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Mientras en el Parlamento los diputados aprueban el nuevo marco legal con mayores restricciones para que las empresas mineras desarrollen su actividad en Uruguay, el presidente de Zamin Ferrous, Pramod Agarwal, y el gerente general del proyecto Aratirí, Fernando Puntigliano, encontraron un motivo para sentirse contentos.
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Según informaron fuentes oficiales a Búsqueda, el Ministerio de Industria, Energía y Minería (MIEM) “analizó” el esquema de financiamiento del proyecto presentado semanas atrás por Aratirí y lo “evaluó positivamente”.
La documentación “es razonable” y “sólida”, pero todavía el gobierno y la empresa están en un “intercambio y profundización de los datos”, indicó una de las fuentes.
La inversión pronosticada por Aratirí para extraer hierro de la zona de Valentines es de U$S 3.000 millones —prevista como la mayor inversión privada de la historia del país—, compuesta por un 30% de capital propio de la empresa y un 70% de financiamientos.
Búsqueda informó el 7 de marzo que “bancos asiáticos —Banco de Desarrollo chino y el banco indio ILFS— y empresas que quieren explotar o asociarse, también de Asia”, conforman el 70% del financiamiento.
“Son documentos sujetos a que pase tal o cual cosa. Algunos son sin plazos, otros son cartas de intención y otros acuerdos con plazos de que como máximo en un año estén las condiciones para explotar”, sostuvo una fuente consultada (Búsqueda Nº 1.704).
“Más información”.
Con bombos y platillos la empresa india Zamin Ferrous dio a conocer en los primeros días del año la compra al grupo Anglo American de una mina de hierro en Amapá (Brasil) con “recursos por 271 millones de toneladas” y con “potencial para una expansión mayor”.
En la documentación presentada, Aratirí afirma que cuenta con un tercio de la inversión, unos U$S 1.000 millones, “a partir de flujos de otros proyectos, como los que tiene en Brasil”.
Cerca U$S 800 millones provienen de la venta hecha en 2009 a ENRC —una de las mineras más grandes del mundo— del 50% que tenía Zamin Ferrous en el proyecto Mineraçao Bahía en Brasil. El resto del capital se genera mediante los proyectos Susa, Greystone y el recientemente adquirido en Amapá.
Sobre este proyecto el gobierno está “pidiendo más información” para saber “cómo son los flujos” de dinero que se manejan, porque en el caso de la venta de Mineraçao Bahía “el compromiso de pagos que existe da garantías”.
En el caso de los demás proyectos, aún no han comenzado la explotación pero tienen una producción estimada de entre cinco y ocho millones de toneladas de hierro por año cada uno.
El contrato.
Fuentes vinculadas a la negociación indicaron a Búsqueda que a partir de la sanción del proyecto de ley de minería de gran porte en la Cámara de Diputados, el equipo de gobierno —integrado por el ministro de Industria, Energía y Minería, Roberto Kreimerman, el asesor presidencial y presidente de la Comisión Interministerial del Puerto de Aguas Profundas, Pedro Buonomo, y el subsecretario de Economía y Finanzas, Luis Porto— y las autoridades de la empresa Aratirí comenzarán a reunirse para ir “discutiendo las condiciones para la firma del contrato”.
Si bien aún resta la sanción en la Cámara de Senadores, para las partes involucradas “las condiciones centrales” que establece la nueva normativa ya están definidas.
Sin embargo, días atrás el gerente general de la empresa, Fernando Puntigliano, advirtió que si se aprueba la nueva ley se “desalentará la inversión”, porque “el que descubre tendrá que negociar las condiciones con el Estado”. Además, “para emprendimientos que en cualquier país serían de un tamaño medio, los impuestos podrán ser varias veces mayores a los vigentes actualmente” (Búsqueda Nº 1.707).
