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Punta Cana. (República Dominicana). La retórica “antiprensa” empleada en las últimas semanas por las principales figuras del gobierno y, especialmente, por la dirección nacional del gobernante Frente Amplio, fue motivo de preocupación en la Reunión de Medio Año de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP).
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El informe sobre Uruguay —habitualmente breve debido a los escasos problemas que vive el país desde hace años en materia de libertad de expresión— fue esta vez un poco más extenso.
El vicepresidente regional para Uruguay de la SIP y director del diario “El País”, Washington Beltrán, leyó ante la asamblea un informe que primero causó sorpresa entre el auditorio y luego fue aprobado por unanimidad de los 280 directores y editores de medios de las Américas presentes.
Beltrán dijo que “en una declaración sin precedentes en la historia política del país en tiempos de democracia, el gobernante partido Frente Amplio acusó al periodismo de haber montado una campaña destinada a ‘menoscabar la imagen y credibilidad de integrantes del gobierno como así también debilitar la institucionalidad democrática del país’”.
Beltrán recordó que ese pronunciamiento “se produjo luego de que el diario ‘El Observador’ publicó, con datos obtenidos en Cuba, que el vicepresidente de la República, Raúl Sendic, carecía del título de ‘Licenciado’ que figuraba en todos los documentos oficiales que invocaba en sus presentaciones públicas desde hace tres décadas”.
Según el informe, “el mismo día en que el oficialista Frente Amplio atacó al periodismo, el vicepresidente, lejos de pedir disculpas por haber mentido durante 30 años, calificó a los periodistas de ‘prensa chatarra’”.
“Pocos días después, el presidente Tabaré Vázquez, que muy en voz baja parecía haber puesto distancia respecto a la declaración de su partido contra el periodismo por ‘debilitar la institucionalidad democrática del país’, decidió cargar también contra la prensa”, dice el informe sobre Uruguay.
Beltrán recordó que el presidente señaló que “a veces hay que buscar equilibrar la información que recibe la población”, porque consideró que “en algunos medios hay un aumento de una manera de manejar la información que es remarcar y magnificar lo que no sale bien o es conflictivo y minimizar los aspectos positivos”.
Vázquez avanzó en la idea y abrió el paraguas: “Lo que voy a decir va a despertar un escandalete pero debo decirlo. Sí, estos medios se han convertido en un partido de oposición”. El presidente agregó que su gobierno tiene “el derecho y la obligación de informar a la población” y anunció que hará un mayor uso de la cadena nacional de radio y televisión, algo que ya comenzó a ponerse en práctica.
Beltrán recordó que “un par de días después de las declaraciones de Vázquez, fue el turno de la ministra de Educación y Cultura, María Julia Muñoz, quien consideró ‘que cuestionar figuras que todos votamos es en cierto modo cuestionar la democracia’”.
Además, el informe recordó las palabras dichas por el vicepresidente Sendic el 5 de enero en México, cuando, durante un foro de partidos de izquierda, opinó que la prensa en Uruguay “y en el sur de América” es un “poder fáctico” que muchas veces “marca la agenda” de los gobiernos “progresistas”.
El reporte sobre Uruguay recordó el primer fallo emitido por la Suprema Corte de Justicia el 5 de abril sobre la “ley de medios”. Beltrán dijo que la sentencia “fue precedida de una larga y rotunda defensa de la libertad de expresión, donde se incluyen y se comparten los conceptos que efectuara oportunamente la Corte Interamericana: ‘es un valor que, si se pierde, pone en peligro la vigencia de los principios esenciales para la existencia de una sociedad democrática’”.
La Corte halló inconstitucionalidades en cuatro artículos de la ley: uno que regula los eventos de interés general y que, por ejemplo, obligaría a la emisión abierta de los partidos de la selección uruguaya de fútbol; uno que refiere a la regulación de los contenidos; uno que limita la cantidad de suscriptores que pueden tener las operadores de televisión por cable; y un cuarto que habilitaba la suspensión de los medios si hubiera obstáculos en inspecciones del Poder Ejecutivo. Después de la asamblea, la Corte declaró inconstitucional un quinto artículo sobre publicidad electoral.
Restan aún los fallos de la Corte sobre otras 20 acciones de inconstitucionalidad promovidas por canales de televisión, radios y operadores de televisión por cable.
La SIP también analizó el episodio de censura de que fue víctima Canal 4 en ocasión de la inauguración del nuevo estadio del Club Atlético Peñarol.
