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El 25 de junio la Policía Federal de Brasil informó en un comunicado de prensa sobre un operativo de droga realizado en conjunto con la Administración para el Control de Drogas (DEA) de Estados Unidos. El procedimiento combinó varios elementos inusuales: el escenario donde se ejecutó, las fuerzas de seguridad que participaron, la embarcación utilizada y, sobre todo, el papel decisivo que tuvo Uruguay en su origen.
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Bautizada operación Mirlo, la acción terminó con la incautación de 1.075 kilogramos de cocaína transportados a bordo de un velero de bandera polaca. El hallazgo se produjo en aguas al sur de Madagascar, en pleno océano Índico, dentro de una zona de tránsito marítimo internacional frente a las costas del sureste de África. Como consecuencia del procedimiento fueron detenidos tres hombres: dos de nacionalidad boliviana y uno brasileña.
Pese a la distancia —el operativo se concretó a más de 10.000 kilómetros de Montevideo—, la investigación tuvo su punto de partida en Uruguay, a cargo de la División Investigaciones de la Prefectura Nacional Naval. Según informó la Armada Nacional el lunes 6, la pesquisa “surgió a partir de información de inteligencia que indicaba que una organización criminal utilizaría un velero para el transporte internacional de sustancias estupefacientes”.
La operación quedó en manos de la Armada de Francia, que patrulla esas aguas de forma habitual: sus territorios de ultramar en el océano Índico —La Reunión y Mayotte— le dan una presencia naval permanente en la zona. Fueron sus buques los que salieron al encuentro del velero, lo interceptaron en altamar y abordaron la embarcación. Allí encontraron más de una tonelada de cocaína, además de un cargamento de armas que los tripulantes llevaban a bordo. Los tres hombres fueron detenidos en el lugar.
Del operativo participaron, además de la Armada de Francia, la DEA, la Policía Federal de Brasil y la Prefectura Nacional Naval de Uruguay, otros tres organismos: la Unidad de Seguridad Marítima de Interpol, la Fuerza de Tarea Interinstitucional Conjunta-Sur (JIATF-S) y el Centro de Análisis y Operaciones Marítimas-Narcóticos (MAOC).
El JIATF-S es una fuerza de tarea de Estados Unidos dedicada a la detección y el monitoreo del tráfico ilícito de drogas, principalmente en el Caribe y el Pacífico. El MAOC, por su parte, es un centro de cooperación entre países europeos y aliados que analiza información y coordina operativos contra el tráfico marítimo de drogas, sobre todo en el Atlántico y en aguas cercanas a Europa. La participación de ambos organismos en un procedimiento realizado en el sudeste de África, fuera de sus áreas habituales de actuación, refleja el alcance internacional que tuvo el operativo.
La ruta del narcotráfico
El rol concreto de la Prefectura Nacional Naval fue detectar al velero e integrantes del grupo narco en Uruguay y compartir esos datos de inteligencia a través de la División Investigaciones con los demás organismos internacionales, que fueron quienes ejecutaron la interceptación física del barco. Según la Armada Nacional, las tareas de investigación y seguimiento de la Prefectura permitieron establecer que la droga no fue cargada, embarcada ni contaminada en el país.
“El resultado de esta operación fue posible gracias a la rápida detección de la organización criminal y al ágil intercambio de información derivado de las tareas de investigación e inteligencia desarrolladas, tanto en territorio nacional como en el ámbito internacional”, indicó la institución.
Las investigaciones continúan en curso en cuatro países para identificar el origen, los integrantes y el tipo de negocio de la organización criminal. Una de las hipótesis, según señalaron fuentes del gobierno a Búsqueda, es que se trata de grupos brasileños de renombre junto con grupos europeos, que utilizarían esta modalidad como alternativa a la ruta marítima clásica, que consiste en el uso de puertos sudamericanos y grandes buques contenedores con destino a África o Europa.
Por el tipo de ruta interceptada, se presume que el velero salió de Brasil, hizo escalas en la región y luego cruzó el Atlántico Sur bordeando Sudáfrica y Mozambique, un trayecto que ya había sido identificado en operativos anteriores como una modalidad utilizada por organizaciones brasileñas para enviar droga hacia África y Europa mediante veleros.
Lanchas de la Prefectura Nacional Naval en el Puerto de Montevideo.
Javier Calvelo/adhocFOTOS
En su Informe Mundial sobre las Drogas 2026, la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (Unodc) planteó que los narcotraficantes están “explorando cada vez más o dependiendo de enfoques completamente diferentes para el tráfico a través del océano, evitando los puertos comerciales”. Estos métodos pueden incluir técnicas como transferencias entre embarcaciones o entregas previamente acordadas (para su posterior recuperación) en el mar, así como el uso de veleros, buques semisumergibles y drones acuáticos no tripulados.
El informe señala que la producción de cocaína continuó creciendo en 2024, aumentando más de cuatro veces en los últimos 10 años hasta alcanzar una estimación de más de 4.000 toneladas (en forma pura), impulsada en gran medida por el aumento de la productividad y la expansión del área de cultivo en Bolivia, Colombia y Perú.
“Los grupos del crimen organizado siguen canalizando cantidades cada vez mayores de cocaína hacia mercados de destino establecidos y emergentes, con el objetivo de maximizar las ganancias y ampliar su base de consumidores más allá de sus principales mercados ya consolidados en Europa Occidental y Central, América del Norte y Oceanía”, indica la Unodc. “Las pruebas de esta continua expansión pueden observarse en África y Asia, donde, a pesar de las cantidades relativamente bajas de incautaciones, algunos países de estas regiones registraron las tasas de crecimiento más altas de incautaciones de cocaína a nivel mundial durante el período 2020-2024”, concluye.
