El presidente de la República, Yamandú Orsi, firmó el viernes 26 la resolución que autoriza el uso de transporte del Ejército Nacional para realizar patrullaje en las zonas más violentas y conflictivas de Montevideo. El acuerdo entre los ministerios del Interior y Defensa Nacional establece que se procurarán policías para manejar los vehículos, pero que también los podrán maniobrar militares con su arma de reglamento.
“Se pondrán a disposición de la Policía Nacional hasta doce vehículos blindados de cinco tipos de modelos y prestaciones, los cuales serán conducidos por personal policial que va a ser debidamente capacitado a tales efectos. Así mismo, existe la posibilidad, en caso de que la Policía no pueda contar aún con la capacitación requerida para algún tipo de vehículo, que sea conducido por un chofer militar”, aseguró el ministro del Interior, Carlos Negro.
Negro fue el encargado de realizar el anuncio en la tarde del pasado viernes, tras el Consejo de Ministros desarrollado en la Torre Ejecutiva donde, además, se discutieron diversos puntos de la Rendición de Cuentas presentada días después. El ministro del Interior fue uno de los participantes de una conferencia de prensa junto a otros miembros del gabinete, entre ellos la ministra de Defensa Nacional, Sandra Lazo.
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Carlos Negro en la Torre Ejecutiva, tras el Consejo de Ministros liderado por Yamandú Orsi.
Mauricio Zina/adhocFOTOS
“Entre los ministerios de Defensa e Interior ya existen lazos”, explicó Lazo, consultada por los medios de prensa en la conferencia. En una postura que ha mantenido desde el lunes 22, cuando Búsqueda informó sobre la decisión del gobierno de usar blindados del Ejército para respaldar operativos policiales, Lazo buscó atenuar el impacto de la participación militar en la seguridad doméstica.
“Hablar de militarización creo que no corresponde, no está contemplada la militarización en el Plan Nacional de Seguridad Pública, todo lo contrario, ni es menester del Ministerio de Defensa Nacional este tipo de concepto”, expresó. Lo mismo reafirmó Negro segundos después, al sostener que “de ninguna manera puede aceptarse la palabra militarización”, ya que “utilizar una infraestructura militar en uso policial de ninguna manera significa militarizar”.
Negro insistió en que el uso del equipamiento estará sujeto completamente a órdenes policiales. Argumentó que la definición correcta de la medida “es resguardar el policiamiento”, porque supone “aprovechar” para la seguridad pública y el trabajo policial distintos recursos con que cuenta el Estado. “Es adoptada no solamente para la protección de los policías sino también para cumplir con lo establecido en el Plan Nacional de Seguridad Pública y en el Programa Más Barrio: conseguir que los territorios tengan todas las garantías par que los ciudadanos que allí habitan, en los barrios más complejos fundamentalmente, puedan ejercer todos sus derechos en forma plena y eficaz”, dijo.
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La ministra de Defensa Nacional, Sandra Lazo, saluda a un efectivo militar del Ejército Nacional.
Santiago Mazzarovich/adhocFOTOS
Del tema también habló esta semana el secretario de la Presidencia, Alejandro Sánchez. Entrevistado ayer miércoles por La diaria, aseguró que "ningún miembro del Poder Ejecutivo dijo que se iba a militarizar el patrullaje", sino que el concepto fue expresado por la oposición. De todas formas, aceptó como "altamente probable" que la confusión en la opinión pública, en el Frente Amplio y en el propio gobierno se haya debido a problemas de comunicación.
"No hubo una comunicación firme y concisa que cortara todas las interpretaciones equivocadas", concluyó.
Armas para la Policía y el Ejército
La resolución que habilita el empleo de blindados militares fue firmada por Orsi y refrendada por todo el Consejo de Ministros el viernes. El documento, de todas formas, no definió ciertos detalles que todavía estaban bajo discusión del Poder Ejecutivo y han generado interrogantes tanto en dirigentes del oficialismo como de la oposición.
Uno de esos detalles refiere al tipo de vehículo. Además de los Mamba MK7, la Policía Nacional tendrá a disposición otros cuatro modelos. Uno es el RPZ Cóndor, un histórico vehículo del Ejército que cuenta con más de 40 años a disposición de la institución, de los cuales más de la mitad estuvieron desplegados en operaciones de paz de las Naciones Unidas en África. Fabricado por la empresa alemana Thyssen Henschel, dispone de un motor Mercedes-Benz OM 352A diésel turboalimentado y una caja de cambios manual de 8 marchas. La tripulación está constituida por conductor, jefe de carro y un radio operador.
