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La ofensiva de la izquierda para arropar al expresidente Luis Inácio Lula da Silva desprecia la independencia judicial, insinúa que los jueces son deshonestos y desnuda su propia complicidad. Alienta al ciudadano a sumarse al menoscabo institucional. En su afán por defender sus menguantes afinidades ideológicas le atribuye al juez brasileño Sergio Moro —quien condenó a Lula por corrupción y blanqueo de dinero—, conspirar para castigar y/o desalojar del poder a gobernantes o exgobernantes de la región.
Esos defensores no ofrecen ninguna prueba para demostrar la inocencia de sus patrocinados. Solo discursos panfletarios e ideologizados que caen por su propio peso. La democracia y el principio de legalidad siempre van unidos.
Sin argumentos jurídicos apuntan a reivindicar “lo político por encima de lo jurídico”, inspirados en la filosofía totalitaria que en julio de 2012 acuñó el expresidente José Mujica para justificar el tramposo ingreso de la Venezuela de Hugo Chávez al Mercosur. Es lo que hace la predecesora de Lula, la destituida Dilma Rousseff, al calificar el procesamiento de su socio como un “escarnio”.
La izquierda lo observa como una confabulación. La atribuye a maniobras de la perversa derecha, del capitalismo, de la burguesía empresarial y todos los históricos calificativos-comodines que los militantes repiten como loros. ¡Goebbels tenía razón!
Uno de los ejemplos más notorios es el del talentoso penalista y criminólogo argentino Eugenio Zaffaroni. Archiva su condición de científico para militar contra la condena de Lula sin argumentos jurídicos. ¿Acaso no los expresa por inadvertencia?: ¡claro que no! Los omite porque nada de peso tiene para fundamentar. De paso aprovecha para defender a su amiga y mentora Cristina Fernández, también procesada por corrupción y al resto de los corruptos.
A los 77 años de edad, con casi 50 como juez, se transformó en un panfletario alcahuete. El 6 de julio en la contratapa del diario argentino Página 12 sostuvo que existe una “Operación Cóndor judicial” que “trata de eliminar de toda contienda electoral y por vías judiciales a cualquier líder o dirigente popular capaz de ganar una elección a los candidatos de las corporaciones o a otros vendepatrias parecidos, empeñados en endeudarnos con singular y nunca antes vista celeridad”. (1)
Se explica. Pese a la condena a nueve años y medio y 19 años de inhabilitación para ocupar cargos públicos, Lula lidera las encuestas. Pero lo esperan otros cuatro procesos por corrupción y potenciales condenas. Si un Tribunal Federal las declarara nulas, podrá ser candidato para las elecciones de 2018. Pero el espejo de la ley siempre refleja lo que somos y no lo que quisiéramos ser y en el momento en que nos conviene. Pero si lo revocan, habrá que acatarlo.
Zaffaroni empezó su carrera como magistrado jura?ndo fidelidad a los principios de los dictadores militares Jorge Rafael Videla y Juan Carlos Onganía. Cuando cesó la dictadura coqueteó con el radicalismo y al ver cómo venía el futuro se abrazó al kirchnerismo. Montado sobre Néstor y Cristina llegó a la Corte Suprema de su país, primero, y luego a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. ¡Con este personaje qué garantías tienen los Estados —de eso se trata la tarea de la Corte— de ser juzgados con imparcialidad!
Pero además utiliza una metáfora equivocada. Es falso que exista una “Operación Cóndor judicial”. Por el contrario, con sus amigos y otros gobernantes han tejido una Operación condón judicial para cubrir a los corruptos con una funda impermeable y protegerlos de la ley.
Lo bueno es que hay opiniones políticamente desinteresadas. Para Bruno Brandão, representante de Transparencia Internacional en Brasil ,“la imagen de impunidad de las elites brasileñas se está resquebrajando”. Hay otras sobre el papel independiente de los jueces que adquieren valor por haber sido expresadas antes de la condena de Lula por el caso Oderbretch.
Alejandro Salas, director para las Américas de Transparencia Internacional, dijo que este caso (se refiere a Odebrecht) demuestra que llegó el momento del “caiga quien caiga”. Destaca que de este proceso queda “la colaboración entre Fiscalías o Procuradurías de los diferentes países. La gran corrupción no pasa solo dentro de las fronteras de un país. (…) Otra cosa importante es que en América Latina, donde existe la idea de que hay personas intocables (…) nadie se hubiera imaginado a Marcelo Odebrecht en la cárcel, un empresario poderosísimo, o a políticos de primer nivel”.
El 10 de julio tuvo lugar en Nueva York un debate patrocinado por Unesco y Transparencia Internacional sobre la lucha contra la corrupción y el diálogo entre sociedad civil y sistemas judiciales. En esa instancia todos los ponentes destacaron el papel de los jueces independientes.
Entre los ponentes, el expresidente de la Suprema Corte de Justicia, Ricardo Pérez Manrique, destacó la importancia de la actuación de los jueces frente “al rol multiplicador del fenómeno de la corrupción”, porque son los magistrados, con sus dificultades y virtudes, “quienes investigan y pueden llegar a sancionar estas conductas repudiables”.
Está claro, dijo Pérez Manrique, que para ello se requiere que los jueces tengan una rígida formación. “Sobran ejemplos en la región sobre cómo jueces con sólida formación jurídica y ética han logrado y logran avances importantes en la lucha contra la corrupción”.
Llamó a estar alerta ante la eventualidad de desvíos en el comportamiento de los magistrados. Puso el énfasis en que ante cualquier acto grave se debe proceder a la destitución del infractor.
Sin citar ningún caso concreto —pero de la memoria ciudadana y de cualquier hemeroteca irrumpen los ejemplos locales y vecinos—, Pérez Manrique sostuvo que el dinero que la corrupción desvía hacia los negocios ilícitos “debe ser destinado a cumplir el objetivo esencial de combate a la pobreza y al hambre”.
Brandão, Salas y Pérez Manrique, entre muchos, se ubican en las antípodas éticas y morales de personajes como Zaffaroni y de los polticastros que bregan por cubrir con condones a los corruptos que decidieron priorizar sus bolsillos e intereses políticos a los de la sociedad.
