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Tres ex integrantes del órgano ejecutivo del MLN-Tupamaros, Marcos Mauricio Rosencof, Henry Engler y Julio Marenales, fueron condenados en segunda instancia por la Justicia militar en marzo de 1984 a cumplir penas más gravosas de las que surgían del fallo en primera instancia.
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Mauricio Rosencof de 39 años de edad, fue detenido el 19 de mayo de 1972. Fue condenado a 30 años imponiéndosele además entre 10 y 15 años de medidas de seguridad eliminativas, al haber sido declarado “delincuente habitual”. La Justicia militar le imputó entre otros, los delitos de: asociación para delinquir; homicidio; tentativa de homicidio (todos ellos cometidos en reiteración real y con agravantes especiales en el caso de homicidio); atentado contra la Constitución; rapiña, etc.
Rosencof integró las filas de los tupamaros desde 1967 —se aseguró— y participó en febrero de 1969 en el robo de 220.000 dólares al casino San Rafael de Punta del Este, en el copamiento de la ciudad de Pando el 8 de octubre del mismo año, en el robo de libras esterlinas y oro de la sucesión Mailhos por una suma aproximada a los 300.000 dólares en abril de 1970. Asimismo se señala a Rosencof como participante de una reunión con Wilson Ferreira, Héctor Gutiérrez Ruiz y Marenales Sáenz en un apartamento de la zona de Pocitos, en la cual Ferreira habría realizado diversos planteamientos a los tupamaros.
Henry Willy Engler Golovchenko se integró al MLN-T en junio del 69, siendo detenido el 17 de agosto de 1972. A sus 31 años Engler fue condenado a 30 años de penitenciaría y medidas de seguridad entre 13 y 15 años, además de declararlo “delincuente habitual”. Se señala a Engler como participante entre otros actos, del copamiento de la comisaría de Soca en febrero de 1972 como coordinador general; como clave en la decisión de matar con pentotal al peón rural Pascasio Báez Mena que había descubierto casualmente una tatucera del MLN-T en una chacra cercana a Pan de Azúcar; del secuestro a fines de julio de 1979 del cónsul brasileño Aloysio Días Gomide; de la decisión de ultimar a dos integrantes de la organización subversiva por inconducta; de coautor del homicidio del coronel Artigas Álvarez en junio de 1972; de la decisión de ultimar a Dan Mitrione en julio del 70, de comandar un grupo de apoyo para el atentado que costó la vida al inspector de policía Héctor Morán Charquero en abril de 1970, etc.
Julio Marenales Sáenz, de 48 años, fue detenido el 26 de julio de 1972 y la Justicia militar lo condenó en segunda instancia ahora, a cumplir 28 años de penitenciaría, inhabilitándolo absolutamente por 8 años e imponiéndole medidas de seguridad eliminativas de 8 a 10 años.
Se le imputaron los siguientes delitos: asociaciones subversivas con agravantes; atentado contra la Constitución en el grado de conspiración seguida de actos preparatorios; autoevasión; uso de certificado público falso; coautoría de atentado agravado; coautoría de homicidio en concurrencia fuera de la reiteración; atentado agravado y tenencia de explosivos.
Paralelamente, los familiares de los procesados por la Justicia militar realizan una campaña tendiente a sensibilizar a la opinión pública en torno a la situación de Adolfo Wassen Alaniz, de 38 años, miembro del MLN-T que está preso desde 1972, en grave estado de salud mientras cumple su segunda semana de huelga de hambre.
El comité de familiares dijo que el tratamiento que se le ordenó fue cumplido intermitentemente, habiendo sido reintegrado a un calabozo en las mismas condiciones anteriores. Wassen falleció meses después estando internado en el Hospital Militar.
Pasan cuenta a Seregni
La Justicia militar le pasó al general Líber Seregni una cuenta de gastos “por alojamiento, comida y vestuario”, originados durante los ocho años que había estado preso. La suma reclamada era de 113.742 nuevos pesos más 50 centésimos.
La cifra fue considerada una “liquidación primaria” y sería apelada por los defensores. Una vez recibida la liquidación, Seregni dispondría de 30 días para pagarla. En caso de no hacerlo, se había establecido un recargo del 20% y un interés mensual del 5%. La apelación dejó en suspenso esos recargos.
