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“Si bien no ha habido ataques frontales ni sucesos graves que afecten el trabajo de los periodistas o los medios, el clima de libertad de prensa en este semestre se ha enrarecido con la aparición de limitaciones, mientras se insiste con el anuncio de un inminente proyecto de ley que, en su primer capítulo, se ocupará de los derechos de las audiencias”. Así comienza el informe sobre Uruguay, presentado esta semana en San Pablo (Brasil) por el director del diario “El País” y vicepresidente regional de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), Washington Beltrán, durante la 68ª. Asamblea General de la organización.
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“El problema de la inseguridad ciudadana —la gran preocupación de los uruguayos— tiene a mal traer al gobierno que no encuentra los mecanismos para combatir exitosamente el delito, donde la presencia de los menores es una constante”, dice el documento.
Beltrán agregó que, “por vía administrativa, y sin las garantías del Poder Judicial, se aplicó una severa sanción económica al diario ‘El Heraldo’ de la ciudad de Florida por presunta violación al Código de la Niñez y la Adolescencia y se encuentra en trámite otra de igual carácter contra el diario ‘El País’, iniciada un año y medio después de haberse registrado la presunta falta”.
También resaltó que si bien se derogó el decreto de 1988 que “establecía la censura previa de los contenidos en el horario de protección al menor”, la nueva norma dispuesta por el gobierno “extendió dicho horario a la difusión de los programas deportivos, políticos e informativos. Su control quedará también en manos de un funcionario administrativo, dependiente del Instituto Nacional del Menor”.
El informe recordó que el Centro de Archivos y Acceso a la Información Pública (Cainfo) se hizo eco de varias denuncias y concluyó que “varios organismos han declarado reservada buena parte de la información referida a su gestión, interpretando en forma indeterminada algunas excepciones establecidas por la ley de Acceso a la Información Pública”.
“Severas críticas”.
Beltrán hizo una cronología de los principales acontencimientos relacionados con la libertad de expresión en Uruguay en el último semestre y señaló en particular las “severas críticas” que se han formulado a los medios de comunicación.
“El ex ministro de Defensa Nacional y actual senador, Luis Rosadilla, expresó el 17 de setiembre en ‘La República’ que ‘la principal oposición al gobierno viene de la prensa’, a través de un ‘bien ensamblado conjunto de estrategias que llevan adelante ciertos medios de comunicación’ y reclamó la necesidad de ‘un conjunto de medios de comunicación que le haga frente; es necesario jugar en esa cancha muy fuerte’”, advirtió el delegado uruguayo.
“El 21 de mayo, los cuatro participantes a las elecciones internas del Frente Amplio, partido oficial, coincidieron en ‘la democratización del sistema de medios’. Y también que ‘es una batalla preciosa sobre regulación de contenidos (de los medios), que toca al poder’”, dice el documento. Allí se agrega que pocos días después, el 28, “la senadora Lucía Topolansky responsabilizó de la baja votación (en la elección interna) a los medios capitalinos, porque para acceder a ellos se debe pagar o depender de la estructuración que hagan los periodistas”.
Cuarenta y ocho horas más tarde, el presidente José Mujica hizo alusión a la ley de servicios de comunicación audiovisual y destacó que “no existe ningún interés en regular los contenidos de los informativos, ni meternos en la línea editorial de los medios”.
El presidente agregó que “tenemos una serie dispersa de normas en materia de telecomunicaciones que hay que tratar de revisarlas y ordenarlas. Va siendo hora que seamos más adultos y tengamos una ley global”. Y, de inmediato, afirmó que “hay sectores estratégicos del país que nunca han sido francamente democratizados y va a ser muy difícil que avance la democracia en la sociedad sin medios que sean cada vez más democráticos. No es una tentativa de acallar a los dueños de los medios, pero sí plantearles que tienen obligaciones y responsabilidades para con la sociedad”, recuerda el informe de Beltrán.
El documento recuerda que luego de haberse extendido el “horario de protección al menor” a informativos y programas políticos y deportivos, el diputado blanco Álvaro Delgado calificó la norma como la del ‘horario de protección al gobierno”.
Beltrán también aludió al anuncio del director nacional de Telecomunicaciones, Sergio de Cola, sobre la “inmintente remisión de un proyecto de ley de 170 artículos, que en su primer capítulo se ‘ocupará de los derechos de las audiencias’, porque el Poder Ejecutivo está ‘preocupado por garantizar los derechos vulnerados’” de “las audiencias”.
Las declaraciones del funcionario salieron publicadas en la edición de agosto de la revista “Políticas”, un órgano de prensa editado mensualmente por la Presidencia de la República.
También citó afirmaciones del secretario de la Presidencia, Alberto Breccia, quien dijo que “habrá tanta autorregulación (de los medios) como sea posible y tanta regulación del Estado como sea necesaria”.
La ley de Rendición de Cuentas incluyó dos artículos —aprobados exclusivamente por la bancada del gobierno— que establecen una tasa a cobrarles a los medios electrónicos y el otorgamiento al gobierno de 15 minutos diarios para su utilización en “campañas de bien público”, dice el informe.
“El 5 de setiembre —añade— en un programa de televisión, el presidente Mujica arremetió contra la prensa y personalizó su ataque contra los diarios ‘El País’ y ‘El Observador’. Para rematarla, le atribuyó al prócer uruguayo, José Artigas, una frase que nunca dijo: ‘La gran ventaja es que mi gente no sabe leer’”.
Dos días después de estas declaraciones, más de un centenar de personas que se autoidentificaron como pertenecientes al grupo radical “Acción sin Fronteras”, lanzaron bombas de tinta y realizaron pintadas en las fachadas de “El Observador” y de la emisora de televisión Montecarlo, mientras exigían —frente a un vallado policial— no “tergiversar” la información y dejar de reportar “banalidades”, invocando las gestiones para la instalación en Uruguay de una empresa minera (Aratirí).
El informe recuerda que el 20 de setiembre el presidente, en su habitual audición radial, criticó a los medios por no haber cubierto la información de un encuentro que tuvo con el Consejo Nacional de Estudiantes y expresó sentir “honda pena” por “la triste bagatela del sistema informativo”.