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Hay de todo: inteligentes, burros, vocacionales, buenos y corruptos. Siempre han sido un reflejo de la sociedad, pero en los últimos años al ritmo de la descomposición cultural y ética aumentó el número de políticos y funcionarios que en lugar de trabajar por el bien común lo hacen en su propio beneficio.
En las etapas históricas complejas es cuando más se necesitan referentes, guías, ejemplos. La historia del mundo demuestra que cuando hubo que superar momentos críticos siempre se logró de la mano de conductores que concitaron el reconocimiento de los ciudadanos.
Aquí ocurre lo contrario. Violan la ley amparados en sus cargos, pero esas transgresiones poco conmueven a los ciudadanos. La cantinela de que toda denuncia tiene siempre motivaciones partidarias parece haber prendido. Es la maldita hiperpartidización que coloca una venda sobre los ojos de los obtusos que repiten lo que otros obtusos argumentan. Olvidan que el voto no es un cheque en blanco y que no se debe nivelar para abajo: disminuye el nivel de exigencia del ciudadano y, consecuentemente, de sus gobernantes y funcionarios.
¿Cuántos sancionan a los malos y conducen a los ciudadanos por la ruta correcta? Algunos, pero la mayoría ha sido desplazada por mediocres sin principios ni formación. Se justifican en que responden a intereses populares como si quienes piensan diferente no lo hicieran. Se imponen discursos populacheros y hasta se expresan con faltas de ortografía, valga la comparación.
Llegaron por el voto popular, pero así también llegaron Fujimori en Perú, los Kirchner en Argentina, Rousseff y Da Silva en Brasil, Martinelli en Panamá, Ortega en Nicaragua, Duterte en Filipinas, Chávez y Maduro en Venezuela y centenares de gobernantes españoles que hoy van camino de la cárcel.
Desde hace algunos años se aceleraron los cambios. No solo por la degradación sino porque se ha impuesto un precepto: “¡Poder y dinero ya!”. Lo avalan cómplices miles de ciudadanos más preocupados por la politiquería, la banalidad o por trascender mediante comentarios absurdos o procaces.
Dejan de lado el honor y la institucionalidad como en la falsa Licenciatura del vicepresidente Raúl Sendic. O los falsos sociólogos, el ex subdirector del INR, Gustavo Belarra y el secretario político del Frente Amplio y director del IMPO, Gonzalo Reboledo, sean o no delitos.
¿Quién recuerda que el edil del Frente Amplio Walter de los Santos fue procesado en marzo por la jueza Beatriz Larrieu por “atentado especialmente agravado”? Agredió a tres inspectores que fiscalizaban un boliche nocturno (Constituyente y Minas) en el que tiene intereses. Este “gobernante” registra en el pasado un proceso por estafa, lesiones y apropiación indebida.
Otros han olvidado al edil nacionalista de Maldonado, José Plada, procesado en Rivera por agredir y lesionar a su esposa luego de un beberaje con otros ediles.
¿Y el presidente del gremio del INAU, Joselo López, procesado por torturas a internos? Sigue tan campante pontificando en el PIT-CNT y en el gremio en el que torturó. Corre de la mano con el ex director de ASSE, Alfredo Silva, procesado por meter la mano en la lata.
Hagamos lugar para los inspectores de tránsito. Con el aval del intendente Daniel Martínez abusan de sus funciones. Salen a cazar conductores de Uber e interrogan a choferes y ocupantes de vehículos particulares que pueden negarse al interrogatorio, pero tienen miedo. Un espejo de las operaciones rastrillo de la dictadura. Martínez evita enfrentarse a los conductores de los 3.000 taxis y a sus familiares y amigos. Todos votan. Con esta política alienta los ataques violentos contra choferes de Uber. Y ahora se viene Cabify.
Otros (o los mismos) inspectores violan la ley, como reveló “La Diaria”. Estafaban a la empresa de estacionamiento tarifado y a la Intendencia. Dejaban sus coches con una visible letra “Z” (aparentemente de zorro) para que sus colegas no los multaran o utilizaban tarjetas vencidas. ¿Los destituirán (ineptitud, omisión o delito)? ¿A qué no? Para Martínez es mejor dejarlos que enfrentarse a Adeom, la dueña de la comuna y del intendente.
Dentro de este marco surgieron las sorprendentes expresiones del coronel retirado Ruben Harmann, edil suplente del Partido Nacional de Florida. En un discurso aventuró: “Por ahora comenzamos a volver”. Aprovechó a saludar a sus camaradas condenados por violaciones a los derechos humanos. Lo sancionará el gobierno, pero ¿en su partido nadie sabía cómo pensaba?
También parece haber caído en el olvido que el gobierno no pagó durante veinte años los aportes al BPS de la ex secretaria del ex legislador y ex presidente del Sodre, Jorge Orrico. Aunque la omisión fue del Ministerio de Economía, el ministro Danilo Astori ordenó cesar a Orrico por “falta de confianza”. Parece chiste.
Los colorados no están libres. Un escándalo sin precedentes generó la lista 505 que conduce Guzmán Ifrán. Su única diputada, Valentina Rapela, decidió desvincularse al igual que el edil Gustavo Zúñiga. Ambos habían firmado poderes para que Ifrán cobrara sus haberes y les daba solo parte. La separación —que eliminó ese ingreso extra— generó la ira de Ifrán y de su familia, todos “enganchados” en el reparto. Decidieron no dejar el despacho de Rapela y la forzaron a cambiar la cerradura.
Luego de lo ocurrido, Ifrán, empleado en la Secretaría, cree que “como todo trabajador” tiene derechos y reclamó en el Ministerio de Trabajo. Puede ser interesante saber qué decide un juez laboral si continúa ese trámite.
En este breve resumen de degradaciones no están la inseguridad, los asesinados, el hacinamiento carcelario, la corrupción policial ni los antecedentes de la Dirección de Casinos, Pluna, Ancap, Alur y Alas Uruguay.
Tras el referéndum que determinó la salida del Reino Unido de la Unión Europea escuché a un político inglés pronosticando lo negativo de ese resultado. Con tradicional flema británica se lamentó: “It all goes to shit”. Vale decir: “Todo se va a la mierda”.
