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Los avisos callejeros y las publicaciones en las redes sociales empiezan a aparecer como los hongos después de la lluvia. La carrera largó y los políticos abren su billetera para financiar las campañas de cara a la interna partidaria, el mojón previo a las elecciones nacionales de octubre de 2024. Y este ciclo electoral que comienza transitará, otra vez, bajo un manto de opacidad.
Pese a que sus dirigentes dicen que es un tema prioritario, los partidos todavía no lograron un acuerdo para aprobar cambios al sistema que regula su financiamiento permanente y el de las campañas electorales. La legislación vigente no obliga a las colectividades políticas a rendir cuentas de sus gastos en las internas y los mecanismos de control para el resto del ciclo son bastante laxos. La encargada de supervisar que se sigan las reglas e investigar posibles desvíos es la Corte Electoral, cuyas autoridades han dicho que no tienen recursos ni personal para afrontar esas tareas.
El Parlamento tiene la oportunidad de que este sea el último ciclo electoral opaco, ya que se encuentra discutiendo el financimiento de los partidos políticos y lo que apruebe —si es que logra consensuar algo— se llevará a la práctica a partir de las otras elecciones. Es una tarea ineludible. Actualizar las normas es clave para combatir la corrupción e intentar proteger a las instituciones democráticas del avance del narcotráfico. Uruguay, quizás como ningún otro país del continente, tiene fortalezas sobre las que construir muros de contención sólidos. La región está plagada de ejemplos de lo que puede pasar si no se actúa a tiempo.
Desde hace años y con escasos avances, los partidos discuten en el ámbito legislativo un proyecto para fortalecer los controles y la transparencia de los recursos económicos destinados a la actividad política. El tiempo se agota y la iniciativa legal en cuestión tiene varios puntos para mejorar.
En la edición de Búsqueda de la semana pasada, la experta Carla Arellano sostuvo que el proyecto a discusión en el Parlamento es un avance en cuanto a la transparencia, pero se queda corto. Llama la atención, por ejemplo, que la propuesta mantenga la definición de publicidad de la ley aprobada en 2009, sin mencionar el entorno digital. Que en el año 2023 el Poder Legislativo uruguayo trabaje sobre un tema de comunicación —o casi cualquier cosa— omitiendo Internet parece una broma de mal gusto.
Arellano, en la entrevista citada, menciona otras falencias del proyecto que avanza en el Parlamento. Debería incluir medidas que otorguen incluso más transparencia y trazabilidad sobre el dinero por parte de los partidos. Sería una buena oportunidad, según Arellano, para regular el lobby y otros aspectos que hacen al vínculo entre la política y el sector privado. Las reglas claras favorecen al sistema y la sana competencia.
Si de verdad quieren mejorar las normas que regulan el financiamiento de la política, los legisladores deberían tener en cuenta estos y otros comentarios de los especialistas. Porque otro riesgo que se corre, además de la inacción, es aprobar una ley que implique un pequeño avance, pero que sirva de coartada para dar por cerrada la discusión y pretender que el problema fue resuelto.
El Parlamento tiene tiempo suficiente para aprobar un proyecto serio, completo y consistente con la actividad que quiere regular. La campaña siempre conspira contra la discusión de políticas de Estado, pero los dirigentes y los legisladores deben estar a la altura de los cargos para los cuales fueron elegidos.
Es su propia credibilidad futura la que está en juego.
