“Pichulo” y el daño moral

El hacendado, de 76 años, “Pichulo”, mantuvo una conversación por Whatsapp con un amigo. Con tono irónico, festivo y aparente intencionalidad partidaria. Afirmaron que  el diputado Luis Fratti (Espacio 609), el vicepresidente Raúl Sendic (711) el ex presidente José Mujica y la senadora Lucía Topolansky (MPP) compraron  una estancia en Santa Clara de Olimar, Treinta y Tres, por un valor millonario. 

La jurisprudencia no registra un hecho similar. No surge del Anuario de Derecho Civil de Santiago Carnelli, la mayor síntesis de sentencias en esa materia, en una revisión desde 2009 cuando el Whatsapp se popularizó.

A lo civil se añade una eventual responsabilidad penal respecto de la cual Fratti accionó.  El artículo 333 del Código Penal establece que “El que ante varias personas reunidas o separadas, pero de tal manera que pueda difundirse la versión, le atribuyere a una persona un hecho determinado, que si fuere cierto, pudiera dar lugar contra ella a un procedimiento penal o disciplinario, o exponerla al odio o al desprecio público, será castigado con pena de cuatro meses de prisión a tres años de penitenciaría o 80 UR (ochenta unidades reajustables) a 800 UR (ochocientas unidades reajustables) de multa”. Pero esta es otra historia.

La atribución a los políticos por la compra del campo es falsa. Lo adquirió un fideicomiso ajeno a los gobernantes.

El abuso del Whatsapp, de las redes sociales y los comentarios a  noticias se han convertido en tierra de nadie. Las redes sociales tienen muchos beneficios, sin dudas, pero son campo fértil para la difamación, el insulto y en algunos casos la pretensión de sustituir a los representantes de la soberanía. También se usan para presionar bajo el disfraz de la movilización social. Cuando los políticos están lejos de la gente, dejan brechas.

Es un uso casi adictivo que sus usuarios no controlan. Cuando alguien digita o habla por esas vías no piensa en la proyección de sus expresiones ni en que debido a sus desbordes puede ser responsable ante la ley. A veces reenvía texto, audio o imagen sin constatar su veracidad. Muchas veces se hace con intencionalidad descalificadora y otras por militancia partidaria.

Las agresiones más habituales surgen de comentarios al pie de noticias o declaraciones, mayoritariamente firmados con un nombre de pila o pseudónimo. La cobardía de esos guapos de pacotilla, o la conciencia de que si usaran sus nombres deberían responder legalmente, los lleva a un apocalíptico anonimato. La responsabilidad no es solo de esos francotiradores sino de quienes admiten el anonimato.

El mes pasado, Carlos Gómez de la Escalera, profesor de Derecho Civil de la Universidad Carlos III de Madrid y ex juez del Tribunal Constitucional de España, exhortó a un grupo de expertos a pensar en un sistema que acorrale ese anonimato. Admitió que puede existir una colisión con el Derecho Constitucional a la libertad de expresión.

Quien esconde su nombre para comentar una noticia rara vez lo hace para contribuir con algo positivo. El anonimato los alienta.

Fratti dijo a “El País” que “estas cosas contribuyen a ensuciar porque el audio tuvo más de un millón de reproducciones. Me ha llamado gente de España para preguntar si lo que dice es cierto. Llevo más de 30 años en el campo, entonces es probable que compre campos. Lo que está de más ahí es lo de ladrón y ratero y eso no se lo perdono ni al presidente de la República”. Agregó que está dispuesto a ir hasta las últimas consecuencias.

Si dicen que fue una broma, que están arrepentidos y quieren pedir disculpas “que se las pidan al juez. (…) De lo que uno dice, tiene que hacerse responsable”, sentenció.

El abuso de las bromas no es nuevo. ¡Qué va! Hace veinte siglos el poeta Juvenal advertía:  “Las bromas son como la sal: se deben usar con gran precaución”. Dos mil años después la sal  de los combates partidarios sigue fomentando la hipertensión.

Fratti no reclama regular el uso del Whatsapp ni de otras redes sociales para no limitar el derecho a la expresión de las personas. Pero considera que ante situaciones como esta  “habrá que tomar alguna medida”, porque “tampoco puede ser una anarquía”.

La doctrina ha desarrollado el concepto de real malicia para dirimir el conflicto entre libertad de expresión y derecho al honor. En lo penal se debe probar la “malicia” de causar un daño, pero no es delito informar sobre hechos de interés público. El origen es una sentencia de 1964 de la Corte Suprema de Estados Unidos en el caso “The New York Times vs. Sullivan”. Por otra parte, una doctrina mayoritaria ha establecido que para la responsabilidad  civil no es necesario el dolo de injuriar. Basta la culpa o la negligencia en divulgar determinados hechos. Como en este caso.

Todo el sistema político parece tener clara la agresión al legislador. La Cámara de Representantes respaldó a Fratti, que planteó una cuestión de fueros porque se vio afectado en lo personal y como legislador. “Si empezamos así, en la campaña electoral no van a alcanzar los camiones de la barométrica”, advirtió el diputado. 

Pero al mismo tiempo que los políticos expresan su rechazo, hay grupos en todos los partidos que  trabajan para políticos en las redes sociales. Las agresiones y réplicas simplonas o pretendidamente graciosas han desplazado los debates de fondo. Casi nadie va a la médula de las cuestiones centrales. Tal vez por sumarse a la moda, porque confían en ese marketing, o simplemente —quizá lo más probable—, porque el talento, la inteligencia y el honor se han desvanecido.

El plato está servido.  Los jueces de primera y segunda instancia que deban intervenir —y eventualmente la Suprema Corte de Justicia—  deberán exprimir los fundamentos porque esa sentencia marcará un camino.