¿Guardianes? ¿De qué?

Ese día, el presidente de la Corte, Jorge Chediak, el fiscal de Corte, Jorge Díaz, y el subsecretario de Interior, Jorge Vázquez, suscribieron un “Protocolo de Actuación para Interceptaciones Legales de Comunicaciones”. El documento “de los tres Jorges” habilitó al fiscal Díaz a sostener que “si la Fiscalía, la Corte y el Ministerio firmaron el Protocolo, eso da al régimen suficientes garantías”.

“No sabemos qué tecnología se utilizó, si se cumplen los estándares de la ley 19.179 (software libre) y qué términos de uso tendrá la información personal que el sistema recabe. (…) El Poder Judicial no tendrá control directo sobre ‘El Guardián’ sino sobre el software que habilita su funcionamiento”, precisaron.

Luego de afirmar que los mecanismos de control y rendición de cuentas que existen a propósito de este delicadísimo asunto “son claramente insuficientes”, estas tres organizaciones dijeron que “el marco legal hoy vigente no determina con claridad el tipo de datos sobre nuestras comunicaciones a los que podrá acceder ‘El Guardián’”.

La sociedad desconoce cuál es “la política sobre conservación de datos de las comunicaciones que tienen hoy las empresas de telecomunicaciones en Uruguay”. También ignora “qué obligaciones ha impuesto el Ministerio del Interior a estas empresas para la implementación del sistema ‘El Guardián’”.

Para peor, los planteos formales dirigidos al Ministerio del Interior por Cainfo para que informe a los ciudadanos qué piensa hacer con los datos personales que recabe han sido sistemáticamente denegados porque, dicen sus autoridades, se trata de algo “secreto”.

Cuando se difundió la compra de “El Guardián” a una empresa brasileña, una nota en la página oficial del Ministerio del Interior decía: “Garantías para todos menos para la delincuencia”. No hay por qué dudar de que esa sea la voluntad de las autoridades. Pero como “es muy veleidosa la probidad de los hombres”, la gente tiene derecho a saber qué hace el Estado con la información que la gente produce, hablando por teléfono o escribiendo emails. ¿“El Guardián” permite, por ejemplo, que agentes del Estado intervengan un teléfono sin que se entere la Justicia? No lo sabemos. Y tampoco lo sabe el Poder Judicial, ni el Poder Legislativo. “Ni el juez ni el Poder Judicial tienen acceso a ‘El Guardián’. Su manejo está exclusivamente en manos del Ministerio del Interior”, declaró ya en setiembre a Búsqueda el ministro Ricardo Pérez Manrique, quien presidirá la Corte en 2016.

Naturalmente, el combate a las plagas del terrorismo, el narcotráfico y la delincuencia obliga a los Estados a actuar. El relator especial de las Naciones Unidas para la Protección y Promoción del Derecho a la Libertad de Opinión y de Expresión ha reconocido que la protección de la seguridad nacional puede justificar el uso excepcional de vigilancia en las comunicaciones privadas. Pero, al mismo tiempo, ha advertido que “es fundamental comprender que dado el carácter dinámico de los avances en Internet y en la tecnología de las comunicaciones en general, este tipo de vigilancia puede constituir un acto particularmente invasivo que afecta seriamente el derecho a la privacidad y la libertad de pensamiento y expresión”.

En otras palabras, los gobernantes tienen que comunicar cuáles son los límites que se autoimponen —si es que los tienen— para vulnerar derechos humanos básicos en situaciones concretas. Los ciudadanos tienen que saber cuáles son los criterios para medir el alcance y la duración de las medidas, tienen que saber cuáles son las razones para adoptarlas, tienen que saber quiénes son los funcionarios que las autorizan, ejecutan y supervisan. Y, llegado el caso, tienen que saber qué mecanismos legales existen para impugnarlas, si se advierten interferencias arbitrarias o abusivas por parte del Estado en la privacidad de las personas.

En un Estado de Derecho, no es admisible que los funcionarios se limiten a decir “créannos, solo perseguimos a delincuentes”, porque siempre existe el riesgo del abuso y de la intromisión indebida. Ya sabemos lo que pasó en Estados Unidos después de los atentados terroristas de 2001: un país caracterizado por su apego a la libertad puso por encima la seguridad, instaló un sistema de espionaje masivo para millones de personas (que incluyó a gobernantes y ciudadanos extranjeros) y limitó la libertad.

Y no se trata de abandonar la guerra contra el delito con todo el poder coactivo del Estado y con todos sus servicios de Inteligencia. Se trata de que todos sepamos a qué atenernos. Porque nunca serán “suficientes” las “garantías” cuando se trata del Estado metiéndose en nuestras vidas privadas. Mucho menos, si todo esto se hace en un marco de opacidad.