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Organización en defensa de periodistas está preocupada ante las penas de prisión por difamación que existen en América Latina
El relator para la Libertad de Expresión de la OEA, Edison Lanza, pidió que Uruguay despenalice “la difamación y la injuria en casos de interés público” porque basta con el derecho a respuesta o una sanción civil
imagen de Organización en defensa de periodistas está preocupada ante las penas de prisión por difamación que existen en América Latina
Los legisladores uruguayos dieron en los últimos años la señal de pretender construir un escenario donde la difamación y las injurias no terminen con periodistas en prisión. No porque haya reporteros encarcelados, sino porque la figura legal aún existe. Sin embargo, hasta el momento esa posibilidad no ha pasado de las buenas intenciones y por eso Uruguay está ubicado en un rango intermedio al respecto, según un relevamiento del Centro Knight para el Periodismo en las Américas divulgado en diciembre.
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El organismo analizó las penas por difamación que existen en las Américas e identificó tres tipos de realidades. En la situación más compleja están Cuba, Venezuela, Ecuador y Brasil, donde los actos de difamación son propensos a un enjuiciamiento penal. En otros 14 países de América Latina (entre ellos Uruguay), la situación es mejor pero los esfuerzos parciales de despenalización aún están en curso. Y en el lugar ideal se encuentran México, Argentina y El Salvador, donde la difamación está totalmente despenalizada.
El estudio realizado por Carolina Peredo y Teresa Mioli se basó además en documentos de la Organización de Estados Americanos (OEA), la IFEX, Unesco, el Comité para la Protección de Periodistas, Freedom House y artículos de medios locales.
Este tema preocupa a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. El relator para la Libertad de Expresión de la Organización de Estados Americanos (OEA), Edison Lanza, dijo a Búsqueda que se siguen registrando en la región denuncias penales presentadas por funcionarios gubernamentales por la publicación de opiniones o informaciones relacionadas con temas de interés público. En su mayoría fueron desestimadas, pero hubo procesos que terminaron en condena.
En Ecuador la existencia de penas de prisión llevó a que el periodista y activista Fernando Villavicencio fuera encarcelado por 18 meses bajo los cargos de difamar al presidente Rafael Correa. Las acusaciones se dieron tras los reportajes publicados en el sitio digital “Plan V”, donde Villavicencio denunció presuntos actos de corrupción cometidos por el gobierno en la industria petrolera.
En Cuba ocurrió algo similar con el ex periodista del diario oficial “Granma”, José Antonio Torres, quien fue condenado a 14 años de prisión por espionaje tras la divulgación de artículos sobre la mala gestión en una proyecto de fibra óptica entre Cuba y Venezuela en 2011.
“Sin duda, las condenas producidas en algunos países durante 2014, o el simple hecho de someter a los periodistas a largos procesos penales, aunque terminen en absolución, generan un efecto silenciador e inhibidor en el resto de los comunicadores”, afirmó Lanza.
Recurso innecesario.
El informe coloca a Uruguay en un rango intermedio, ya que “la difamación sigue siendo penalizada” con castigos de hasta tres años de prisión y/o el pago de daños monetarios.
Como ejemplo, la organización mencionó el caso del semanario “El Eco”, de Carmelo, donde su codirector fue demandado por un funcionario municipal. A la vez, se refirió a la orden que un juez de Paz envió a una periodista radial en el departamento de Durazno para que no aceptara quejas sobre el servicio de salud bucal, la Policía o los tribunales, porque “estaría cometiendo el delito de difamación”.
Según Lanza, “Uruguay debería aprovechar la actual discusión del Código Penal para despenalizar totalmente la difamación y la injuria en casos de interés público” porque “el recurso penal no es necesario ni idóneo para proteger el honor de personas públicas”.
“En una democracia robusta, el derecho a respuesta o la posible sanción civil, siempre que sea proporcional, es bastante para resolver el conflicto entre la libertad de expresión y el honor en casos de interés público”, afirmó.
