—Antes de la declaración de la emergencia por el Covid ya estaba vigente el decreto que topeó el gasto en 85% para toda la administración. ¿Cómo impactó eso en la DGI, en un año tan particular?
—Antes de la declaración de la emergencia por el Covid ya estaba vigente el decreto que topeó el gasto en 85% para toda la administración. ¿Cómo impactó eso en la DGI, en un año tan particular?
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En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] contactarte por WhatsApp acá—Fue uno de los más grandes desafíos que tuvimos: armar nuestro plan de actividades del 2020 acotados por esa restricción importante. Tuvimos que redimensionar todo nuestro presupuesto para ajustarlo a lo que nos exigían, como a otros los organismos en el Estado; no hubo excepciones para la DGI. A pesar de eso, ya teníamos previstas determinadas inversiones —en servidores y software para mantenimiento y almacenamiento de información— y algunos gastos de funcionamiento que no se vieron afectados.
—¿Había mucha gordura de donde recortar gasto?
—No sé si tanto, pero hubo que hablar con proveedores y recortar algunas actividades menos importantes; gastos superfluos no había. Se priorizaron cosas.
—En el marco de la promesa electoral de realizar auditorías, ¿las hubo en la DGI por fuera de las que lleva adelante su propia área encargada de esto?
—No. Tenemos una auditoría interna con dos áreas específicas: el sector deontológico, que permanentemente hace sus acciones de control; la otra es una auditoría operativa. Un cambio de enfoque incorporado en el nuevo Plan Estratégico es que las observaciones que se hagan sean utilizadas para la mejora de la gestión y comprometer a hacer las correcciones al año siguiente.
A nivel externo, la DGI está sujeto al control del Tribunal de Cuentas y, a su vez, le va informando de sus auditorías internas a la Auditoría de la Nación.