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“Lorenzo nos entregó hoy la renuncia por la propia iniciativa buscando facilitarle el camino a la Justicia”, dijo el presidente José Mujica el sábado 21 al informar que el hasta ese momento ministro de Economía y Finanzas, Fernando Lorenzo, dimitió a su cargo para continuar con el proceso legal que lo involucra en el caso de la ex aerolínea Pluna.
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Ese hecho desencadenó diversos cambios en el gabinete. Las implicancias de esas modificaciones se extendieron en todo el gobierno, incluso al contrato que el Poder Ejecutivo negocia con la empresa Aratirí —filial de la india Zamin Ferrous— para desarrollar el proyecto Valentines de extracción de hierro.
Diversas fuentes vinculadas a la negociación informaron a Búsqueda que la firma del contrato, previsto para fines de 2013, no se concretará hasta el próximo año debido a que se decidió “diferir unos días para que asuma la nueva dirección” en el MEF y ponerla en conocimiento de la situación.
Una de las fuentes aseguró que “la negociación viene avanzando” y que la demora en la firma del contrato es “ajena a diferencias por resolver entre las partes, que las habrá como toda negociación de este tipo”.
Los informantes manifestaron que, una vez asumidas las autoridades en la cartera de Economía, “se estima” que en enero esté firmado el contrato entre la empresa y el Poder Ejecutivo.
Recursos.
Entre el sábado 7 y el domingo 8 funcionarios de la Dirección Nacional de Minería y Geología (Dinamige), acompañados por policías, comenzaron a repartir cedulones a los productores implicados en el proyecto Aratirí para notificarles que la empresa presentó la solicitud para explotar hierro en sus terrenos, informó el diario “El País”.
El martes 24, el Ministerio de Industria, Energía y Minería (MIEM), a través de la Dirección Nacional de Minería y Geología (Dinamige), publicó el edicto, listado de padrones que el conjunto económico Minera Aratirí solicitó como concesión para explotar y para servidumbres mineras.
La lista comprende a 495 padrones ubicados en los departamentos de Durazno, Florida, Lavalleja, Rocha y Treinta y Tres.
Fuentes del gobierno confirmaron a Búsqueda que “no son muchos” pero “ya se presentaron recursos de oposición, principalmente en la sección del mineroducto”, por parte de los productores afectados por el proyecto.
Alrededor de 40 integrantes de la Mesa de Productores de Ruta 7, agrupación que nuclea a propietarios de terrenos involucrados en el emprendimiento minero, pidieron la “nulidad” de las notificaciones hechas por la Dinamige “hasta que se complete el acto administrativo”.
En el escrito, al cual accedió Búsqueda, se asegura que de las notificaciones entregadas surgen “gruesos errores”: “Falta la presentación de la acreditación notarial de los superficiarios”, “respecto al pago de los derechos de la presentación de la concesión para explotar se informará una vez que se realice el informe por parte del Departamento de Agrimensura —otro aspecto también pendiente—”, “la Unidad de Evaluación realizó un informe preliminar en el que huelgan comentarios” y que en la notificación la empresa “constituye domicilio en Juncal 1385 p. 14 mientras que en el Registro de Empresas figura con domicilio constituido en Peatonal Sarandí 675 apto. 501”.
