¿Qué jueces tendremos?

Además de burras, la filosofía corporativa que las motiva es hermana del fascismo y enemiga de la democracia y de la transparencia. Se instala en todas las profesiones, pero el corporativismo judicial lo practican los mismos que nos juzgan, nos condenan o nos absuelven.

La ministra —potencial candidata a integrar la Corte—, reitera lo que antes han expresado otros ministros: el problema es la deficitaria formación liceal y universitaria de los abogados. Una amplia mayoría de los aspirantes al CEJU no superan las pruebas de acceso, otros reprueban los módulos del curso y al comenzar la selección muchos son descartados luego de someterse a una pericia psicológica. Con lo que queda, cuando surgen vacantes, hay que rascar el fondo del tarro.

“Con honrosas excepciones hay carencias de lenguaje, no saben expresarse, leen mal”, dice. Salvo utiliza una metáfora: si una persona solo sabe decir yes o no en lo que dura un curso universitario, no se les puede enseñar inglés.

“El CEJU no está para reiterar la enseñanza de grado, está para formar a los abogados que se presume que saben Derecho. (…) La idea del CEJU siempre es la formación práctica, la aplicación del Derecho a la realidad”, aclara.

Una reciente sentencia del Tribunal de Apelaciones del Trabajo de primer turno avala en forma contundente sus cuestionamientos. A los ministros Doris Morales, Julio Posada y Rosina Ro-ssi se les revolvieron las tripas al leer una apelación del abogado de ASSE Pablo Andrada. La rechazaron de plano, entre otras cosas, por “faltas garrafales de ortografía”: ¡más de 100 en 11 páginas! Entre otras: “espresa”, “desarroyo”, “ubiera”, “estubiera”, “quizo”, “abaló” y “extructura”. ¡Cáramba, si hasta cuesta escribirlas mal! Para colmo de males le reprochó por escrito al juez de primera instancia que hubiera dictado una “sentencia imparcial”. Ante tamaño disparate el tribunal se preguntó si ASSE pretende sentencias parciales.

Sin llegar a ese colmo también se advierten errores ortográficos en algunas sentencias, tal vez por falta de uso del corrector, pero indican carencias de base que se extienden a las expresiones habladas.

Salvo cree que los jueces que ingresan al Poder Judicial podrían aumentar sus conocimientos mientras desempeñan los cargos iniciales pues ese es el momento en el que les “sobra tiempo para estudiar”. Para formarse se requiere voluntad de estudio y trabajo y “el bajo nivel de algunos jueces solo puede ser imputable a sí mismos”, afirma.

No existe obligación de los jueces en informar sobre cursos locales o internacionales de posgrado que realicen para demostrar esa “voluntad de estudio y trabajo” a la que refiere Salvo. Quienes los hacen se cuentan con los dedos de una mano y sobran mientras otros utilizan la partida de pefeccionamiento académico —de la que no deben rendir cuentas— con otros fines.

Durante su carrera la calidad de los jueces es evaluada por sus superiores procesales según las categorías. Si consideramos las carencias formativas de los últimos años, ¿cuántos de esos superiores procesales estarán calificados para evaluar? No es un tema menor, porque de esas evaluaciones surgen los ascensos.

Un cambio interesante es que por primera vez desde su creación en 1987 el CEJU llamó a concurso para seleccionar a sus docentes a través de tribunales en los que están representados todos los sectores vinculados a la cuestión. Hasta ahora son jueces, exjueces o docentes universitarios sin el rigor del concurso.

La directiva del CEJU no tiene representación de las universidades privadas. Solo está la Udelar. La mayoría de los aspirantes al CEJU provienen de la Udelar y en consecuencia, también quienes fracasan.

Al escaso interés por ejercer la judicatura se le añade una resistencia a que los jueces inicien su carrera en el interior del país. Muchos —en especial las mujeres y quienes tienen pareja estable— rehúsan estar varios años en diferentes ciudades del interior antes de llegar a Montevideo. Sin embargo, así lo hicieron todos los grandes juristas que han integrado la magistratura.

Salvo defiende la postura de comenzar en el interior porque así el juez obtiene una visión global. Cuando llega a Montevideo —donde están los casos más complejos— hace el último tramo de su carrera con más experiencia y conocimientos. Eso siempre y cuando haya continuado estudiando porque “los años te dan oficio, pero no te dan sabiduría”.

En los últimos tiempos, el Ministerio Público se ha convertido en un fuerte competidor laboral del Poder Judicial. La Fiscalía de Corte convoca a concursos —el más transparente y existente sistema— para proveer vacantes en todas las categorías mediante tribunales examinadores que incluso integran magistrados del Poder Judicial.

Una ventaja económica: quienes ingresan al cargo de fiscales adscriptos en el interior tienen un salario similar al de un juez de Paz de ciudad y no deben esperar los dos años que demoran los cursos del CEJU.

El exjuez citado al comienzo señaló como un lastre añadido la falta de evaluación psicológica de los jueces en actividad. “Si en las pericias psicológicas de ingreso varios son rechazados, ¿qué garantiza que al cabo de cinco o diez años un juez mantenga un equilibrio adecuado? Hay ejemplos notorios, pero nadie se atreve a ponerle el cascabel al gato”.

La Corte deberá seleccionar al sucesor de Salvo entre tres ministros de los tribunales: Julio Olivera Negrín, Luis Charles y Rosina Rossi. Deberá considerar su idoneidad y de cuánto tiempo dispone para el CEJU sin descuidar su función jurisdiccional. Una vez tomada la decisión habrá que ver cuánto respaldo logra para realizar cambios quien sea elegido. Porque en esto también opera el corporativismo.