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Durante la reunión de medio año de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) celebrada entre el viernes 6 y el lunes 9 en Panamá, el informe que se aprobó sobre Uruguay reflejó la inquietud de los asambleístas por la reciente aprobación de la ley que regula los servicios de comunicación audiovisual (conocida como “ley de medios”).
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El informe, leído ante el pleno por el vicepresidente regional para Uruguay de la Comisión de Libertad de Prensa e Información, Washington Beltrán (director de “El País”), dice que “tras un contundente resultado electoral que le aseguró no sólo la Presidencia de la República sino la mayoría absoluta en el Parlamento, el gobierno de inmediato aceleró el proceso de sanción” de esa ley “y en poco más de 20 días después del balotaje final, aprobó en ambas cámaras el proyecto”.
“La iniciativa no está dirigida a establecer normas sobre la prensa”, dice el documento, aunque tiene disposiciones que tienen la potencialidad de “afectar la libertad de expresión”, además de consagrar “el monopolio del Estado de los servicios de Internet, a través de su empresa de comunicaciones Antel”, el cual “será el único operador habilitado para prestar banda ancha fija y servicios de comunicación audiovisual al mismo tiempo”.
La asamblea de la SIP recordó que “más allá de que para el gobierno es una ley garantista, (...) para la oposición es una fuerte violación a la libertad de expresión y se va por ‘el camino bolivariano’”.
Añadió que las sanciones previstas en la ley para aquellos que no cumplan con sus parámetros “pueden llegar a través del Consejo de Comunicación Audiovisual (organismo político), la Unidad Reguladora de los Servicios de Comunicación (Ursec, organismo político), el Poder Ejecutivo o el Poder Judicial”.
“La experiencia establece que cada vez que los gobiernos reglamentan un derecho inherente a la persona humana (en este caso el derecho a la libre expresión) es para limitarlo”, dijo.
El informe estableció que “la enunciación de los bienes protegidos da una idea de los problemas a la hora de la aplicación de la ley: promoción de la diversidad, no a la discriminación u ‘ofrecer en sus emisiones una imagen respetuosa e inclusiva de todas las personas en su diversidad, en tanto manifestación enriquecedora de la sociedad’. Y agrega: (los medios afectados) ‘no podrán realizar ninguna forma de discriminación hacia las personas por motivos de género, raza, etnia, orientación sexual, edad, discapacidad, identidad cultural, estado civil, lugar de nacimiento, credo, ideología, filiación política o condición socio-económica, impidiendo la difusión de contenidos que signifiquen o promuevan dicha práctica”.
“En materia publicitaria también existe una serie de exigencias y prohibiciones y sobre los contenidos de las transmisiones hay determinadas exigencias, como la del 60 o el 30% de producción nacional según se trate de televisión o radio, que puede generar problemas más graves, aun para los pequeños medios del interior del país”, agregó.
Cronología.
El informe también destacó una cronología de incidentes y comentarios relacionados con la libertad de expresión en el país. Así, dijo que el 7 de noviembre, el entonces candidato presidencial Tabaré Vázquez, que había reunido el 48% de los votos en la primera vuelta del 30 de octubre, consideró que la “ley de medios” era impostergable, aunque reclamó para su futura administración la tarea de reglamentarla.
El 20 de noviembre, Monte Carlo Canal 4, uno de los tres canales más importantes de TV abierta en el país, denunció que la empresa Tenfield, dueña de los derechos del fútbol uruguayo, había exigido el despido del periodista Mario Bardanca, crítico de los propietarios de esa empresa, como una de las condiciones para facilitarle los goles del campeonato uruguayo. Desde Tenfield se negó esa exigencia.
El 6 de febrero, las empresas de radio y televisión asociadas en Andebu (Asociación de Broadcasters del Uruguay) pidieron un informe jurídico al abogado Martín Risso sobre la “ley de medios”, en el que anunciaron que se basarán eventuales recursos de inconstitucionalidad.
A mediados de febrero, el Instituto del Niño y el Adolescente del Uruguay (INAU) sancionó pecuniariamente al periódico “El Municipio” de la ciudad de Carmelo (Colonia), a 250 km al oeste de Montevideo. La sanción fue por una nota que, según el INAU, identificó a menores en situación de vulnerabilidad.
El 18 de febrero, una jueza incautó los equipamientos informáticos utilizados por el semanario “El Eco” de Nueva Palmira (Colonia). La denuncia persiguió el pago de una indemnización por el uso de software sin licencia y es objeto de un proceso de conciliación judicial que se encontraba en marcha en el momento de la medida.
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