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La Rendición de Cuentas plantea obligar a los organismos públicos a presentar un informe anual sobre ciberseguridad
El proyecto incorpora un nuevo mecanismo de seguimiento para todos los organismos del Estado; también incluye una partida para inteligencia artificial destinada a violencia de género
En octubre de 2025, la Agesic presentó la versión 5.0 del Marco de Ciberseguridad de Uruguay.
El proyecto de Rendición de Cuentas incorpora una nueva obligación para todos los organismos públicos sobre ciberseguridad. Si esa propuesta consigue aprobación parlamentaria, las entidades estatales deberán elaborar cada año un informe sobre el estado de sus sistemas de protección informática y remitirlo a la Agencia de Gobierno Electrónico y Sociedad de la Información y del Conocimiento (Agesic).
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El artículo 22 establece que, antes del 1 de marzo de cada año, los organismos deberán presentar un informe a su jerarca, quien tendrá luego 60 días para enviarlo a la Agesic. Según el texto, ese documento deberá incluir “oportunidades de mejora, considerando en especial el grado de cumplimiento del Marco de Ciberseguridad Uruguay (MCU)” y las “notificaciones de seguridad de la información de alta criticidad recibidas desde la Agesic durante el período anual correspondiente al informe”. También deberá contener “un plan de acción que incorpore una priorización en la implementación de los controles de seguridad de mayor relevancia que resulten del análisis de cumplimiento del MCU, de acuerdo a los criterios definidos por la Agesic”.
La Rendición dispone además que la Agesic definirá el formato de esos informes y los criterios para establecer prioridades. “En caso de que el informe recibido por la Agesic no se ajuste a los criterios publicados, esta enviará recomendaciones de modificaciones a la entidad que corresponda, quien a su vez tendrá un plazo de sesenta días para remitir un informe ajustado. En caso de incumplimiento, la Agesic podrá ejercer la facultad conferida por el artículo 79 de la Ley Nº 20.212, de 6 de noviembre de 2023”.
Ese artículo faculta a la Agesic a “requerir el ajuste de los procedimientos a la normativa vigente en materia de ciberseguridad”, exigir medidas para prevenir riesgos, solicitar información adicional sobre incidentes y “apercibir” a los organismos por incumplimientos.
La incorporación de esta obligación se produce después de que el gobierno aprobara, a fines de 2025, un decreto para reforzar la ciberseguridad del Estado tras una serie de ataques informáticos a organismos públicos. La semana pasada, Búsqueda reveló, a partir de un pedido de acceso a la información pública, que solo 10 de los 244 organismos alcanzados por esa norma comunicaron el cumplimiento total de las obligaciones previstas.
Inteligencia artificial para violencia de género
El proyecto también incorpora una partida específica para inteligencia artificial en el Ministerio del Interior. El proyecto asigna $ 3 millones para la adquisición de “herramientas informáticas de inteligencia artificial” e “infraestructura informática de inteligencia artificial aplicada a violencia de género”.
El texto no detalla qué tecnología se utilizará ni cuál será su funcionamiento.
En otro artículo, la Rendición de Cuentas reasigna $ 23 millones a la Universidad Tecnológica para la “contratación a término de docentes”, así como para el pago de “compensaciones y extensiones horarias a docentes” que participan en el programa Uruguay Global II. Según el proyecto, ese programa desarrolla posgrados y cursos de educación continua en competencias digitales avanzadas, como “inteligencia artificial, ciencia de datos, ciberseguridad y otras tecnologías emergentes”.
