El atentado contra la casa de la fiscal de Corte, Mónica Ferrero, ocurrido en setiembre, encendió las alarmas en el sistema político uruguayo. Dirigentes y autoridades condenaron el hecho, reclamaron mayores medidas de protección para ciertos funcionarios públicos y exigieron una actuación contundente contra los responsables. Sin embargo, junto con la preocupación, también enviaron mensajes de cautela: insistieron en que Uruguay aún está lejos de la penetración criminal al Estado que sufren, por ejemplo, países como México.
“La confrontación entre la trayectoria mexicana consolidada y la tendencia uruguaya en curso permite identificar una convergencia significativa de indicadores estratégicos”, afirma el análisis elaborado por Pablo Caubarrere, excoronel del Ejército Nacional. “Uruguay no se encuentra en el punto de partida del proceso mexicano, sino en una fase intermedia de consolidación que en México correspondió aproximadamente a los años 2008-2012: tasa de homicidios calificada de epidemia, uso de armamento de grado militar en atentados, intentos documentados de captura institucional del sistema judicial, impunidad sistémica, desempleo juvenil y sistema de inteligencia con capacidades operativas insuficientes”, añade.
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La fiscal de Corte, Mónica Ferrero, en una imagen de 2025.
Mauricio Zina/adhocFOTOS
Caubarrere, quien se retiró en junio del Ejército, es diplomado como Oficial de Estado Mayor, licenciado en Ciencias Militares y magíster en Estrategia Nacional por el Centro de Altos Estudios Nacionales (Calen), dependiente del Ministerio de Defensa.
Este mes escribió un artículo denominado “Guerra híbrida y narcoterrorismo en Uruguay”, publicado en la revista El Soldado del Centro Militar, en el cual explica cómo el crimen organizado transnacional arribó al país para comerciar drogas al extranjero y logró transformarse de un “actor puramente delictivo” a uno “capaz de erosionar las bases del Estado sin desencadenar un conflicto armado formal”, al combinar actividades criminales con prácticas híbrido-funcionales de intimidación, corrupción e influencia sobre instituciones y territorios.
La llegada del crimen organizado
Caubarrere explica el ingreso de grupos delictivos internacionales a Uruguay por la necesidad de utilizar el Puerto de Montevideo, interpretación que coincide con la hipótesis de la Policía Nacional y de diversos analistas locales y extranjeros. Según esta visión, la ruta marítima Montevideo-Europa ganó peso en el tráfico de cocaína a medida que una mayor presión y saturación de controles de seguridad fue desplazando el flujo desde puertos anteriormente más frecuentados, como Santos, en Brasil, y Buenos Aires, en Argentina.
Agrega que la llegada de estos grupos contribuyó a la generación de un clima de mayor violencia en el país. Como ejemplo, señala que la tasa de homicidios se ha mantenido estable entre 10 y 12 muertes cada 100.000 habitantes —una cifra que duplica el promedio mundial— y que alrededor del 20% de los asesinatos registrados están vinculados, de forma directa o indirecta, al tráfico de estupefacientes.
De esta manera, Uruguay, históricamente catalogado como país de tránsito de droga, se convirtió “en un enclave logístico del crimen organizado transnacional”, que con el tiempo sumó, además de homicidios, episodios de violencia directa contra el aparato del Estado.
El artículo menciona la granada lanzada en 2020 contra la sede de la Dirección General de Represión al Tráfico Ilícito de Drogas de la Policía Nacional, ubicada en el Prado. El ataque fue atribuido a la red del narcotraficante Sebastián Marset, en un momento en que la Dirección de Drogas procuraba aumentar sus acciones contra el comercio internacional de cocaína y derivar en otras unidades el tráfico local.
Para Caubarrere, el atentado configuró “una acción cinética limitada”, cuyo objetivo fue la disyunción estratégica, es decir, transmitirle “al Estado que la resistencia institucional tendrá costos”. En términos más duros se refiere al episodio contra Ferrero, que sufrió disparos de bala y la detonación de una granada en su vivienda: “El umbral narcoterrorista fue cruzado”.
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Móviles de la Policía Nacional recorren los accesos de carga al Puerto de Montevideo, en 2025.
