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Cuando se habla de libertad de expresión muchas veces se asocia con la posibilidad de que un periodista pueda difundir una información sin ser censurado por su medio o sufrir represalias por parte de poderosos o interesados que no desean que esa información salga a la luz. Sin embargo, la libertad de expresión trasciende una profesión y se aplica a todos los ciudadanos como un derecho inalienable.
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Es así que la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión, un instituto perteneciente a la Organización de Estados Americanos (OEA), entiende que “es necesario” que sus Estados miembros “diseñen marcos regulatorios que respeten el ejercicio de la protesta social” como un medio para facilitar la libertad de expresión de determinados colectivos sociales.
“Los Estados no deben dejar de tomar en cuenta que cuando se está frente a marcos institucionales que no favorecen la participación, o frente a serias barreras de acceso a formas más tradicionales de comunicación de masas, la protesta pública puede convertirse en el único medio que realmente permite que sectores discriminados o marginados del debate público puedan lograr que su punto de vista resulte escuchado y valorado”, señala la Relatoría en su informe anual del 2011, publicado la semana pasada.
De hecho, recomendó a los estados miembros de la OEA que “establezcan regulaciones claras que garanticen el ejercicio legítimo de la protesta social y que impidan la aplicación de restricciones desproporcionadas que puedan ser utilizadas para inhibir o reprimir expresiones críticas o disidentes”.
Estas consideraciones forman parte de las conclusiones y recomendaciones del informe en el que se analiza el estado de la libertad de expresión en el continente.
“Al menos 28 comunicadores fueron asesinados en la región durante el 2011 y varios más desaparecieron o tuvieron que desplazarse de sus lugares de trabajo, sin que hubiese sido descartado que esos hechos estén relacionados con el ejercicio de su profesión. A estos lamentables hechos se sumaron decenas de denuncias sobre actos de violencia, agresión, amenaza e intimidación contra comunicadores y medios presuntamente vinculados con el ejercicio del derecho a la libertad de expresión”, destacó el informe.
A pesar de esta advertencia la Relatoría Especial indicó que durante el año pasado se produjeron “avances en la investigación, procesamiento y sanción de los responsables de algunos de los crímenes cometidos contra periodistas en años previos”.
La impunidad de este tipo de delitos ha sido una de las principales críticas tanto de este organismo como de otras entidades de defensa de la libertad de expresión. Es por ello que si bien reconoció estos avances advirtió que “la mayoría de estos delitos permanece en situación de preocupante impunidad”.
Criminalización, autoridades
Otros aspectos abordados en el informe refieren a la criminalización de la expresión y sus sanciones penales posteriores así como las declaraciones de autoridades de primera línea de casi todos los gobiernos americanos que descalifican a la prensa y a sus trabajadores.
Sobre el primero, el informe señaló que en varios Estados miembros “se registraron denuncias penales presentadas por funcionarios estatales por la publicación de opiniones o informaciones relacionadas con cuestiones de interés público”.
“La Relatoría Especial ha constatado la existencia de normas penales que continúan sin adecuarse a los estándares interamericanos en materia de protección a la libertad de expresión, y que permiten la imposición de medidas desproporcionadas que pueden tener un efecto silenciador incompatible con una sociedad democrática. En el mismo sentido la Relatoría recibió información en cuanto a la necesidad de adecuar las normas en materia civil para evitar el uso desproporcionado de las sanciones pecuniarias”, agregó.
El organismo también se mostró preocupado porque durante todo el 2011 continuó recibiendo denuncias sobre “altas autoridades estatales que descalificaron la labor periodística de algunos comunicadores, medios de comunicación y organizaciones no gubernamentales, acusándolos de actos ilícitos, con fundamento en la línea editorial del medio o periodista o en la actividad fiscalizadora de la organización”.
“Resulta particularmente preocupante —prosigue— que, en algunos de estos casos, a tales declaraciones le hayan seguido actos violentos o la apertura de procedimientos administrativos que amenazaría con el retiro de las concesiones, permisos o licencias de funcionamiento de los medios de comunicación críticos”.
Censura y discriminación
La Relatoría Especial también le dedicó una atención especial a la censura previa. Fueron varios los informes que llegaron a ese organismo informando sobre decisiones judiciales en todo el continente que prohibieron la circulación de información de interés público durante el 2011.
La recomendación de la Relatoría fue la de “eliminar cualquier norma que habilite la censura previa por parte de cualquier órgano estatal y también cualquier condicionamiento previo que pueda implicar censura a la libertad de expresión”.
Otro aspecto clave en 2011 fue la asignación condicionada de la publicidad oficial. La pauta oficial se convirtió en uno de los elementos favoritos de varios gobernantes latinoamericanos para premiar y castigar a medios amigos y críticos respectivamente.
La asignación de la publicidad oficial en países como Argentina alcanzó cifras récord con cientos de millones de dólares vertidos en pautas y aumentos de hasta 900% en medios oficialistas mientras que se vieron reducciones importantes en medios como el diario “Clarín”.
A pesar de ser el diario más vendido en Argentina el porcentaje de publicidad oficial en “Clarín” viene cayendo año a año por su enfrentamiento con el gobierno primero de Néstor Kirchner y más recientemente con el de su viuda y sucesora Cristina Fernández.
“La Relatoría Especial recibió denuncias en cuanto a la asignación de publicidad oficial con el objetivo de castigar o premiar a los medios de comunicación en función de sus líneas informativas”, advirtió el organismo.
“Resulta necesario que los Estados miembros cuenten con marcos normativos que establezcan criterios claros, transparentes, objetivos y no discriminatorios para la determinación de la publicidad oficial”, señala el informe.
Un aspecto positivo destacado por la Relatoría han sido los “avances en materia de acceso a la información”, algo que analiza positivamente.
El último elemento destacado en las conclusiones fue la asignación de frecuencias radioeléctricas. En este punto la Relatoría volvió a exhortar a los Estados miembros para que “la autoridad competente en materia de radiodifusión sea un órgano técnico independiente del gobierno, que goce de autonomía frente a presiones políticas coyunturales, y que se encuentre sometido a todas las garantías del debido proceso y aun riguroso control judicial”.