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    ¿Fuego contra fuego?

    N° 1963 - 05 al 11 de Abril de 2018

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    Horas después de conocido el pedido de procesamiento del fiscal Luis Pacheco contra nueve exjerarcas de Ancap y Alur por abuso de funciones, peculado y, en un caso, estafa, desde las filas del oficialismo se replicó filtrando un informe sobre el uso de tarjetas corporativas por parte de cuatro exdirectores del Banco de la República designados por los partidos tradicionales, quienes ejercieron sus cargos durante el quinquenio 2000-2005. Período recordado por la crisis financiera que enfrentó el país.

    La información, difundida por Búsqueda, tuvo amplia repercusión cuando, entrevistado por Radio Sarandí, uno de los exdirectores involucrados, el nacionalista Pablo García Pintos, reconoció, con una franqueza infrecuente en gobernantes y políticos, que había usado la tarjeta corporativa “con discrecionalidad” en virtud de que su uso “no estaba regulado” y que había retirado dinero para pagar la “cuota partidaria”.

    Previsiblemente, sus declaraciones fueron motivo de nerviosismo y preocupación entre sus correligionarios y de severísimos cuestionamientos de dirigentes y de militantes oficialistas en las redes sociales.

    Resultó evidente el propósito de estos dereducir el impacto político negativo del pronunciamiento fiscal. Fallo confirmatorio de las denuncias de la oposición sobre la deficitaria gestión de Ancap que derivó en su recapitalización durante el actual gobierno.

    Fuego contra fuego. A 19 meses de la elección nacional, sin siquiera saberse quiénes serán los candidatos, la réplica del oficialismo confirma que la campaña ya está en marcha. Sugiere también el talante con que el oficialismo encarará una elección en la que por primera vez desde el 2005 arriesga perder no solo la mayoría legislativa sino también la presidencia.

    Un riesgo que despierta preocupación en sus filas en razón de que las encuestas muestran una caída sostenida en el tiempo de su intención de voto.

    Es obvio que la filtración de la información que involucró a los cuatro exdirectores del BROU fue una “operación política”. No está claro si de todo el oficialismo, del MPP o solo de un sector del MPP. 

    El diputado Daniel Placeres (MPP), quien difundió el dossier, declaró que hizo el correspondiente pedido de informes en octubre pasado. Está claro que como legislador está facultado a solicitar todo tipo de informes a la administración, procedimiento natural en su actividad.

    Aun así, llama la atención que después de tantos años (entre 13 y 18 de ocurridos los hechos difundidos) el diputado se haya interesado en conocer  el uso que los exdirectores hicieron de sus respectivas tarjetas corporativas. Cabe por tanto sospechar que alguien en conocimiento de causa interesó al diputado (“le sopló”) para que pidiera el informe.

    No es un dato menor que al asumir su primera presidencia en 2005 Tabaré Vázquez ordenó realizar una auditoría en todos los organismos públicos. Meses después, como resultado de esa auditoría llevada a cabo en el BROU, su presidente, Fernando Calloia, cuestionó públicamente la actuación que cupo al anterior directorio en la concesión de créditos a empresas deudoras con antecedentes de incumplimiento en medio de la crisis financiera de los años previos. Hay, por tanto, buenas razones para pensar que el uso de las tarjetas corporativas de los exdirectores también fue auditado y que esa información, seguramente archivada, pasó a ser un as en la manga.

    Sería ingenuo no advertir que la filtración de dicho informe a los medios después de tantos años tiene una evidente intencionalidad política. Aun así, eso no resta valor a lo revelado. Que el gasto efectuado con la tarjeta corporativa para pagos que no responden a necesidades del ejercicio de la función pública supone un perjuicio para el Estado. Está fuera de toda lógica y carece de justificación. Sin importar su cuantía, quien lo haya hecho o a qué partido o grupo político pertenezca. Eso está fuera de toda discusión.

    Poco importa que el diputado Placeres haya aprovechado el caso para lograr un protagonismo mediático que de otra forma quizás no habría tenido.

    El legislador, cabe recordar, es fundador y presidente honorario de Envidrio, emprendimiento autogestionado por sus trabajadores (una de las “velitas” encendidas “al socialismo” según expresión del expresidente Mujica), financiado por el Fondes (U$S 11,5 millones) que ha incumplido obligaciones contractuales del crédito. Célebre, además, por sus setenta y tantos viajes realizados a la Venezuela chavista.

    Fuego contra fuego. Cuando dirigentes oficialistas “defienden” comportamientos cuestionados hoy recordando pasadas inconductas similares de sus adversarios políticos, se pretende asimilar —y justificar— actuaciones de sus correligionarios. O minimizar los perjuicios causados en las finanzas públicas por una administración desaprensiva, irresponsable, que causó un déficit (¿US$ 600-800 millones?) en una empresa monopólica como Ancap que se dio el lujo de “invertir” US$ 360.000 en una fiesta. O que concedió una aval (US$ 13,5 millones) a una ignota aerolínea española, créditos a pérdida a empresas autogestionadas (US$ 60 millones) o que concibió un desproporcionado proyecto de Regasificadora abandonado a mitad de camino, etc.

    No es menor que ese intento de minimización de decisiones que causaron enormes perjuicios al Estado estimula el grado de desinformación, maniqueísmo militante y confusión conceptual con que muchos expresan sus opiniones en las redes sociales. Opiniones que tienden a profundizar una “grieta” que poco contribuye a la búsqueda de entendimientos, a mejorar la calidad de la política y a evitar el descreimiento de los ciudadanos en sus gobernantes y actores políticos.

    Aunque dijo haber actuado bajo “el paraguas de un uso discrecional de las tarjetas corporativas que regía en ese momento en el banco”, García Pintos anunció horas después que devolvería al BROU “hasta el último centavo” de los gastos que efectuó durante los 10 años (1995-2005) en los que ejerció como director. Y que para ello se atendría al monto que determine el BROU.

    Su anuncio supone un reconocimiento implícito de que, pese al “paraguas” invocado, su uso no correspondía al menos en los retiros de dinero. Al hacerse cargo de la totalidad pretende poner fin a los cuestionamientos sobre su proceder.

    Una vez más se propone eliminar las tarjetas corporativas, matar al perro para eliminar la rabia. Es una solución carente de lógica. Lo que corresponde es especificar claramente en qué situaciones y qué tipo de gastos pueden hacer jerarcas de las empresas públicas con esos instrumentos de pago. Todo ello debe ser justificado y sometido a estrictos controles.

    En la campaña preelectoral, la oposición tendrá que exponer sus ideas y sus planes, pero es inevitable que cuestione, como lo viene haciendo, decisiones y conductas del oficialismo. Este expondrá su obra, pero además: ¿responderá a los cuestionamientos como hasta ahora, recordando episodios del pasado?  ¿El debate se hará pensando en la construcción del futuro o con el ojo en el retrovisor? ¿La campaña será fuego contra fuego?