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    Justicia internacional falla a favor de Uruguay por Aratirí, el mayor reclamo monetario de la historia del país

    El fallo permite al gobierno avanzar en Francia en el cobro de US$ 4 millones adeudados a Uruguay por parte de los demandantes, en línea con lo que estipuló la primera sentencia judicial, del año 2020

    El Tribunal de Apelación de París falló a favor del Estado uruguayo en el mayor reclamo de la historia en su contra, por el monto planteado. Inversores vinculados al proyecto minero Aratirí reclamaban una indemnización de US$ 3.536 millones, lo que fue desestimado en una sentencia del martes 27, a la que accedió Búsqueda.

    Integrantes de la familia Agarwal presentaron la demanda en el año 2017 y reclamaron una indemnización luego de que naufragara el proyecto de explotación de hierro en la zona de Valentines de la empresa Aratirí, subsidiaria de la minera Zamin Ferrous. Los demandantes señalaron al Estado uruguayo como el responsable del “fracaso” del proyecto por “haber puesto en marcha, mediante diversas acciones y omisiones, un proceso progresivo de expropiación ilícita entre 2012 y 2017”, expresa la reciente sentencia. El Estado uruguayo, plantearon, incumplió “obligaciones de trato justo y equitativo de las inversiones protegidas en su territorio” por el convenio entre Uruguay y Reino Unido sobre promoción y protección de las inversiones de capital, vigente desde agosto de 1997.

    La primera resolución judicial de la Corte Permanente de Arbitraje, que tiene sede en La Haya y se rige bajo las normas de la Comisión de la Organización de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional, llegó tres años después de entablada la demanda, en agosto de 2020, y fue favorable a Uruguay: hizo lugar a las objeciones planteadas por la defensa del Estado, desestimó el reclamo y ordenó el pago de US$ 4 millones de los demandantes a Uruguay por las costas del arbitraje.

    Dos meses después, los tres demandantes —Vinita Agarwal, Prenay Agarwal y Ritika Mehta— interpusieron un recurso de anulación contra el laudo arbitral. En febrero de 2023, el Tribunal de Apelación de París contempló su planteo y anuló el fallo de 2020. Frente a esta decisión, Uruguay interpuso un recurso ante la Corte de Casación de Francia, máximo tribunal del orden judicial francés.

    Frustrado proyecto de Aratirí. Foto AFP.
    Frustrado proyecto de Aratirí. Foto AFP.

    En abril de 2025, la Corte de Casación anuló la sentencia de apelación al considerar que el tribunal había excedido los límites de su potestad de revisión. En consecuencia, restableció los efectos del laudo arbitral de 2020 y remitió el asunto para que fuera examinado de nuevo por el Tribunal de Apelación. En esta etapa procesal, las actuales autoridades uruguayas, encabezadas por el prosecretario de Presidencia, Jorge Díaz, reformularon la estrategia y fortalecieron el equipo de defensa del Estado al incorporar estudios especializados en litigios ante la Corte de Casación: Asafo & Co. y Gaillard Banifatemi Shelbaya.

    El 29 de junio de este año se celebró la audiencia de alegatos finales ante el Tribunal de Apelación de París, instancia en la que participaron el director general de Presidencia, Diego Pastorín, y el embajador uruguayo en Francia, Enrique Loedel. Y este martes 27 el tribunal falló a favor de Uruguay: rechazó la solicitud de anulación presentada por los demandantes y mantuvo la vigencia del laudo de 2020, con sus efectos jurídicos, incluido su carácter de cosa juzgada, destacó una fuente del gobierno.

    Los demandantes solicitaron al juez encargado de controlar “la regularidad del laudo” del 2020 que revise el fondo del asunto, lo que “no entra dentro de sus competencias”, concluyó el tribunal.

    Habilita avanzar en cobros

    La sentencia del tribunal permite avanzar en Francia en el cobro de US$ 4.097.149 adeudados a Uruguay en virtud del fallo de 2020. Además, impone a los demandantes el pago de 300.000 euros adicionales por costas judiciales correspondientes al proceso de anulación.

    Este nuevo pronunciamiento constituye un resultado de “enorme” relevancia jurídica y económica para Uruguay, destacó una fuente del gobierno, que recordó que Uruguay viene invicto en materia de arbitrajes internacionales, con una excepción: el gobierno de Luis Lacalle Pou acordó pagarle US$ 30 millones más intereses a Latin American Regional Aviation Holdings, el consorcio propietario de acciones de Pluna, en el marco de un arbitraje internacional.

    En el Poder Ejecutivo consideran que el reciente fallo sobre Aratirí “consolida y fortalece” la posición de Uruguay como país con seguridad jurídica en la medida en que, cada vez que es demandado, gana.