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Un caos generalizado. La frase se repite en artículos de prensa, declaraciones, comunicados oficiales e internacionales sobre la situación actual de Venezuela. El régimen de Nicolás Maduro ha sido condenado por decenas de países y organizaciones debido a la convocatoria el domingo 30 a elecciones para una Asamblea Nacional Constituyente que, al decir del secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, fueron “ilegales” y “apartadas de la Constitución”.
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A esa situación se suma la infinidad de protestas y movilizaciones populares que se vienen sucediendo desde marzo y que el domingo 30 tuvieron un pico tanto en convocatoria como en incidentes. Los números oficiales hablan de 10 muertos ese fin de semana, aunque otros organismos los sitúan en 15.
Entre las condenas, la oficina del Alto Comisionado de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para los Derechos Humanos denunció el lunes 31 a Venezuela por “continuar violando” el derecho a la libertad de reunión y por dispersar de forma violenta las manifestaciones populares.
Asimismo, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) expresó su “enérgica condena por las muertes y los hechos de violencia ocurridos durante la jornada electoral realizada el 30 de julio de 2017 para la Asamblea Nacional Constituyente”.
En el comunicado emitido por la CIDH, el organismo advierte que “esta jornada electoral fue celebrada en el marco de la crisis que atraviesa Venezuela y en el contexto de casi cuatro meses de protestas y represión; bajo restricciones a la libertad de expresión y al derecho de reunión pacífica”.
“Organizaciones de la sociedad civil registran un estimado de 100 personas detenidas en al menos 13 estados y en el Distrito Capital, en contextos de manifestaciones públicas durante la jornada. Asimismo, se reportaron numerosas incursiones ilegales a las viviendas por parte de agentes de seguridad del Estado, sin contar con orden judicial, ni resultar de flagrancia, ocasionando daños a la propiedad. Varias autoridades y voceros del gobierno desconocieron los hechos violentos arriba referidos y reportaron que el desarrollo del proceso electoral se habría dado con total normalidad”, añadió la CIDH.
La libertad de expresión en la mira.
Con este mar de fondo no es de extrañar que la posibilidad de informar libremente esté seriamente condicionada en Venezuela. Según varias organizaciones locales e internacionales, el gobierno de Maduro aplica una campaña sistemática de “hostigamiento” y “amenazas” a los medios y periodistas que intentan cubrir la realidad.
La ONG venezolana Espacio Público denunció que solo durante el domingo 30, “las restricciones a la prensa sumaron 24 casos contra la libertad de expresión, que alcanzan al menos 29 violaciones del derecho a 27 periodistas víctimas. La frecuente intimidación por efectivos policiales y militares contra la prensa marcó el día, donde unas polémicas elecciones rechazadas por más de siete millones 500 mil venezolanos y por la comunidad internacional, no contaron con la cobertura completa de los medios”.
“Las acreditaciones a periodistas para poder registrar lo que sucede en los centros electorales, las entrega el Colegio Nacional Electoral. En esta ocasión el ente restringió la posibilidad a varios medios y periodistas, bloqueando su trabajo en un evento de interés para el país, en medio de una crisis política de rechazo contra los comicios de la Asamblea Nacional Constituyente”, explicó la organización.
Además de los medios nacionales restringidos, hubo varios periodistas extranjeros que no pudieron ingresar al país a cubrir las elecciones. El caso más sonado fue el del periodista argentino Jorge Lanata, deportado de Venezuela el 27 de julio. También fueron deportados los periodistas de SIC Noticias, de Portugal, Luis Garriapa y Odacir Junior.
“Las autoridades venezolanas deben dejar de acosar a los periodistas y censurar a los medios de comunicación en medio de la conmoción y las violentas protestas por las que atraviesa el país”, exhortó el Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ, por su sigla en inglés).
El CPJ, con sede en Nueva York, dijo que “periodistas que cubrían los comicios para elegir a los representantes de una Asamblea Constituyente que reformará la Constitución venezolana fueron detenidos arbitrariamente, atacados y amenazados”.
“Por lo menos cuatro periodistas fueron detenidos, mientras que manifestantes atacaron a dos fotógrafos y les robaron el equipo de trabajo, y un soldado amenazó a periodistas, de acuerdo con organizaciones locales defensoras de la libertad de prensa y despachos noticiosos. Las autoridades también obstaculizaron la capacidad de los periodistas de cubrir la jornada de votación y el presidente pidió que se investigara a un canal de TV por su cobertura de la votación y los disturbios”, añadió la organización.