El domingo 28 el Batallón de Infantería Mecanizado N°15 del Ejército, con base en la ciudad de Florida, acondicionó cuatro vehículos RPZ Cóndor para trasladarlos a Montevideo con destino a la Policía Nacional. "La fuerza está comprometida en cumplir a cabalidad con esta nueva misión, el objetivo es realizar un adecuado mantenimiento e inspección de cada vehículo con rigurosidad, para entregarlos en óptimas condiciones", informó el Ejército en un comunicado de prensa.
Sin embargo, dos días después, El Observador indicó que en la Policía consideran que esos vehículos "no son los más operativos para colaborar con la presencia en los barrios" porque tienen un limitado campo de visión, sin ventanas en los costados y con ventanas solo del lado del chofer.
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Por sus prestaciones y modernidad, el Mamba MK7 está más capacitado para misiones de alta exigencia y patrullaje que el RPZ Cóndor: es un blindado protegido contra minas de configuración 4×4, desarrollado para operaciones de mantenimiento de paz, entornos de conflicto y misiones expedicionarias de alta exigencia. Debido a esta mayor sofisticación, el convenio firmado en el Consejo de Ministros especifica que Defensa deberá brindar capacitación al personal policial designado por Interior "a los efectos del correcto uso y conducción de los referidos vehículos".
El acuerdo añade que, en caso de ser requerido por el Ministerio del Interior, se designará "a personal militar capacitado en el uso de los referidos vehículos bajo los mecanismos legales correspondientes, a los efectos de la conducción de los mismos". Los catorce Mamba MK7 con los que cuenta el Ejército fueron donados en julio de 2024 por Estados Unidos, que instruyó en su operación únicamente a efectivos militares.
Negro explicó que el convenio no requiere de discusión ni aprobación parlamentaria porque se enmarca en normativa ya vigente como la Ley Orgánica Militar y el Código Civil, que permiten tanto el comodato de los vehículos como una comisión de servicio por parte de funcionarios militares en tareas de chofer.
Además, el ministro también aclaró que, en caso de operar los vehículos, los militares podrán llevar un arma de reglamento, un punto que el convenio no explicita. “El militar tiene ese derecho por definición, por estado militar y por estatuto. Seguramente haga el uso de ese derecho, de portar un arma de puño, de uso civil y que eventualmente la utilizará si llega el caso de preservar su integridad física, su seguridad y su vida”, concluyó.
A la espera de Estados Unidos
Los Mamba MK7 fueron financiados en régimen de donación a través de la Iniciativa de Operaciones Globales de Mantenimiento de la Paz del Departamento de Estado de Estados Unidos, en el marco de un programa de cooperación valorado en US$ 13,9 millones. Los vehículos se entregaron para integrar específicamente una compañía de infantería mecanizada de respuesta rápida (QRF, por sus siglas en inglés) para misiones operativas de paz que Uruguay pueda desarrollar con mandato de las Naciones Unidas.
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El presidente Yamandú Orsi junto al embajador de Estados Unidos en Uruguay, Lou Rinaldi, en una imagen de 2025.
Santiago Mazzarovich/adhocFOTOS
Si el Poder Ejecutivo decide estos blindados a una función distinta de la originalmente prevista, como patrullaje en tareas de seguridad nacional, precisa elevar una solicitud a Estados Unidos para modificar el uso establecido en la donación de 2024. Ante la consulta de Búsqueda, desde la Embajada de Estados Unidos en Uruguay respondió que no tenía comentarios para realizar.
Durante la administración anterior, Uruguay se comprometió ante la ONU a crear una QRF, una unidad militar de vanguardia que proporcione apoyo inmediato a contingentes de cascos azules que requieren asistencia operativa para la protección de población civil e infraestructura crítica. Para desarrollar esa unidad, Uruguay necesitaba medios de transporte modernos como los Mamba MK7. Desde su entrega en julio de 2024 por parte de Estados Unidos, los Mamba MK7 permanecen en Uruguay a la espera de un eventual despliegue dispuesto por las Naciones Unidas, como integrantes de la QRF que el Ejército ya tiene a disposición.
El acuerdo firmado la semana pasada en Torre Ejecutiva le permite al Ministerio de Defensa "exigir" la devolución anticipada de los vehículos en caso "de existir razones de fuerza mayor o caso fortuito que obliguen al ministerio". Aunque el documento no menciona los Mamba MK7, la QRF ni las misiones de paz de las Naciones Unidas, fuentes oficiales dijeron a Búsqueda que el punto fue incluido como resguardo, para habilitar eventualmente al Ministerio de Defensa al empleo de esos blindados ante un requerimiento de la ONU.
