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Uno de los temas más apasionantes y complejos en el ejercicio del periodismo profesional es el del manejo de fuentes de información innominadas. El anonimato que le garantiza el periodista a su fuente a cambio de información comprometedora suele ser motivo de fuertes debates en ámbitos académicos y profesionales sobre los alcances y virtudes de esta herramienta.
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Los códigos de ética que guían el comportamiento profesional en los principales medios del mundo tienen criterios claros para determinar el empleo de fuentes anónimas. Se recomienda que se usen lo menos posible y en algunos casos se puede llegar a descartar una información si la fuente no acepta ser identificada.
En los casos en los que se acepta el testimonio de una fuente inominada se concluye que eso significa que el periodista y el medio mantendrán el compromiso asumido: no revelar la identidad del informante aun ante presiones del gobierno, o legales.
“Esto significa que el periodista asume que puede ir a la cárcel por mantener el compromiso asumido preservando la identidad de la fuente. Hay muchos reporteros que no miden esto”, dijo a Búsqueda Al Tompkins, profesor e investigador del centro de periodismo Poynter en Estados Unidos.
¿Hasta qué punto esta dispuesto el periodista a llegar con tal de mantener su palabra? Esa interrogante se pone en cuestión a la hora de utilizar la fuente anónima, aunque en los países latinoamericanos los conceptos sean más laxos y se use con más asiduidad.
En ocasiones las fuentes anónimas han dado lugar a grandes “fraudes”: noticias creadas en base a “fuentes” que nunca existieron.
Una “batalla”.
A pesar de este debate los gobiernos en general aceptan el “secreto profesional” que reconoce a los periodistas mantener la reserva sobre sus fuentes.
En diciembre del 2002 un tribunal de las Naciones Unidas encargado de juzgar crímenes de guerra en la ex Yugoslavia determinó que Jonathan Randal, periodista del diario estadounidense “The Washington Post”, no podía ser obligado a proveer testimonio en el caso de un oficial bosnio acusado de llevar adelante una masacre racial.
“Si los corresponsales de guerra son percibidos como potenciales testigos de juicios —entendió el Tribunal— su posición podría virar drásticamente: de ser observadores de aquellos que cometen crímenes de lesa humanidad a ser sus objetivos”.
“Como resultado de esa sentencia, los corresponsales de guerra disfrutan de cierta inmunidad contra el testimonio compulsivo a nivel internacional. Pero este no es necesariamente el caso de Estados Unidos”. Así comienza un informe del Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ) sobre el caso de Ed Moloney, un célebre periodista irlandés, que está enfrentando un juicio en Estados Unidos para que revele sus fuentes.
Moloney, ganador de varias distinciones internacionales, lleva cubriendo el conflicto de Irlanda del Norte desde 1979.
Junto con el investigador Anthony McInytre grabaron un documental titulado “El proyecto Belfast” que fuera depositado en el colegio de Boston en un archivo sellado, como se acordó en los términos del proyecto, hasta que los participantes garantizaran su emisión o murieran.
Entre las muchas entrevistas hay algunas de los años 90 a Brendan Hughes y Dolours Price, miembros del Ejercito Republicano Irlandes (IRA por su sigla en inglés). El primero falleció pero Price sigue viva. Partes no confidenciales de esas entrevistas fueron usadas por Moloney para un libro.
Ahora, el gobierno británico está intentando acceder a esos testimonios en el marco de la investigación de la muerte de Jean McConville en 1972. El IRA reconoció en su momento su asesinato por sospechar que la mujer era una informante de los servicios de seguridad británicos. El reclamo de Londres determinó que el periodista, residente de Estados Unidos, iniciara una “batalla” para mantener sus fuentes a resguardo.
El caso generó una fuerte polémica en Gran Bretaña, donde los críticos de esta investigación amenazan con que, de seguir adelante, este proceso pondría en riesgo el tratado de paz de 1988 que puso fin a décadas de lucha del IRA en Irlanda del Norte.
Las autoridades de Estados Unidos están colaborando con sus pares británicos y exhortaron judicialmente al colegio a que entregue los materiales.
Dos instancias judiciales en diciembre y enero ya sentenciaron que el colegio tiene que entregar los materiales.
El colegio apeló la decisión mientras que Moloney y McIntyre iniciaron su propia acción legal solicitando se les permita intervenir en el caso para defender con cabalidad la confidencialidad de esos documentos.
Repercusiones
El CPJ analiza el caso y señala que las derivaciones del caso son “inciertas” y que afectaría a todos los periodistas en Estados Unidos. “Periodistas basados en Estados Unidos tienen que entender que pueden llegar a ser obligados a revelar fuentes en el marco de una investigación internacional y de serlo, su habilidad para protegerlas es incierto”.
Para la directora ejecutiva del Comité de Periodistas para la Libertad de Expresión, Lucy Dalglish, “a las autoridades en Estados Unidos no parece interesarles ni un poco si los periodistas son capaces de hacer su trabajo en cualquier parte del mundo. Triste pero cierto”.
En segundo lugar Daglish sostiene que “si un periodista está dispuesto a ir a la cárcel para proteger a una fuente la única forma de mantener ese compromiso es reteniendo consigo el material en cuestión. Una vez que queda en las manos de otro individuo o institución, las dificultades para mantener la palabra son mayores”.
“Pero mientras los temas legales en el caso Moloney pueden ser complejos, el principio no lo es. Los periodistas cubriendo conflictos deben ser capaces de proteger sus fuentes confidenciales en función de ser capaces de realizar su trabajo con un mínimo de seguridad”, sentencia el informe.
