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Era un domingo de julio y la calle, en la zona de Aguada Park, estaba casi desierta. Pero era de mañana y había sol; nada parecía atemorizante. La joven, de unos 20 años, se bajó del ómnibus y caminó algunas cuadras en dirección a su trabajo. De pronto, un hombre la interceptó. La arrastró hasta un terreno baldío y abusó de ella. El shock fue tan grande que apenas pudo reaccionar. Nadie la vio.
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Cuando el hombre se fue, la joven consiguió llamar a sus padres. La fueron a buscar y de inmediato se dirigieron a la Comisaría a hacer la denuncia. Ella decidió no lavarse, ni cambiarse de ropa, para preservar lo que creía que sería evidencia, rastros de ADN, para encontrar al violador.
En la Comisaría debió repetir el relato de lo que le pasó una y otra vez. Primero al que le tomó la denuncia, luego a otro oficial, luego a otro. Delante de todos, sin ninguna privacidad. Pasaron las horas, preguntó si un médico la revisaría. Le dijeron que sería “conveniente”. Pero que la denuncia estaba en conocimiento de la Fiscalía y que ellos definirían cómo seguir.
Decidió ir a su mutualista particular. Aún tenía esperanza de que los rastros en su cuerpo sirvieran como prueba. Entonces, la llamaron de la Comisaría: la fiscal había ordenado que la viera un médico del Instituto Técnico Forense (ITF). Finalmente, pensó, la revisarían, tomarían muestras.
Una funcionaria del ITF le pidió que describiera lo que le había pasado. Luego la recibió el médico que estaba de turno —era la Feria Judicial— y, otra vez, tuvo que detallar el episodio.
“¿Por qué no gritaste?”, le preguntó el médico, sin sacar los ojos de la pantalla de la computadora.
Después le dijo que no podía revisarla porque no tenía el “kit” que necesitaba. Que si quería que la analizaran, que fuera a su médico de cabecera.
“Basta, me quiero ir a mi casa”, les dijo a sus padres cuando salió.
En un último esfuerzo, decidieron ir hasta la Fiscalía a denunciar lo que había pasado. Que no la habían revisado, ni tomado muestras. Que el médico la había responsabilizado por no gritar. Que ni siquiera la había mirado.
Primero reticentes, los funcionarios accedieron a tomarle la denuncia.
Semanas después, la joven y su madre pidieron una audiencia y se reunieron con la fiscal del caso. Ella les dijo que sí, que lo que había pasado era inaceptable, pero que mucho no podía hacer, porque el ITF no dependía de la Fiscalía, sino del Poder Judicial. Les dijo que elevaría una nota con una queja a su superior, para que a su vez trasladara el reclamo a la Suprema Corte de Justicia.
Todo mal.
“Se hizo todo mal. Pasó todo lo que no tenía que pasar”, dijo la directora de la Unidad de Víctimas de la Fiscalía, Mariela Solari, luego de que Búsqueda le contara los detalles del caso. La revictimización que provoca narrar repetidas veces el episodio de abuso, la falta de un sitio con privacidad para hacer el relato, la ausencia de contención. Que no se tomara su ropa como evidencia, que el médico no la examinara.
Solari dijo que su unidad está especialmente preparada para apoyar a este tipo de víctimas, y que la Comisaría o la Fiscalía debieron darles aviso para que pudieran intervenir. La víctima también los puede contactar directamente, pero hace falta que la oficina sea más conocida entre la población. Para eso se diseñó una cartelería que se exhibirá pronto en las comisarías. La unidad está de guardia las 24 horas, todos los días del año.
Una fuente de la Fiscalía General dijo que estaba al tanto del caso, ya que se había recibido la denuncia de la fiscal, y que era parte de los hechos que se plantearon al Poder Judicial.
La Policía volvió a contactarse con la joven. Estuvieron en su casa, le hicieron más preguntas. Esa vez, de la oficina de Investigaciones. Pero revisaron las cámaras de seguridad y no encontraron las imágenes de la agresión. Entonces le pidieron que volviera a declarar en la Comisaría.
La interrogaron otra vez sobre el episodio. Esta vez un policía la hizo pasar a una sala, a la que entraba y salía gente todo el tiempo. Sacaban fotocopias, conversaban, y una canción de cumbia irrumpía cada vez que llamaban a un celular. En medio del ruido, la joven reunió fuerzas para volver a recordar los detalles de aquel día. Después se sumó una oficial mujer, que quiso volver a escuchar el cuento. “Si supuestamente estabas donde decís que pasó, es raro que no esté en las cámaras”, le cuestionó.
Se sumó un tercer oficial, que la tranquilizó explicándole que era muy posible que el hecho no hubiese quedado registrado, porque las cámaras en la zona son de comercios privados, no del Ministerio del Interior.
Entonces le preguntaron si había declarado en Investigaciones. Dijo que no, que le había hecho algunas preguntas en su casa. Hacia allí la enviaron. Y a contar todo otra vez. El oficial que la escuchó cuestionó el procedimiento y le dijo que era un “disparate” que el forense no hubiera tomado muestras. Y que, sin esas pruebas, y sin las filmaciones, no iban a poder hacer mucho. La investigación no tuvo más avances.