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El tamaño del Estado medido por su plantilla volvió a crecer en 2025: los vínculos laborales totalizaron 318.269, 4.473 más que los 313.796 del año anterior (1,4%).
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Estas cifras pueden calcularse a partir del informe anual elaborado por la Oficina Nacional del Servicio Civil (ONSC) que acompañó el proyecto de Rendición de Cuentas correspondiente al año pasado presentado en la noche de este martes 30 por el Poder Ejecutivo al Parlamento.
Los funcionarios con calidad de tales fueron 305.097 en 2025, frente a los 300.893 que había el año previo (aumento de 1,4%), en tanto que los no funcionarios —pasantes, becarios, contratos laborales de derecho privado, arrendamientos de servicios y otras modalidades de vínculo— se incrementaron de 12.903 en 2024 a 13.172 (2,1%).
De las estadísticas recopiladas por la ONSC surge que las mujeres eran mayoría (57,7%) entre quienes trabajaban para el Estado y que la edad promedio de la plantilla total era de 43 años. A escala nacional, los vínculos laborales públicos representaron en promedio 17,9% del total de ocupados el año pasado, con el caso extremo de Treinta y Tres, donde fueron más de un cuarto (25,9%).
En perspectiva histórica —la serie disponible para 30 años—, y dada la tendencia casi siempre al aumento, la cifra de vínculos del 2025 es un nuevo máximo. En ese año el Estado tuvo 48.247 más relaciones de trabajo que en 1995, cuando la plantilla la integraban unas 270.000 personas. El crecimiento porcentual en ese lapso fue de 17,9%.
Promesa de shock y posterior aumento
El 2025 es un año de recambio de gobierno, por lo que involucra —hasta el 1 de marzo— a dos administraciones.
En 2024, el último completo de la administración saliente, que tuvo a Luis Lacalle Pou en la presidencia, había sido confirmatorio de una tendencia de crecimiento del número de vínculos. De hecho, solo en 2020 (309.541) y en 2021 (306.675) se dieron bajas respecto a cada año previo, y luego se sucedieron aumentos (308.557 en 2022, 310.322 en 2023 y 313.796 en 2024).
Lacalle Pou había prometido en la campaña electoral de 2019 aplicar un “shock de austeridad” que, entre otras cosas, proponía ahorrar el equivalente a US$ 100 millones anuales no reponiendo unas 5.500 vacantes, el 18% del total de las generadas por jubilaciones y fallecimientos. A través de su Ley de Presupuesto, ese capítulo del plan de abatimiento del déficit fiscal se instrumentó mediante un tope —de uno cada tres— a la cantidad de cupos libres que podían cubrirse. Pero esa restricción se fue haciendo laxa para varios organismos que alegaron insuficiencia de personal.
La postura de los políticos del Frente Amplio era crítica con el tipo de ajuste fiscal adoptado por el gobierno de la coalición multicolor. Cuando la izquierda volvió al poder, derogó el artículo referido al “uno por tres”; a varias dependencias les “falta gente”, justificaron las autoridades de la ONSC después de hacer un relevamiento.
El proyecto de Rendición de Cuentas que ahora empezará a tratar el Parlamento contempla, en 2027, la creación de 300 cargos para policías que estarán destinados a reforzar la vigilancia en el área metropolitana y en Montevideo.
