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Tras la estafa al Fondo Nacional de Salud (Fonasa) que lleva cinco procesados por estafa y seis por intermediación lucrativa, el Banco de Previsión Social (BPS) comenzará una auditoría de los procesos internos en su división de Prestaciones y en la Asesoría Tributaria y de Recaudación (Atyr). Hasta ahora comprobó la estafa en 500 cápitas, que sumarían U$S 30.000. Pero para el presidente del organismo de previsión social Heber Galli hace falta regular el rol de los promotores en el proceso de afiliación.
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“El banco tiene una historia de denunciar estas cosas porque el problema de la intermediación lucrativa es histórico. Estuvo entre las razones por las que se descentralizó la afiliación en las instituciones mutuales, porque cuando solo se hacía en el BPS había una nube de intermediarios tratando de captar gente. Hoy todo el proceso es de formularios y documentos. Solo se convierte en dinero en un sitio: adentro de una institución de atención médica”, dijo en diálogo con Búsqueda.
“Son U$S 4,5 millones que se gastan en publicidad, un montón de plata. Y uno de los temas arriba de la mesa es la actitud que toman las instituciones con los promotores. Algunas contratan empresas de promociones y les hacen firmar que no pueden dar dinero a cambio de la afiliación porque es delito. Y con eso parece que ya quedan exoneradas de toda responsabilidad”, afirmó.
“Para afiliarse la persona tiene que ir con la cédula a una sede primaria o secundaria (de la mutualista). Para mí es un acto personalísimo e intransferible: en el mostrador ante el empleado de la mutualista, porque eso limita y hace que la responsabilidad esté más individualizada”, estimó.
Galli señaló que situaciones de ese tipo se dan “reiteradas” veces en “unas cinco o siete” mutualistas. “Hay más de 40 instituciones y son unas cinco o siete las que históricamente han tenido problemas. Si esto es por una vez al año, qué relajo tendríamos si fuera permanente”, dijo.
El BPS presentará en estos días otras dos denuncias penales. Una recae sobre una empresa constructora que dejó de tener actividad pero realizó altas y bajas de trabajadores “fuera de lo común”. La otra es por un uso “abusivo” de claves otorgadas a funcionarios de mutualistas para ingresar a las bases de datos del Fonasa. Galli informó que desde 2005 el BPS realizó “más de 600 denuncias penales”, de las cuales 24 fueron por afiliaciones falsas. La división Atyr realiza “más de 300 denuncias al año por apropiación indebida”.
“Ya estábamos arriba de la situación de estafa. En febrero de 2016 y por primera vez esas tres personas (los autores) figuran como titulares de empresas. Algunas hicieron aportes (previsionales) el primer mes. A mitad de año se detectan altas y bajas inusuales hasta que en noviembre llegamos a la convicción de que se estaba cometiendo una estafa y las clausuramos. La denuncia que presentamos hace unas semanas tiene casi 300 hojas”, explicó.
“Puede ser que el proceso sea largo. Pero en el otro plato de la balanza hablamos de cerrar empresas de oficio y sacar derechos. El centro de la seguridad social es la protección (a los trabajadores) y para quitar un derecho hay que tener total certeza”, agregó.