Familiares reclama a Orsi una orden a las Fuerzas Armadas y advierte que “seguir esperando es perder el tiempo”

“Vemos pequeños avances”, dijo a Búsqueda el integrante del colectivo Ignacio Errandonea. Entre ellos mencionó la reanudación de la digitalización de archivos de inteligencia policial —que había quedado en suspenso durante el gobierno anterior— y nuevas disposiciones para trabajar sobre archivos del Ministerio de Defensa. “Eso es una buena señal. Hay avances, pero no los suficientes y no los sustanciales”, evaluó.

La preocupación de la organización está en que, a pesar de los cambios de gobierno y de distintas iniciativas impulsadas desde el retorno a la democracia, la estrategia de buscar la colaboración voluntaria de los mandos militares no tuvo resultados sustanciales.

“Ya hay caminos transitados que sabemos que no funcionan. Jorge Batlle apostó a la colaboración de los militares y le mintieron, Tabaré Vázquez solicitó información y le mintieron, después Mujica, también le mintieron o no le dieron información, y Lacalle Pou lo mismo”, repasó Errandonea. En su opinión, los distintos gobiernos apostaron a la colaboración como “figurita sellada” y “nunca la tuvieron”.

Señales contrapuestas

Con el cambio de gobierno, los familiares habían renovado la esperanza sobre el avance de la búsqueda y la obtención de información, sobre todo luego de algunas señales. Por ejemplo, cuando Orsi y Carolina Cosse se salieron del protocolo en la recorrida hacia plaza Independencia para realizar el traspaso de la banda presidencial y se bajaron del auto que los trasladaba para saludar a los integrantes del colectivo. También en el discurso en la Asamblea General el presidente resaltó el compromiso con la búsqueda de desaparecidos.

Sin embargo, también existieron señales de otro tono. Los familiares cuestionaron, a fines del año pasado, la “llamativa e improcedente” reunión que mantuvo Orsi con el presidente de la Suprema Corte de Justicia (SCJ), John Pérez, para plantear su preocupación por la salud de los militares presos en Domingo Arena.

Aunque reconocen gestos y algunas medidas del actual gobierno, para la organización la búsqueda de los desaparecidos no ocupa todavía un lugar central en la agenda política.

“Sabemos que no es un tema grato para los gobiernos de turno y un poco estamos acostumbrados a esperar, por desgracia”, dijo Errandonea, quien tampoco lo ve como un “tema prioritario” para la actual gestión del Frente Amplio. “No lo vemos”, señaló.

El integrante del colectivo aclaró que no interpreta eso como una falta de interés en encontrar a los desaparecidos, sino como una dificultad histórica del sistema político para enfrentar a las Fuerzas Armadas en este tema. “Todos los partidos quieren que aparezcan los desaparecidos. El problema son las estrategias que se plantean”, sostuvo, porque “todo ya es un planteo que ha sido reiterativo en el sentido de que tenemos que convencer a las Fuerzas Armadas que colaboren y brinden la información”.

“No es que no se haya transitado el camino del diálogo. Ya se transitó y los mandos militares no están dispuestos a colaborar”, afirmó Errandonea.

“Avanzando muy lentamente”

Para el fiscal especializado en Crímenes de Lesa Humanidad, Ricardo Perciballe, “sería importante” que Orsi ordene a las Fuerzas Armadas que den información. “Por lo menos es un mensaje”, aseguró en diálogo con Búsqueda. El fiscal insiste en que el Estado tiene una obligación “nacional e internacional” de perseguir los crímenes de lesa humanidad y que todos los organismos públicos deberían actuar de forma alineada.

Perciballe hizo, tres años atrás, un “último intento” para obtener nuevos datos para perseguir a los responsables de los crímenes de lesa humanidad, cuando hizo un llamado público a que las personas que hayan tenido que ver con el enterramiento de detenidos desaparecidos “de forma tangencial” brinden información, con la seguridad de que no serían acusados de cometer un delito. Aquella idea no dio fruto. “Se mantiene, pero no hemos obtenido nada”, dijo.

Errandonea destacó la declaración que aprobó a principios de mayo la Cámara de Senadores —por primera vez— para que la población aporte información sobre personas detenidas desaparecidas en la dictadura. “Es un mensaje a toda la ciudadanía, a los militares retirados, a la familia de los militares retirados que puede haber escuchado algún dato”, dijo, y agregó que “es un mensaje para el hoy y para el futuro, y un paso del sistema político muy importante”. “El tema es que vamos avanzando muy lentamente”, resumió.

El equipo de investigación de la Institución Nacional de Derechos Humanos, el organismo encargado de la búsqueda de las personas detenidas y desaparecidas, actualizó la semana pasada la cifra histórica de desapariciones forzadas. En el informe presentado confirmaron que existen 205 personas identificadas como víctimas, por lo que aumentó la cifra que se manejaba hasta ahora, de 197 casos. De los ocho nuevos, tres pasaron a considerarse casos activos de búsqueda y otros cinco ya estaban aclarados, aunque no integraban formalmente la lista histórica.