¿Juzgarán a Putin?

Lo refiere en Búsqueda la semana pasada Guillermo Sicardi en una columna que con agudeza tituló Occidente acobardado. Vale releerla. Refiere a la esencia de ese título que apunta a una historia de timoratas reticencias que en la región fomentaron el crecimiento de gobernantes totalitarios y mucho antes a las omisiones históricas que en 1933 terminaron con al advenimiento de Hitler. Muchos le dan a Ucrania asistencia económica “pero poco apoyo logístico para pelear en el campo de batalla, que es donde se ganan o pierden las guerras”, advierte Sicardi.

La suspensión se debió a la “actual crisis humanitaria y de derechos humanos en Ucrania, en particular por los informes de violaciones y abusos de los derechos humanos y de violaciones del derecho internacional humanitario por parte de la Federación de Rusia”. El tirón de orejas fue apenas eso: 15 días después Rusia bombardeó Kiev mientras la visitaba el secretario general de la ONU, Antonio Guterres.

Las decisiones con fundamento legal son las únicas que tienen peso y efectos, como lo demostró la que abrió ese camino tras la Segunda Guerra Mundial mediante los procesos de Núremberg contra los depredadores gobernantes alemanes.

Al final de la guerra los aliados sometieron a juicio varios crímenes y abusos cometidos por el Tercer Reich entre setiembre de 1939 y mayo de 1945. Las audiencias tuvieron lugar entre el 20 de noviembre de 1945 y el 1o de octubre de 1946 con el centro en los 24 principales dirigentes nazis vivos, colaboradores y organizaciones. En juicios públicos declararon 240 testigos. El tribunal dictó 12 condenas a muerte por la ahorca, siete sentencias de prisión, algunas a perpetuidad, y tres absoluciones. Al menos cuatro procesados se suicidaron antes o después de haber sido condenados. Los juicios y condenas continuaron luego en Israel.

Núremberg constituyó un precedente jurisdiccional histórico: fueron los primeros juicios en la historia destinados a castigar, por medio de una instancia independiente, jurídica y de naturaleza internacional, a responsables de crímenes de guerra.

Desde que comenzó la invasión a Ucrania, el 24 de febrero, Amnistía Internacional documentó “una escalada de violaciones del derecho humanitario y de los derechos humanos que incluye muertes de civiles a consecuencia de ataques indiscriminados contra zonas e infraestructura de carácter civil. Los ataques contra bienes civiles, como hospitales y escuelas, el uso de armas de efectos indiscriminados, como misiles balísticos, y el uso de armas prohibidas, como las bombas de racimo, podrían constituir crímenes de guerra”. La semana pasada la televisión estatal rusa lanzó una amenaza disfrazada de información: el gobierno de Putin está en condiciones de destruir Berlín en 106 segundos, París en 200 segundos y Londres en 202 segundos. Amedrentar a los cobardes siempre ha dado resultado.

Núremberg fue el primer paso legal universal hasta que se creó La Corte Penal Internacional (CPI) para enjuiciar genocidios, crímenes de guerra y delitos de lesa humanidad. Se estableció en 1998 mediante el Estatuto de Roma. Empezó a funcionar en 2003. Hasta ahora ha condenado, entre otros, a Laurent Gbagbo, de Costa de Marfil, a Omar al-Bashir de Sudán, a Dominic Ongwen, de Uganda, y a los líderes político-militares serbiobosnios Radovan Karadzic y Ratko Mladic, condenados a cadena perpetua por la Corte.

Hoy el gobierno de Putin es un objetivo del fiscal jefe de la CPI, el británico Karim Kahan. Abrió una investigación en Ucrania y recibió el respaldo de varios gobiernos. Aunque Uruguay aprobó su cooperación con la CPI mediante la ley 18.026 de 2006 que otorga amplias libertades a los investigadores, sin interrogar a los rusos es una tarea que parece estéril. Sobre la decisión del fiscal de la CPI, el gobierno uruguayo, mutis por el foro.

Para acusar a Putin el fiscal debe demostrar su responsabilidad en los delitos investigados y determinar la escala, la naturaleza y el impacto de los crímenes de guerra. Pese a la terminante sanción de la ONU siempre estarán entre bastidores quienes aboguen por la mesura de lo políticamente correcto para evitar que Putin se siente en el banquillo de los acusados. Quizá, ¿por qué no?, le facilitarán su refugio en una playa soleada con acceso al disfrute de sus cuentas.