¿Cogobierno judicial?

¿Conoce algo censurable sobre la moral, la honestidad o la perversidad de quienes injurian por la inconstitucionalidad? Si es así, debería compartirlo para prevenir a todos los ciudadanos. Su imputación señala a los ministros Claudia Kelland, Álvaro Messere, Edgardo Ettlin, Loreley Pera y Alicia Álvarez, firmantes de la sentencia como subrogantes de los titulares de la Corte que interpusieron el recurso.

Aunque esta embestida haya sido frenada con la Constitución en la mano, seguramente ya vendrán otros con la intención de cogobernar el Poder Judicial mediante un Ministerio de Justicia y un Consejo Superior de la Magistratura, ollas soterradas de corporativismo e injerencia política en los poderes judiciales. Pero con esos dos organismos se crearían más de 20 cargos políticos y otros tantos administrativos que se repartirán los partidos. Aunque la distancia entre Uruguay y Dinamarca es de 11.618 kilómetros, acá también algo huele mal.

Me equivoqué al suponer que la presidenta de la AMU, Beatriz Larrieu, llamaría a los jueces denostados por Carrera para expresarles la misma solidaridad que a las ministras amenazadas por revocar la sentencia del juez Alejandro Recarey sobre el Covid-19. Pero como el gremio de los jueces está en contra de la sentencia de inconstitucionalidad no le preocupa que alguien arrastre por el suelo la honestidad y la dignidad de quienes firmaron un acto judicial de primer nivel. Tampoco se manifestó sobre las injurias el Colegio de Abogados, pese a que sí lo hizo con las ministras amenazadas.

Algunos jueces se manifiestan según su conveniencia. La Lista 1994, minoritaria de la AMU, que Recarey integra, se desmarcó del oficialismo, que no opinó sobre las críticas a la sentencia que suspendió la vacunación a menores: “Queremos manifestar nuestra profunda preocupación por las expresiones de actores públicos de primera línea que, debido a su tenor, significan una agresión a la independencia del Poder Judicial y en definitiva a la separación de poderes, al desconocer la independencia técnica de sus magistrados”.

No tengo más remedio que continuar con Carrera. Dice en su carta que los argumentos de la sentencia revocatoria “se terminan limitando a interpretaciones formalistas de la Constitución de la República, para justificar unos poderes exorbitantes” que nada tienen que ver con una concepción moderna del Estado de derecho. Sostiene que defender la independencia del Poder Judicial y rechazar que los políticos le marquen su camino son “argumentos anacrónicos” porque la ley era “una defensa de los jueces y su carrera en beneficio del ciudadano”. Apela a conmover al ciudadano que ignora la Constitución.

En un Estado democrático y republicano, no importa si los jueces son progresistas o conservadores, o si son flexibilistas o formalistas; lo que importa es que llegado el momento estén siempre del lado de la Constitución. Como en alguna ocasión remarcó el expresidente Tabaré Vázquez: dentro de la Constitución, todo, fuera de ella, nada.

En algún momento defendí los concursos propuestos por la ley. Me equivoqué. La sentencia de inconstitucionalidad me hizo ver que los contralores entre poderes están expresamente previstos. La Carta establece cómo se nombran los jueces y cualquier injerencia es ajena. Diferente sería que la Corte decidiera autorregularse dictando normas para una especie de carrera (la judicial, no la de Charles) pero sin perder su discrecionalidad. Para mal o para bien, así es.

La sentencia es diáfana al destacar que no se pronuncia sobre los criterios o parámetros para nombrar jueces o si son mejores determinados mecanismos que otros; solo remarca cuál es el único poder constitucionalmente legitimado para disponerlos y establecer en su caso cuáles deben ser los parámetros. Algunas normas de la Ley Orgánica 15.750 plantean ciertos criterios de carrera judicial pero antes de la Ley 19.830 no se les prestaba mucha atención porque solía entenderse que eran programáticas, y la Corte nombró jueces como quiso sin problemas. Después de la Ley 19.830 ya eran normas autoejecutables y se vino la presión y el bombardeo sobre la Corte.

La AMU se asoció antes y ahora a Carrera y solo plantea recriminaciones de corte político sin ningún argumento jurídico porque no los tiene. Es más, para manipular la información oculta que hubo jueces que se allanaron a la demanda y así admitieron que la Ley 19.830 era inconstitucional: Paulo Cesar Aguirre, Claudia Melo y Mariela Tejera Gancio.

Así nos va.