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Ocho de cada 10 parlamentarias fue víctima de violencia de género durante la última campaña electoral
De acuerdo a una encuesta realizada por ONU Mujeres, la mitad de las candidatas electas vivió situaciones de violencia dentro de sus partidos políticos; las agresiones más frecuentes incluyeron abuso verbal, intimidación y cuestionamientos a su legitimidad como actores políticos, y casi un tercio dijo haber sufrido violencia sexual
Maria Inés Obaldía y Carolina Cosse en la Avenida 8 de Octubre en Montevideo, durante la campaña electoral.
Uruguay, frecuentemente elogiado como un faro de estabilidad democrática y solidez institucional en la región, esconde una realidad alarmante bajo la superficie de sus procesos electorales: en las últimas elecciones nacionales, cuatro de cada cinco parlamentarias (81%) dijeron haber sufrido violencia durante la campaña electoral. Además, la mitad de las candidatas electas vivió situaciones de violencia dentro de sus propios partidos políticos.
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Estos hallazgos, que surgen del estudio Ser candidata en las elecciones uruguayas 2024. Violencia contra las mujeres en política, elaborado por ONU Mujeres y presentado este martes 17 en la residencia británica, demuestran que la violencia política no es un fenómeno aislado, sino “un rasgo estructural de la experiencia electoral de las mujeres políticas en Uruguay”, concluyen las autoras.
La investigación encuestó a candidatas que fueron electas como titulares o suplentes al Parlamento en las elecciones de octubre de 2024 —de un total de 181, contestaron 128—, con el objetivo de recoger evidencia sobre las experiencias de las candidatas respecto de la violencia basada en género durante el proceso electoral.
El trabajo, coordinado por Magdalena Furtado, directora de programas de ONU Mujeres Uruguay, y elaborado por las politólogas Niki Johnson y Verónica Pérez-Bentancur, encontró que la violencia psicológica fue la agresión más frecuente (81% de las mujeres encuestadas la mencionaron). Esta incluyó abuso verbal, cuestionamientos a su legitimidad como actores políticos, intimidación y ataques a su competencia para la tarea política. La violencia sexual —acoso sexual y comentarios o amenazas con connotación sexual— también fue reportada por un número significativo de candidatas (29%). En tanto, la violencia económica y la física fueron menos frecuentes (6% y 3%, respectivamente).
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Un análisis de los factores de riesgo mostró que la exposición a la violencia “aumenta con la visibilidad y prominencia política” de las mujeres. La investigación reveló que los niveles más altos de violencia fueron experimentados por las candidatas al Senado (87%), las candidatas titulares (91%) y las que ocupan puestos de liderazgo en sus partidos (93%). En cambio, en el caso de las candidatas a la Cámara de Diputados y las candidatas suplentes, que suelen tener menos visibilidad, el 80% reportó haber sido víctima de violencia.
“Un mayor poder, visibilidad e influencia dentro de las estructuras partidarias se correlaciona con una mayor exposición a la violencia”, concluyó el estudio. “Una explicación plausible es que, en un país donde el liderazgo político aún está fuertemente dominado por varones, el liderazgo femenino altera las jerarquías de género, generando resistencia de actores internos y externos”, analizó.
La encuesta también indagó si las candidatas promovieron los derechos de las mujeres o de grupos minoritarios como parte de sus campañas electorales, para evaluar si esto acrecentó la violencia en su contra. Efectivamente, quienes sí lo hicieron fueron más propensas a experimentar violencia (82%), “lo que refleja el clima reciente de reacción política contra las agendas feministas y de igualdad de género en Uruguay”, plantearon las autoras.
Por otra parte, el estudio halló una prevalencia “extremadamente alta de violencia” contra las políticas solteras: el 90% informó haber experimentado al menos un incidente de violencia, sustancialmente más que las candidatas casadas, en pareja o divorciadas.
