de aranceles a productos de Uruguay y de otros países alegando que carecen de normativa suficiente para desalentar ese tipo de trabajo.
Competencia
Uno de los capítulos más largos es el referido a la competencia. Para promoverla, la iniciativa transforma la actual Comisión de Promoción y Defensa de la Competencia en un servicio descentralizado (hoy es un órgano desconcentrado del Ministerio de Economía) y establece que su presupuesto queda comprendido en el artículo 220 de la Constitución. Prevé una tasa por solicitud de autorización de concentraciones económicas, no reembolsable, de entre 25.000 y hasta 250.000 unidades indexadas a la inflación.
Entre otros cambios organizativos de ese cuerpo, crea en su estructura una Dirección de Investigación con independencia técnica. También ajusta algunas definiciones sobre conductas anticompetitivas y revisa el régimen sancionatorio.
Otro artículo promueve la “transparencia en las relaciones entre proveedores y distribuidores de grandes superficies comerciales”, entre otras cosas, habilitando a la Comisión a elaborar “guías, lineamientos, recomendaciones y códigos de buenas prácticas”.
Por otro lado, el proyecto alienta el uso de “reglas claras que maximicen la participación de oferentes” en las compras públicas y prevé una reglamentación al respecto para elaborar los pliegos.
Precios al consumidor
El articulado exige que los comercios con dos o más cajas o que operen tres o más locales, exhiban el precio de los alimentos o artículos de higiene personal o de uso doméstico por unidad de medida equivalente, ya sea en kilogramos, en metros o litros. El precio de venta y el precio por unidad de medida deberá mostrarse en forma conjunta, inequívoca, fácilmente identificable y claramente legible, tanto en la etiqueta” en góndola como en el listado o folletería publicitaria, precisa el articulado.
Quedan exceptuados de esta obligación los productos vendidos en presentaciones de hasta 50 gramos o mililitros.
La Unidad de Defensa del Consumidor se encargará de la fiscalización.
Micro y pequeñas empresas
El proyecto propone una simplificación tributaria para las micro y pequeñas empresas (mipymes) a través de una esquema de graduación dentro del Literal E, con vigencia para los ejercicios iniciados desde 2027.
Crea una “Plataforma única de simplificación” para micro, pequeñas y medianas empresas como “sistema centralizado de acceso digital” a la información, requisitos, trámites, registro y habilitaciones.
Innovación financiera
La iniciativa habilita al Banco Central (BCU) a crear “entornos controlados de prueba”, conocidos como sandboxes”, con menores regulaciones y por plazos de hasta 12 meses prorrogables por igual lapso por única vez, a los efectos de probar y desarrollar nuevas soluciones financieras.
Además, crea un sistema de “finanzas abiertas”, regulado por el BCU, que permite a los usuarios compartir de forma segura sus datos financieros con instituciones autorizadas mediante su consentimiento.
Para promover el financiamiento a la innovación, el proyecto amplía el espectro para los fondos de inversión cerrados en cuanto a en qué pueden invertir y reduce barreras de entrada al eliminar la garantía hipotecaria.
El texto propone la ampliación de la definición y los incentivos tributarios para las plataformas de financiamiento colectivo (crowdfunding).
Pesca, lechería y parques industriales
Entre otras medidas, el proyecto crea la Mesa Interinstitucional Nacional de Fortalecimiento, Modernización e Innovación de la Industria Pesquera, presidida por el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, y un ámbito para promover la acuicultura sostenible.
En la lechería, habilita el acceso a estímulos ya previstos en una ley de 2023 a industrias que hubieran procesado hasta 50 millones de litros de leche en su último ejercicio cerrado y modifica la integración del Consejo Directivo del Instituto Nacional de la Leche.
Otros artículos apuntan a la facilitación de proyectos mineros y al estímulo a los parques industriales.
