¡Que conventillo!

Con esa base el autor teatral argentino Alberto Vacarezza escribió jocosos sainetes como El conventillo de la Paloma. Murió en 1959 y si estuviera vivo hoy escribiría sobre la sucesión de conflictos y pujas en torno a la Fiscalía General de la Nación, la Fiscalía de Corte y la intervención popular de políticos y abogados. El sainete no le serviría porque lo actual transita por un melodrama que arriesga desestabilizar el Estado de derecho.

Díaz consolidó el CPP mediante su fuerte personalidad. Cuando fue necesario tomar medidas disciplinarias, no le tembló la mano. Desde que en 2021 lo sustituyó como interino Juan Gómez las lentas soluciones a los conflictos se resuelven en función del ruido político y los enfrentamientos internos.

A partir del “caso Astesiano” la fiscal Gabriela Fossati, montada en Twitter y en declaraciones, se convirtió en su propia defensora al ser cuestionada por colegas, abogados y políticos también mediante declaraciones o por Twitter. Desde que asumió, Díaz utilizó de forma activa esta red social y contagió a muchos fiscales hasta convertirse en un virus del conventillo. Todos quieren ser protagonistas en los medios que invariablemente recogen esos tuits de segunda como si fuera Hollywood.  Riñas de gallos y gallinas en el patio del conventillo.

Nada tiene que ver la libertad de expresión. Como dijo Heber Gatto en El País al cuestionar a Fossati: “No es digno de un fiscal, en tanto rompe el decoro y la reserva procesal, que se prodigue en declaraciones directa o indirectamente relacionadas con su trabajo investigativo, como las que Fossati efectuó en distintas ocasiones. Mucho menos que efectúe críticas genéricas a la Fiscalía donde se desempeña, o a diferentes instituciones desde la Presidencia al Ministerio del Interior”. Aunque se refirió a Fossati, es extensivo a varios.

Luego de la desvinculación de Fossati del “caso Astesiano”, la Asociación de Abogados Penalistas del Uruguay que preside Juan Fagúndez cuestionó la decisión porque “afecta a la credibilidad y al funcionamiento de Fiscalía”. Ese traslado, afirman, lo motivó el “ruido mediático” y no razones legales. Como si las incursiones casi diarias de los abogados en el debate estuvieran al margen del ruido mediático. Los penalistas describieron con acierto la situación como “farandulización”, fustigaron “el uso y abuso de Twitter” y reclamaron prudencia. Pero omitieron decir que intervenir por fuera del proceso también contribuye a esa “farandulización”.

Como si no tuviera problemas acuciantes, Fossati me sorprendió en diciembre para aconsejarme sobre cortesía y protocolo mediante un mensaje de WhatsApp. Me reprochó que hubiera escrito que tiene 60 años, porque “un caballero no hace referencia a la edad de una dama”.  Pese a tratarse de un hecho irrelevante, demuestra su obsesión compulsiva por batallar, pero no es la única culpable del conventillo. Hay otros como Fernando Romano, quien hace dos semanas discutió con ella a los gritos luego de sustituirla durante una breve licencia médica. La información trascendida establece que Romano la “arrinconó entre dos paredes” mientras le “gritaba por razones políticas”. Lo denunció por acoso laboral.

Natalia Roba advierte en El Observador que lo ocurrido se debe a que las adhesiones de los fiscales están divididas porque como herencia del trabajo de Díaz se conformaron dos bandos, que “tratan de tirarse tierra encima siempre que pueden”. Pone como ejemplo a Romano en el bando “pro-Díaz” y a Fossati en el “anti-Díaz”. En una conferencia de prensa para refutar a la senadora blanca Graciela Bianchi, quien razonó igual que Roba, Gómez sostuvo: “No advierto dos bandos. No pertenezco a ninguno de los que se señala que existen”. A quienes circulamos por el patio del conventillo, nos consta que existen esos bandos o confrontaciones, aunque no son generales.

Antes que Fossati otros estuvieron en la cresta de la ola. Hace dos años la fiscal de delitos sexuales Darviña Viera protagonizó duros enfrentamientos con todos los abogados de tres decenas de imputados en la Operación Océano, el mayor juicio de explotación sexual de menores. Desde el comienzo los defensores acusaron públicamente a Viera por “fuga de información” a los medios y ocultarles datos del expediente. Según el abogado Ignacio Durán la investigación era “una cacería de brujas” y otros reprocharon que no se investigara la responsabilidad de los padres de las víctimas menores. Afectada por estrés, Viera fue trasladada de esa fiscalía mientras dos fiscales investigan las irregularidades denunciadas.

Gobernantes y políticos del gobierno y la oposición han participado de manera agresiva en debates con los fiscales —los más recientes sobre Gustavo Leal— y en cada instancia politizan la Justicia y afectan la credibilidad en las instituciones.

Asimismo, vale recordar acusaciones del senador de Cabildo Abierto, Guido Manini Ríos, contra Ricardo Perciballe, fiscal de delitos de lesa humanidad. Al procesar o condenar a militares se actúa mediante una “venganza disfrazada de justicia”, se producen “atropellos” a los principios del derecho “con acciones desde la Fiscalía que son intolerables”, afirmó. Según ese razonamiento la Fiscalía delinque porque tuerce la ley o actúa al margen de ella.

Hace pocas semanas el senador blanco Jorge Gandini también aludió a la corrupción de fiscales porque según él investigan más rápido al gobierno actual que al anterior: “Ganamos el gobierno, pero no ganamos el poder”.  La fiscalía de corte le respondió: “Si desea realizar una denuncia fundada con respecto a la actuación de los fiscales, tiene las máximas garantías”. Se aguantó en el molde porque no tiene cómo demostrar su aventurera afirmación.

El mes pasado Gómez sancionó con cuatro meses de suspensión sin salario al fiscal Raúl Iglesias, quien, tras asumir, en 20 días archivó 300 expedientes. El sumario estableció que cometió “faltas leves, graves y muy graves”. Cuando Gómez dispuso el sumario Iglesias lo atribuyó a que su jefe tiene “problemas personales” con él por su actividad sindical y recordó sus enfrentamientos con Díaz.

Algunos abogados y políticos creen que la designación de un nuevo fiscal de Corte podrá encaminar este contaminado asunto. Sin embargo, aunque el Mago Ariel saque de la galera los tres quintos de votos que requiere la venia o inventen una salida forzada, si no cambia el espíritu de beligerancia pública, habrá nuevos capítulos de este vergonzoso teleteatro.

Así nos va.