Mujeres víctimas de violencia doméstica reducen su exposición y muy rara vez denuncian los hechos
La violencia contra las candidatas al Parlamento se produjo en múltiples contextos electorales. La mayoría (60%) sufrió violencia durante actividades de campaña presenciales, como actos, encuentros con votantes o actividades puerta a puerta. Los principales autores fueron integrantes del público en general, seguidos por miembros de otros partidos políticos y luego integrantes de su propio partido. Las formas de violencia más frecuentes fueron el “abuso verbal o insultos por promover los derechos de las mujeres o de minorías”, “comentarios o sugerencias de carácter sexual” y “comentarios sobre su apariencia en vez de sus propuestas electorales”.
Y si bien el día de las elecciones “fue comparativamente menos violento” (el 13% de las mujeres electas sufrieron violencia), esto podría reflejar la solidez de las instituciones electorales uruguayas, “más que la ausencia de hostilidad hacia las mujeres en campaña electoral”, consideró el estudio.
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La investigación encontró que la interacción con los medios fue un ámbito “particularmente riesgoso” para las mujeres políticas. El 40% de las encuestadas dijo haber enfrentado “enfoques sexistas, trivialización y ataques a su reputación, lo que limitó su capacidad para transmitir mensajes políticos y socavó su credibilidad pública”. El 34% de las encuestadas dijo que el periodista o moderador “le interrumpió o habló por encima de ella” y un 18% afirmó que se “le concedió menos tiempo de palabra que a los hombres”.
La violencia en línea fue la más generalizada: el 63% de las encuestadas dijo haber sido víctima. Los ataques cuestionaron su competencia (55%) o las acusaron de beneficiarse injustamente de las leyes de cuotas (31%). Así, el estudio señala que si bien las amenazas explícitas son menos comunes, la violencia digital refleja “el potencial de escalada y daños graves que puede generar este tipo de violencia”.
Por otro lado, aunque la mayoría de las mujeres (83% de las electas) reportaron altos niveles de apoyo de sus partidos a su candidatura, también dijeron sufrir violencia dentro de sus propios partidos políticos. Particularmente en forma de ocultamiento de información (37%) y menoscabo por parte de líderes o colegas —con mayor frecuencia hombres— de su capacidad como mujer para estar en política (22%). En la gran mayoría de los casos se trató de violencia psicológica; solo se reportó un caso de agresión física y ningún caso de agresión sexual.
En contraste, solo en un pequeño número de casos (10%) las candidatas reportaron haber sufrido violencia de parte de familiares debido a su rol como candidatas. “La presión para desistir de su candidatura y las amenazas de divorcio o de separarles a sus hijos representaron las formas de violencia más frecuentes” (14 de las 17 menciones de violencia reportadas para este contexto), detalla el estudio.
El informe también documentó el impacto personal y político de la violencia en las candidatas. Algunas adoptaron “estrategias de autoprotección”, como limitar su exposición pública o reducir el uso de redes sociales. Otras denunciaron abiertamente o buscaron apoyo en redes de confianza. Sin embargo, rara vez usaron mecanismos formales de denuncia: solo 12 mujeres dijeron que presentaron una denuncia, de las cuales la mayoría (75%) lo hizo ante la Policía o en Fiscalía, y solo una pequeña fracción (17%) ante las autoridades de su partido. Ninguna presentó una denuncia ante los organismos electorales.
Los hallazgos demuestran que “existe un problema importante de cultura política viciada” y que “la naturalización de conductas violentas no solo refuerza las barreras sistémicas a la participación paritaria de las mujeres en la política, sino que debilita los principios básicos de la propia democracia”, escribieron las autoras.
El estudio realizó una serie de recomendaciones para fortalecer los mecanismos de prevención, monitoreo y respuesta, que incluyen desde mejorar la recopilación de datos y la coordinación institucional, desarrollar procedimientos claros de queja y rendición de cuentas y promover la adopción de protocolos y medidas de prevención en los partidos políticos, hasta abordar la violencia en línea y avanzar en reformas legales y políticas alineadas con los estándares regionales e internacionales.
