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Protestas que cuestionan “modelos de desarrollo” pueden paralizar proyectos; “es mucho más barato invertir en diálogo que en conflicto”
En Chile hay 97 conflictos ambientales y proyectos millonarios detenidos; “el mundo empresarial está consciente de que se han cometido errores tremendos”, opina el consultor Álvaro Riffo
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Cisnes de cuello negro cayeron muertos desde el cielo por las emisiones de una planta de celulosa de la multinacional Arauco, condenada luego por la Justicia. Cerdos muertos yacían en fosas de una fábrica procesadora de productos porcinos de la empresa Agrosuper, que emanaba mal olor y fue cerrada. Unos 1.200 peces y aves murieron en el humedal de Batuco por la contaminación de una planta de tratamiento de aguas servidas. El megaproyecto hidroeléctrico HidroAysén, que prevé instalar cinco plantas, ya enfrenta la resistencia de la comunidad, que promete una larga pelea.
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Chile cuenta por decenas los conflictos socioambientales que se produjeron como consecuencia de la actividad de grandes proyectos industriales. El sitio web del Instituto Nacional de Derechos Humanos de ese país tiene un mapa y un listado de conflictos ambientales: hay 97 en todo el país, de los cuales solo siete están clasificados como “cerrados”.
En Uruguay no ocurrieron tantos conflictos desde que el aumento de la inversión extranjera impulsó la aparición de proyectos de gran envergadura, pero ya hubo protestas por la instalación de plantas de celulosa y ahora hay ciudadanos que manifiestan en contra de emprendimientos como el de la minera Aratirí y la planta regasificadora estatal de Gas Sayago.
“Siempre hay una primera vez”, dijo a Búsqueda el sociólogo chileno Álvaro Riffo, experto en conflictos ambientales que trabaja asesorando empresas en su vínculo con las comunidades. Gerente general de Territorios Consultores, Riffo asesoró proyectos mineros y energéticos de empresas como Endesa y Teck. Sostiene que en 2011 fue la primera gran marcha ambientalista en Chile y hoy hay proyectos parados por unos U$S 50.000 millones.
Riffo reconoció que las empresas privadas han “cometido errores tremendos” y que deben dialogar con las comunidades a las que afectan sus proyectos. Afirmó que “es mucho más barato” para una compañía “invertir en diálogo que invertir en conflicto” y advirtió que si los procesos de licencia social “son forzados, con poca comunicación, se pueden poner en cuestión los modelos de desarrollo”.
—¿Qué es la licencia social de un proyecto, dado que no existe como concepto legal?
—Es ni más ni menos que la aceptación social de un proyecto, y eso no se hace ni por decreto, ni por la fuerza pública. Por lo menos en las democracias, se hace dialogando, explicando, transparentando. Mientras más grandes son los proyectos, más abierta debería ser su gestión. Y no siempre el diálogo va a resultar positivo para el interés privado. Lo que subyace detrás es la validación del modelo. Si estos procesos son forzados, con poca comunicación, se pueden poner en cuestión los modelos de desarrollo, y yo no sé si a alguien le interesa que esté en cuestión el modelo de desarrollo.
—¿Cómo se pone en cuestión un modelo de desarrollo a partir de un caso particular?
—Con un conflicto mal llevado. Hoy con las redes sociales y los medios se difunde un modelo diferente de enfrentar esto y puede generalizarse tu conflicto y el cuestionamiento al modelo. En Chile hay proyectos que están localizados a dos mil kilómetros de la capital y que se transformaron en cuestiones nacionales. Si la gente no es escuchada y se siente afectada o amenazada, sean razones válidas o no, es una obligación de quienes impulsan las iniciativas ir a dialogar, a informar, a escuchar. Eso le da sustentabilidad a estos procesos.
—¿Ese diálogo puede admitir la posibilidad de que un proyecto no se instale?
—Hay que encontrar un camino intermedio. Hay derechos que tienen las personas pero también hay derechos que tienen las iniciativas empresariales. Los dos pueden colisionar. Para evitar ese proceso se pueden acordar mitigaciones, compensaciones o acciones voluntarias de la empresa. Es mucho más barato, si lo vemos monetariamente, invertir en diálogo que invertir en conflicto. En el fondo la gente quiere que la respeten, esa es la puerta de entrada.
—Los vecinos que se verán afectados por la planta regasificadora cuestionan que se les agregue un problema a otros como la pobreza y la desigualdad.
—Es bastante frecuente que los proyectos por algún motivo siempre son localizados en lugares donde hay pobres. Es una curiosa coincidencia. Pero yo no creo que el Estado no tenga condiciones para explicarlo, quizá está fallando en eso.
—A veces la gente dice que la consultan para cumplir, cuando ya está todo decidido. ¿El diálogo social debería tener más peso antes de decidir?
—Completamente, así das un valor a la institucionalidad. Estos son procesos nuevos. En Chile los proyectos son cada vez más grandes y con mayor impacto. Entonces o tú cuidas los procesos de evaluación o vas a paralizar todos los procesos. Hoy debe haber alrededor de U$S 50.000 millones en proyectos paralizados.
—¿Qué sucede cuando se cuestiona esa institucionalidad?
—Cuando las organizaciones tradicionales no encabezan los procesos de defensa de las comunidades, surgen nuevos y liderazgos. A esa institucionalidad paralela no hay cómo llegarle. Hoy vas a lugares que puede ser que haya razones muy antiguas, culturales, que hacen que les importe muy poco tu inversión. Los grupos nuevos pueden colocar en aprietos tu proyecto y el modelo con que estás operando. Y no son controlables.
—Hay quienes sostienen que esos movimientos son instigados como excusa para apoyar consignas políticas.
—Es de mucha soberbia subestimar el carácter endógeno de estos movimientos. Es cada vez menos probable que estos procesos surjan con actores externos. Sin sustento interno no tienen forma de operar. Hoy te encuentras con jóvenes o adultos con una concepción ambientalista de los procesos y listo, empezaste a tener problemas. Tenemos dos visiones distintas respecto al desarrollo, en definitiva. Uno se topa con personas que no es que estén en contra del proyecto de energía sino que no quieren luz.
—En Uruguay hasta ahora hubo pocos conflictos ambientales. ¿Cree que el caso chileno es distinto o Uruguay va en esa dirección?
—Siempre hay una primera vez. La primera movilización importante de tipo ambiental en Chile se produjo en el año 2011 y se convocó por Twitter y llegaron a la calle 100.000 personas. Van tres años de movilizaciones. Hoy se paran todos los proyectos.
—Ante esta situación, ¿cómo deben actuar el Estado y los privados?
—Cada institución tiene que hacer con mucha independencia su trabajo. El Estado no puede aparecer siendo el principal promotor de una iniciativa privada. A su vez los empresarios tienen que jugársela no solo por maximizar sus utilidades y por hacer buenos negocios. Tienen que pensar un poco más cuál es su entorno. Sin duda el mundo empresarial está consciente de que se han cometido errores tremendos y además el compromiso del mundo empresarial con el desarrollo de la sociedad ha sido creciente pero quizás un poco tardío.