Muñiz retiró la denuncia contra el periodista Gabriel Pereyra

“Esa información falsa e inexacta se repite al final de la nota cuando el denunciado afirma: ‘ASSE es un peligro, incluso para los carroñeros. Atraídos por el olor a muerto que despide la salud pública, si se internan desprevenidamente en el feudo de Muñiz....’”. Feudo es la “propiedad, zona o parcela en las que se ejerce una influencia o un poder exclusivos, generalmente políticos”, proseguía la denuncia.

Durante la audiencia el juez convocó a las partes a alcanzar un acuerdo ya que se trataba de un tema “anecdótico” y les dijo que ellos podrían servir de “ejemplo” en una sociedad “convulsionada”.

“Yo si pudiera no pisaba el Juzgado, la que judicializó el tema fue la doctora Muñiz. Podría haberme llamado por teléfono, yo atiendo a todo el mundo. Ahora que el caso se judicializó, lo que está en juego es la libertad de los periodistas de poder decir estas cosas sin que nos traigan al Juzgado. Si nosotros arregláramos esto aquí y la doctora Muñiz se sigue manejando con el mismo concepto que se manejó para esta denuncia, yo voy a estar acá de nuevo la semana que viene”, dijo Pereyra en la audiencia.

Por su parte, Muñiz sostuvo que su objetivo con la denuncia no era “ni que el periodista ni nadie esté preso”, pero que se sintió “muy ofendida, muy indignada”.

“Yo no puedo andar por la vida y que mis amigas me pregunten si soy una asesina”, dijo la jerarca, según relataron a Búsqueda participantes en la audiencia.

Denuncia ampliada y archivada.

En la audiencia la parte demandante amplió la denuncia incluyendo una serie de tuits del periodista, entre ellos uno en el que Pereyra calificaba de “turra” a Muñiz.

“En un tuit, queriendo decir que la doctora había sido ‘torpe’, puse ‘turra’. Cuando era chico, en mi barrio, se decía que uno era un turro jugando al fútbol. En otro tuit aclaré que no quería indicar ningún tipo de connotaciones sexuales. Quise referir a que era torpe”, dijo Pereyra a la salida de la audiencia.

El periodista también dijo sentir “vergüenza” por la “pérdida de tiempo” que significaba ir al Juzgado a dirimir este tema y señaló que el juez también se los hizo notar durante la audiencia.

En el escrito del acuerdo se señala que no fue la intención del periodista “difamar ni atacar personalmente el honor y el decoro” de Muñiz.

Por su parte, la jerarca dijo que “en ningún momento pretendió cercenar la libertad de expresión o de prensa” y que acudió a la Justicia “como cualquier ciudadano”.

El caso había generado un fuerte rechazo por parte de varias organizaciones que defienden la libertad de prensa.

El Centro de Archivos y Acceso a la Información Pública (Cainfo) expresó su preocupación y rechazo ante la demanda. Señaló en un comunicado que el objetivo era “limitar la libertad de expresión” del periodista.

“Recurrir a la Justicia para realizar demandas de este tipo, es una de las formas de hostigamiento más comunes hacia los periodistas para intentar de esta manera amedrentar su trabajo. Recordamos además que las demandas a periodistas generan un efecto de amenaza y amedrentamiento contra todo el colectivo de periodistas, por lo cual tienen un efecto de disminución del flujo informativo respecto a los temas de interés público”, añadió Cainfo en su comunicado.

Amenazas.

Ese mismo miércoles, la petrolera estatal Ancap emitió un comunicado sobre una nota publicada por El Observador titulada: “ANCAP ganó US$ 100 millones a junio por evitar baja de tarifas”.

En el artículo se adelantó información sobre los balances del ente citando fuentes oficiales.

Sin embargo, la nota no gustó a las autoridades de Ancap, que resolvieron emitir un comunicado en el que señalan que “la información financiera forma parte de los insumos que se utilizan para otorgar créditos a las empresas y la divulgación irresponsable de datos puede ocasionar daños”.

“ANCAP se reserva los derechos de adoptar las acciones legales que correspondan”, concluyen.