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“Estamos discutiendo una ley de medios como si fuera una cosa bárbara y en cinco años será un esperpento para que quede de recuerdo en la biblioteca, porque la verdadera ley de medios va a ser el cable enterrado y la gente va a mirar lo que se le antoje de cualquier parte del mundo, porque se masifica”, dijo el viernes 29 el presidente José Mujica a la prensa durante una recorrida por Fray Bentos.
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Esa frase y la que declaró años atrás cuando dijo que tiraría “a la basura” una ley de medios son dos opiniones del mandatario que la oposición tiene previsto invocar el martes 10, cuando la Cámara de Diputados vote el proyecto de Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual y le dé media sanción.
El diputado blanco Álvaro Delgado leerá en la sesión el informe en minoría, a cuyo borrador accedió Búsqueda, y tiene previsto decir que viola la libertad de expresión y de empresa, la Constitución y tratados internacionales, además de la libre competencia.
Según el texto que preparó para esa ocasión, Delgado piensa que “por definición” se trata de “una ley restrictiva de libertades”.
El legislador considera que “es inoportuna porque el país se encontró en un proceso de concesiones de licencias para explotar frecuencias de TV Digital” y el proyecto cambia las “exigencias y normativa” al respecto. Además “es inoportuna por el momento político del país”, que “está entrando en un proceso electoral”.
Sostiene también que “es desbalanceada porque coloca al Poder Ejecutivo en una condición de supremacía discrecional frente a los concesionarios, dejando a éstos casi al desnudo de las garantías que por derecho les corresponden”.
“Se pretende aprobar una cantidad de artículos que traen aparejada la censura, lo que todo en su conjunto implica un potencial armamento contra la libertad de expresión”, dice.
El diputado considera además que es “un proyecto anacrónico en sí mismo” porque “las comunicaciones cada vez más se efectúan por canales que quedan fuera del excesivo contralor” que propone el proyecto.
Delgado opina que el proyecto “tiene el serio riesgo de ser declarado inconstitucional, de llegar a aprobarse”, ya que varios especialistas advirtieron de errores jurídicos.
“Impone contenidos, determinados tipos de programación, horarios, exigencias de producción nacional, diversidad de productoras, exigencias en cuanto a tipo y contenido de publicidad”, critica.
Delgado opina que “el Estado termina (...) siendo juez y parte en el todo, pues, además de controlarse a sí mismo, marcará qué cosa los ciudadanos pueden ver y qué no”.
El proyecto, agrega, “limita la libre competencia, llegando incluso a caer en violaciones a tratados internacionales”.
“No solo este proyecto viola la libertad de expresión, sino que viola la libertad de empresa y comercio, la igualdad y equidad necesaria que debe existir ante las mismas prestaciones y marca un desincentivo a la promoción y evolución del mercado de Servicios de Comunicación Audiovisual que pretende regular”, sostiene.
