¿Piso o techo para el déficit fiscal?

En lo que va del actual gobierno, y a pesar de la sucesión de “miniajustes” fiscales que se aplicaron desde inicios de 2015 a la fecha, el déficit ha oscilado entre 3,5% y 4% del PBI. Es que los incrementos de ingresos que se obtuvieron con los cambios impositivos y las subas de las tarifas públicas resultaron en los hechos neutralizados por el incesante crecimiento de los gastos, desde 2005 hasta ahora.

Es que el notorio enfriamiento del nivel de actividad y de gasto que se observa como consecuencia directa del cambio negativo en el contexto regional a partir de fines de abril pega directamente sobre los ingresos fiscales, que ya no crecerán al ritmo previsto, y que incluso en los últimos meses han empezado a bajar en términos reales, particularmente los vinculados al consumo. A ello hay que sumar el impacto que tendrá el ciclo político-electoral, que llevará a que el gasto continúe aumentando a un ritmo mayor, como sucedió siempre desde el retorno de la democracia hasta ahora, con la excepción de 2004. Para colmo de males, este efecto puede ser mayor si el oficialismo enfrenta un escenario electoral complejo, y es mayor la probabilidad de que la fiesta la termine pagando otro, como parecen estar indicando las últimas encuestas de opinión pública.

Lo que está sucediendo ahora es similar a lo que ocurrió en 2015 y la mayor parte de 2016, pero ahora las restricciones políticas (así como la realidad de un contexto económico mucho más deteriorado en materia de competitividad y rentabilidad) llevan a que no se puedan volver a incrementar los impuestos o a recurrir con la misma fuerza a las tarifas públicas, a la vez que también el ciclo político intensifica las presiones para el aumento del gasto público. En este contexto, todo parece indicar que si no se produce rápidamente un cambio positivo en la situación regional e internacional, los actuales niveles de déficit fiscal están más cerca de constituir un “piso” en lugar de un “techo”.

Y lamentablemente, todo hace pensar que antes de eventualmente mejorar, el contexto regional e internacional tenderá a empeorar en los próximos meses. Ello es particularmente cierto respecto a Argentina y Brasil, que en el primer caso está atravesando una fuerte contracción del nivel de actividad y en el segundo deberá transitar por una compleja transición política y enfrentar un fuerte ajuste después. Es difícil esperar noticias positivas desde la región al menos por el resto de este año y buena parte del que viene. Y más bien deberíamos esperar una intensificación de las presiones deflacionarias y de la caída de la demanda regional por bienes y servicios producidos en nuestro país, así como una mayor competencia en terceros mercados.

Algo similar ocurre respecto al resto del mundo, donde ya se empieza a acumular evidencia del impacto negativo que la postura proteccionista del presidente Donald Trump está teniendo en lo que hasta el primer trimestre era un crecimiento “sincronizado” de la economía mundial, a la vez que la fortaleza relativa de la economía estadounidense debería llevar tanto a tasas de interés más altas como a un dólar más fuerte, algo que no resultará beneficioso ni para la región ni para Uruguay. A futuro, el financiamiento externo será menos abundante y más caro, al tiempo que los precios de las materias primas difícilmente mejoren de manera significativa y más bien tienen el riesgo de caer de forma importante si la “guerra comercial” lleva a una desaceleración fuerte de la economía china.

Que con este contexto externo se esté discutiendo aumentar el gasto en la Rendición de Cuentas, desafía cualquier lógica económica. Que nadie se extrañe si el déficit fiscal termina más cerca de 5% del PBI que de 4% con el actual gobierno, y si el “investment grade” queda por el camino.