Ambos sucesos, a los que describe como “hitos” en la escalada del crimen organizado en Uruguay, tienen para Caubarrere una insuficiente respuesta de parte de los políticos, en una conducta igual a la sucedida en la década de 1960, cuando “el sistema político tardó casi una década en reconocer la naturaleza” de otra amenaza no convencional: las acciones del Movimiento de Liberación Nacional-Tupamaros (MLN-T).
“Los ataques de 2020 y 2025 constituyen evidencia empírica de que la amenaza ha cruzado el umbral narcoterrorista; sin embargo, el discurso político los trata como ‘incidentes aislados’, replicando la taxonomía minimalista con la que se catalogaba al MLN-T. En ambos casos el patrón es idéntico: el sistema político recibe avisos técnicos precisos, los minimiza bajo el paraguas de la paz formal, y reacciona solo cuando el conflicto se vuelve insostenible”, argumenta.
En febrero, el gobierno de México abatió a Nemesio Oseguera Cervantes, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación, considerado uno de los grupos criminales más potentes del mundo. Su muerte generó una ola de violencia a cargo del cártel en Jalisco y otros estados del país, que incluyó bloqueos de carreteras, quema de vehículos, enfrentamientos armados y ataques contra fuerzas de seguridad.
Horas después, el canciller Mario Lubetkin indicó que, aunque lo que sucedía en México parecía “una novela de otro mundo”, también podía “ser parte de la realidad” uruguaya. Sus palabras contrastaron con las del ministro del Interior, Carlos Negro, quien, siguiendo una postura que cuestiona Caubarrere, había afirmado: “Felizmente Uruguay no se encuentra en una situación ni siquiera cercana a la de México”.
¿Cuáles son las razones para el problema de Uruguay?
En octubre, Búsqueda informó que en un concurso para cargos de fiscales adscriptos se presentaron tres abogados que fueron defensores de narcotraficantes. La preocupación por esta maniobra fue planteada por Ferrero a los parlamentarios que integran la Comisión de Asuntos Administrativos, que asesora a la Cámara de Senadores.
El tema también se discutió durante la elaboración, el año pasado, del Plan Nacional de Seguridad Pública, cuando representantes del Poder Judicial citaron el ejemplo de familias delictivas albanesas que, en los Países Bajos, mantienen a algunos de sus miembros por fuera de actividades ilegales para que se formen en el ámbito académico e ingresen posteriormente a puestos estratégicos en la administración pública, como los organismos de gestión portuaria.
Para Caubarrere, la violencia ejercida por los grupos delictivos sobre la Fiscalía General de la Nación —como el atentado contra Ferrero—, sumado a sus intentos de infiltración en el organismo, constituyen “lawfare criminal en su modalidad más sofisticada”.
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Acto del Movimiento de Liberación Nacional-Tupamaros en homenaje a uno de sus principales integrantes, Raúl Sendic.
Santiago Mazzarovich/adhocFOTOS
El coronel retirado considera también que el Estado comete varios errores que le impiden detener el avance del narco. Además del discurso levemente alarmista del sistema político, en su artículo critica la erosión de las capacidades de formación ciudadana, la precarización de la base económica productiva del país, la “consolidación de la impunidad como norma operativa” y el “vaciamiento” de las capacidades de inteligencia.
Menciona, en particular, dos situaciones correspondientes al gobierno actual. Por un lado, las medidas de restricción al porte y tenencia de armas de fuego, que, según Caubarrere, coartan “el derecho de autodefensa de la ciudadanía” y, al no ofrecer una alternativa creíble de protección estatal, configuran “una transferencia de riesgo inaceptable hacia los más vulnerables”.
Por otro lado, apunta a la exclusión de Uruguay del Escudo de las Américas, la iniciativa regional liderada por Estados Unidos para debilitar en Latinoamérica a los grupos narcoterristas. “Uruguay quedó fuera del principal foro hemisférico de intercambio de inteligencia criminal, coordinación operativa y cooperación tecnológica contra el narcotráfico. Ilustra con precisión el costo de la desconexión entre política exterior e intereses de seguridad nacional”, concluye.
