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Lobraus prepara los pasos previos hacia un eventual arbitraje internacional contra el Estado
La empresa logística, cuya concesión en el Puerto de Montevideo fue rescindida este año por el Poder Ejecutivo, podría llegar a reclamar más de US$ 150 millones
Vista interna del depósito de Lobraus, mientras estaba operativo.
La firma logística Lobraus Puerto Libre se prepara para iniciar el procedimiento previo a un litigio internacional contra el Estado, al que le atribuye violar disposiciones del tratado de protección de inversiones entre Uruguay y Estados Unidos, dijeron a Búsqueda fuentes de la empresa.
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Señalaron que un equipo jurídico y económico de Londres ultima los detalles y revisa la cifra de la eventual demanda ante tribunales internacionales, que superaría los US$ 150 millones.
A fines de julio quedó firme la rescisión de la concesión a la empresa logística, un proceso complejo que fue iniciado por resolución de la Administración Nacional de Puertos (ANP) de enero luego de los “graves incumplimientos constatados” y el “vencimiento en exceso” de los plazos otorgados a la empresa para el pago de sus deudas por canon y multas (que superaban los US$ 500.000) y por la falta de las inversiones comprometidas en el contrato de concesión.
Se trató de la primera rescisión unilateral a un concesionario realizada por la ANP. El contrato de concesión de Lobraus tenía una vigencia prevista hasta 2046.
El organismo también tiene en trámite el cobro de la garantía de cumplimiento del contrato por más de US$ 2,2 millones. La resolución de enero explicitaba que la ejecución de la garantía “no impedirá que la ANP recupere el valor total de los daños y perjuicios que hubiese sufrido como consecuencia del incumplimiento por parte del concesionario”.
Mientras se procesaba la rescisión, la firma logística recusó muchas de las decisiones e incluso acudió a la Justicia civil en reclamo de una indemnización por lucro cesante y perjuicios económicos directos. Entonces, Lobraus acusaba a la administración de una conducta “discriminatoria” y la “violación” del tratado bilateral de promoción y protección recíproca de inversiones con Estados Unidos. De hecho, el accionista principal, Renato Ferreira, había solicitado que la embajada de ese país le gestionara una reunión urgente con la titular del Ministerio de Transporte y Obras Públicas, Lucía Etcheverry.
Lobraus es una firma de capitales estadounidenses y brasileños fundada en 1989 en Los Ángeles. Su propietario y CEO presentó a varias administraciones un proyecto de inversión en el Puerto de Montevideo y finalmente inauguró un depósito logístico de 6.000 metros cuadrados que comenzó a operar en 2022 bajo el régimen de puerto libre. La obra logística fue financiada por una emisión de obligaciones negociables.
Originalmente, el proyecto preveía la construcción de una torre de oficinas de 21 pisos donde se instalarían empresas vinculadas al negocio portuario y el comercio exterior. Pero esa obra nunca se concretó.
La empresa, suspendida como operador portuario en diciembre del 2025, entregó a los clientes la mercadería en stock en los meses siguientes y en paralelo realizó una reestructura de personal que finalizó con el despido y el envío al “seguro de paro” de unos 50 trabajadores.
Mientras tanto, la ANP resolvió el jueves 1 autorizar a la División Contencioso-Sumarios a promover las “acciones judiciales” que le permitan la ocupación de la concesión rescindida a Lobraus, y “en caso de ser necesario a solicitar medidas, con el fin de proteger los derechos” del organismo.
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