¡La violencia otra vez!

El primer suceso preocupante fue que Martín Soppi, uno de los integrantes de la terna arbitral designada para dirigir el cotejo entre Nacional y Montevideo City Torque, el pasado domingo, recibió una muy seria amenaza (cuando estaba circunstancialmente fuera del país) por parte de alguien autoidentificado como hincha tricolor, razón por la que solicitó no ser tenido en cuenta para esa oportunidad. También uno de los líneas del partido entre Nacional y Liverpool, la semana anterior, había denunciado amenazas de similar índole, una vez que había finalizado ese cotejo. Aunque este hecho ya había originado molestias y preocupación en la Audaf, esta creyó prudente hacer un compás de espera, antes de dar cuenta de lo ocurrido a las autoridades de la AUF. Así las cosas, la muy seria amenaza de muerte recibida por Gustavo Tejera, en pleno campo de juego, no bien concluyera el partido en Jardines del Hipódromo, por parte de un fotógrafo vinculado al club locatario, fue la gota que desbordó el vaso. Y como inmediata reacción, y previo a procurar una solución de fondo por parte de las autoridades de la AUF, la gremial decidió no arbitrar el resto de los partidos pendientes de esa cuarta fecha, el domingo y lunes siguientes.

Confieso que no veo de qué forma pueden evitarse por entero situaciones como las que hoy se denuncian (y conste que he ejercido mi profesión como abogado penalista durante casi medio siglo, y la docencia en materia penal en un tiempo casi similar), aunque sí deberían ser sancionadas con arreglo a las normas y los medios hoy disponibles. Quiérase o no, la profesión de árbitro de fútbol está, de por sí, expuesta siempre al juicio ajeno, que puede ser justo o injusto. Y los excesos a ese respecto deben ser juzgados con arreglo a los procedimientos disciplinarios ya existentes en el propio ámbito del fútbol; o —en su caso, y si correspondiere— aplicando las normas de alcance general previstas en la actual legislación penal, que se nos antoja suficientes. Lo que sí debe procurarse es reducir al máximo los errores de los árbitros (la utilización plena del mecanismo del VAR es indispensable para ello), y que los distintos estamentos de la AUF apliquen rigurosamente las normas sancionatorias ya vigentes, cuando ello sea pertinente. Y, por su parte, que los dirigentes clubistas que se sientan afectados por un fallo que no comparten, se abstengan de ventilar públicamente sus discrepancias (para “quedar bien” con la hinchada), y acudan a los mecanismos internos estatuidos con ese fin.

El martes 8, a última hora, todo apuntaba a que se habría llegado a un acuerdo para que, contemplándose en lo posible los reclamos de la Audaf, el fútbol pudiera reanudarse, de modo de completar, ya este fin de semana, la fecha suspendida. Según lo trascendido, la AUF se compromete a dar mayores garantías en cuanto a la seguridad de los jueces en los campos de juego y en sus adyacencias, y también a darle cabida a un representante del gremio en el Tribunal de Ética (en el lugar que fuera ocupado por Oliver Viera hasta el año 2011). No, en cambio, a endurecer las sanciones del Código de Ética, como les fuera solicitado, sino a procurar que ellas se apliquen de un modo más estricto.

¡Todo bien! Aunque también se debería agilitar la reanudación de la aplicación irrestricta del VAR, lo que permitiría subsanar de cuajo algunos errores de los árbitros, y las consiguientes reacciones indeseadas de los afectados por ellos.