Por ahora las patentes en el sistema de Investigación, Desarrollo e Innovación (I+D+I) juegan “un papel relativo” en el país porque “el sistema está más dirigido a publicar y no a patentar. Es un falso dilema. Se pueden hacer ambas pero debe de existir la información, la opción y los incentivos para patentar”, dijo a Búsqueda Carlos Mazal, asesor del sector de Desarrollo de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) y el ex director para América Latina. “Nuestra política industrial es la que tiene la visión estratégica del país y es hacia ahí que deben de apuntar los recursos y los incentivos”.
Pero esta no es la única barrera para hacer crecer el número de patentes y posiblemente generar un retorno económico por la inversión realizada en ciencia, porque Uruguay aún no adhirió al Tratado de Cooperación de Patentes (conocido como PCT, por sus siglas en inglés) firmado ya por 146 países. Dar ese paso le permitiría al Uruguay “comenzar a jugar un papel” en el plano internacional, según Gualtieri.
Salvo excepciones latinoamericanas, el primer mundo y otro gran número de países, entre ellos Brasil, forman parte de un sistema de patentación que les permite realizar estos trámites de manera más ágil, con mayor rigurosidad y seguridad y beneficios.
Singapur es un polo de biotecnología asiático. Esta imagen se generó a “fuerza de infraestructura y seriedad en los negocios”. Esto es lo que necesita Uruguay para desarrollar esa industria, opinó Gualtieri. La firma del PCT es parte de una “imagen” de seriedad y seguridad para las inversiones en áreas como la biotecnología.
“El PCT es para el empresario y el investigador uruguayo y para los inversores internacionales que quieran venir y contratar científicos locales”, comentó Gualtieri, y agregó que las patentes otorgadas por PCT “están mejor examinadas, tienen mayor prestigio y atraen inversiones”.
“Puede fortalecer la economía del Uruguay. El PCT mejora la calidad de la patente, estimula las inversiones y la transferencia de tecnología a través de licencias y genera trabajos. Hoy no podemos solicitar patentes en igualdad de condiciones con los residentes de Estados miembros y nacionales”, resumió Mazal.
El ministro de Industria, Roberto Kreimerman, informó a Búsqueda que se están haciendo estudios de impacto sobre patentes a nivel sectorial. Además se promoverá una discusión en los próximos meses sobre la necesidad de adherir al PCT dentro del Grupo Interinstitucional de Propiedad Intelectual, y ampliar las consultas con la academia y las cámaras involucradas “para consensuar la posición que Uruguay va a tomar sobre este tema”.
“Ya es hora de ingresar al TCP sobre la base de un debate informado, evitando su politización”, opinó Mazal. La OMPI coopera para capacitar el personal de la Dirección Nacional de Propiedad Industrial (DNPI). “En nuestra experiencia solo se necesita una o dos personas con el entrenamiento necesario. Desafíos hay, como en todo tratado, pero superables”, agregó.
Según información del Ministerio de Industria en 2012 se solicitaron 878 patentes a la DNPI, la mayoría de no residentes, y hubo 111 concedidas. El sector farmacéutico es el que obtuvo más patentes, mientras que solo el 5% corresponden al biotecnológico.
Nueva Unidad.
En enero de este año la Facultad de Ciencias creó su Unidad de Patentes en la que trabaja una persona sola, Gualtieri, quien se encarga de las distintas etapas del proceso como asesorar a los científicos, escribir las patentes, realizar los estudios para verificar que sea novedoso, entre otras tareas.
Era una “vieja aspiración” para la institución, comentó a Búsqueda su decano, Juan Cristina.
En el mundo son equipos de trabajo de abogados y científicos posdoctorados los que se encargan de analizar si algo es los suficientemente novedoso e inventivo en el campo de la ciencia como para ser patentable y de traducirla en términos legales de propiedad intelectual. Hasta el momento Gualtieri tiene diez patentes para examinar y escribir, cada una le insume uno o dos meses de trabajo. El científico está intentando conseguir fondos para poder contratar un posdoctorado que colabore con la tarea y realiza gestiones a nivel internacional para impartir cursos de capacitación en propiedad intelectual en la UPTT.
Análisis mundial.
Luego de haber sido investigador durante décadas y de haber trabajado en centros de investigación en el exterior en “genómica comparada”, Gualteri trabajó por más de tres años como examinador de patentes en la central de patentes australiana (IP Australia), referente para toda la región de Oceanía y Asia.
El examinador “es por el primer filtro que pasa el invento en la oficina de patentes” porque estudia si lo que se presenta pasa por el test de novedad y el de inventividad, explicó Gualtieri. Esto incluye buscar en bancos de datos si existen publicaciones científicas o patentes vinculadas con el tema presentado que ya se hayan registrado antes y que refieran al mismo tema.
En Australia, en los países desarrollados y en los centros regionales avalados por el PCT se utilizan softwares de búsqueda especiales (el STN y el Epoc). El STN, por ejemplo, cobra por minuto de conexión, cuenta con una inmensa base de datos con información que no se encuentra pública en Internet y arroja miles de resultados de todo el mundo que permiten verificar si lo que se quiere patentar en un país ya se protegió o publicó en otro. El costo al acceso a esta información puede ascender a U$S 1.000 en algunos casos.
En Uruguay las bases de datos que se usan son públicas y otras que obtienen mediante cooperación internacional, pero la DNPI no cuenta con estos softwares. Si Uruguay firma el PCT podría acceder a estos exámenes de patentes internacionales que son reconocidos a nivel mundial y realizados en centros regionales avalados como el de Australia o el de Brasil para Latinoamérica.
Tratado sin firma.
Uruguay es miembro del Convenio de París, integrado casi por los mismos miembros que integran el PCT. Esto permite que países de todo el mundo patenten en Uruguay.
Pero los procedimientos son complejos, costosos y son trámites ”de una burocracia impresionante”, opinó Guatieri.
El PCT “facilita el trámite de aplicación” porque el mismo formulario se utiliza en todos los países. Integrar ese tratado permite participar de una “búsqueda y examen internacional de arte previo” de avanzada que da la posibilidad de estimar si valdrá la pena patentar y en qué países hacerlo, añadió.
“Una aplicación de Uruguay que entre mediante la vía del PCT, entra en el concierto mundial. Es difícil cometer errores como en la Convención de París, donde la búsqueda y el examen queda limitado y asilado en la oficia nacional”, comentó.
En la fase internacional el PCT comprende una evaluación rigurosa de la patente solicitada, efectuada por oficinas de patentes designadas por la OMPI. Mediante el Convenio de París se corre el riego de “tener que desembolsar dinero de antemano en múltiples fases nacionales sin la certeza de tener éxito en el patentado”.
Por otra parte, el PCT asegura la publicación en Internet en el sitio PatentScope, mientras que en la DNPI en el expediente electrónico figura solo un resumen de la patente con una búsqueda online “con capacidades limitadas”. Esto es “insuficiente” para evaluar patentes previas, opinan los científicos, mientras que las de PCT son accesibles rápida y gratuitamente en Internet.
