“¡Heil Hitler!”

Atacan al grito de “¡Heil Hitler!”, la expresión con la que se le deseaba larga vida (y acciones) al exterminador alemán. La organización británica neonazi Blood & Honor (Sangre y Honor), creada a fines de los años 70 a partir de un grupo racista de rock, tiene filiales ideológicas en casi toda Europa y Estados Unidos. También en varios países de América Latina, entre ellos Uruguay. Sus seguidores de a pie y algunos grupos musicales lanzan mensajes a los jóvenes. Penetran subliminalmente en quienes por su rebeldía biológica, desinterés o falencias democráticas poco o nada conocen sobre la historia.

Las leyes 16.048 (1989) y 17.817 (2004) procuraron combatir y sancionar la xenofobia, el racismo y la discriminación. La segunda es clara: se entiende por discriminación “toda distinción, exclusión, restricción, preferencia o ejercicio de violencia física y moral basada en motivos de raza, color de piel, origen nacional o étnico, discapacidad, aspecto estético, género, orientación e identidad sexual, que tenga por objeto o por resultado anular o menoscabar el reconocimiento, goce o ejercicio, en condiciones de igualdad de los derechos humanos y libertades fundamentales en las esferas política, económica, social, cultural o en cualquier otra esfera de la vida pública”.

Antes, Uruguay había ratificado la ley 13.670 que aprueba la Convención de las Naciones Unidas para la eliminación de toda forma de discriminación racial y promueve el respeto universal de los derechos humanos y libertades.

Vivar a Hitler y por ende a su ideología y acciones es igual que si hubiera gritado “¡Muerte a los negros!”, “¡Repudio a los homosexuales!” o “¡Eliminen a los gordos!”. Lo castigan las leyes vigentes. No son un adorno.

El Comité Central Israelita lo denunció ante la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo pero esta, según informó “El Observador”, entendió que lo expresado por Fernández no constituye un delito y declinó hacer la denuncia penal. La expresión, comentó el organismo, es reprochable desde una perspectiva ética y no está amparada dentro del alcance de la libertad de expresión, por lo cual el cantante debe pedir disculpas. El Estado aconseja pedir discuplas como un maestro luego de una pelea en el recreo.

La incitación al odio y a la violencia menoscaba las libertades del otro y por lo tanto cae dentro de la violación de la ley antidiscriminatoria. Debería ser punible. No se trata de una censura a la libertad de expresión, como bien dijo la institución, pero sí es un hecho con apariencia delictiva. Si es o no delito lo deben decidir un juez y un fiscal y no un organismo estatal ajeno al sistema de Justicia. Sin opinar debió trasladar la cuestión a quien debe decidir de acuerdo con Derecho y no juzgar, sin ser su cometido, con la base de presunciones o suposiciones.

Para el instituto, “no habría existido la intención de incitar a la violencia”. ¿Por qué utilizó Fernández esa expresión? ¿Lo hace habitualmente? ¿Qué sentido tiene ese grito ante centenares de jóvenes permeables que miran a las “estrellas” musicales como referentes? Dice que no recuerda haberlo expresado. Es imposible que no se haya dado cuenta del significado de su grito.

El instituto opina que la cuestión “parece constituir un exabrupto y un acto irreflexivo de falsa y absurda transgresión”. Resulta que el Estado, además de aconsejar un pedido de disculpas, lo que no está dentro de sus atribuciones, se refiere al acto en forma vaga. Utiliza el condicional: “No habría tenido intención…” y estima que “parece constituir un exabrupto y un acto irreflexivo...”.

Si fue o no intencional y si su “irreflexión” lo condujo a cometer un delito (ese mismo criterio podría argumentarlo en su defensa cualquier imputado), deben decidirlo las autoridades competentes. La incitación existió y cuando eso sucede hay que trasladarle los antecedentes a la Justicia. Lo contrario es omisión.

Si la expresión de Fernández no forma parte de la libertad de expresión, la decisión final del instituto parece una contradicción.