Quien haya seguido con atención en los últimos meses el debate en torno a la situación de Ancap difícilmente pueda entender cómo fue posible que una empresa estatal que opera en forma monopólica en la importación y refinado de petróleo haya tenido pérdidas por U$S 600 millones en los últimos cuatro años. Pérdidas que se originan en su compleja trama de “satélites”, sociedades públicas que se rigen por el derecho privado, en su mayoría creadas en la última década y no sometidas al contralor del Tribunal de Cuentas.
La confusión se origina en las diferentes versiones, cuando no en evidentes contradicciones, que en los últimos meses han aportado actuales y ex jerarcas del ente así como caracterizados miembros del anterior y del actual gobierno.
Un día se aseguró que el cuantioso déficit se había originado en una diferencia cambiaria, para pasar, luego de otras explicaciones, a atribuirlo a la negativa del Ministerio de Economía a incorporar en costos un significativo aumento salarial, inversiones en las “satélites” (de dudosa rentabilidad).
La negativa de Economía procuraba evitar que la inflación, desde hace años fuera del rango-meta oficial (entre 3% y 7%), saltara a dos dígitos, precipitando ajustes de salarios y pasividades y más inflación.
Un déficit originado en malos negocios, descontrol, despilfarro de recursos públicos por un equipo de socialistas que sueñan con proyectarse políticamente mediante la expansión del Estado en actividades económicas, al costo que fuere, con dinero ajeno.
Tratando de restarle importancia y significación al déficit, en su estilo canchero y de hombre sabedor, el ex presidente Mujica dijo que se trataba “casi (de) un tema contable”. Dicho así parece una operación de prestidigitación. La deuda de Ancap desaparece por un pase mágico. Y es probable que a muchos distraídos les parezca una nimiedad. Pero está claro, se viste a un santo pero se desviste otro. El agujero será pasado de Ancap a Economía, que deberá afrontarlo con recursos que pudieron tener otro destino o que tarde o temprano saldrán del bolsillo de los contribuyentes.
La controversia entablada y los recíprocos reproches intercambiados hace diez días entre Mujica y Astori, en los que ambos trataron de deslindar responsabilidades sobre el cuantioso déficit, no solo refleja la soterrada rivalidad política y personal existente entre ambos dirigentes frenteamplistas y la lucha interna por el rumbo del actual gobierno. La controversia poco aclaró y, por el contrario, contribuyó a alimentar la confusión. Y, se sabe, las dudas paralizan las reacciones de los ciudadanos.
¿Qué hay de cierto en los dichos de Mujica y de Astori? ¿A quién creerle?
El ex ministro de Industria, el socialista Roberto Kreimerman, allegado al ex presidente, refutó la versión del ex vicepresidente. Negó que haya habido durante el anterior gobierno una tensa reunión del Consejo de Ministros en la que Astori advirtió que la situación de Ancap estaba fuera de control y aseguró que la fijación de tarifas siempre se decidió en acuerdo entre el ente y Economía.
La ministra de Turismo, Lilián Kechichián, astorista, que integró el gabinete de Mujica en el quinquenio pasado y que continúa ahora, respaldó la versión del líder del Frente Líber Seregni.
La comparecencia del ex titular de Ancap ante la comisión investigadora del Senado, el hoy vicepresidente Raúl Sendic, poco contribuyó a esclarecer las cosas. También él atribuyó el déficit a decisiones ajenas, en las que poco o nada habría tenido que ver. O que poco o nada sabía, porque eran asuntos manejados por las gerencias… Él también tomó distancia de todo. De las consecuencias del aumento de las plantillas, de los aumentos salariales, de las inversiones poco rentables, del gasto de publicidad, etc., etc.
Que las relaciones entre miembros del anterior gobierno, inclusive las del presidente y su vice, pasaron momento difíciles y vivieron situaciones de gran tensión, fueron en su momento de público conocimiento.
Para tratar de superar una situación de este tipo, el 20 de febrero de 2013, meses después del intempestivo cierre de Pluna (y la farsa de la subasta de sus aviones) y de la declaración de inconstitucionalidad de la ley que creó el Impuesto a la Concentración de Inmuebles Rurales (ICIR), cuestionado por Astori, Mujica convocó a una reunión extraordinaria del Consejo de Ministros para evitar que los enfrentamientos perjudicaran la acción gubernativa. Según se consignó entonces (Búsqueda 21/2/2013), en la reunión, en la que varios participantes hicieron una fuerte “descarga emotiva”, se registró un “durísimo” reproche de Mujica a Astori por declaraciones públicas en las que este recordó sus objeciones al ICIR.
La reunión pasó a “cuarto intermedio”, tras lo cual Mujica reconoció ante los periodistas que el gobierno enfrentaba una “crisis política” y la existencia de “contradicciones” que podían provocar “malestares y algunas heridas”. Por ello, dijo, tendría que abocarse a “emparchar almas”.
“A nadie le vamos a poner un bozal. Hay libertad de pensamiento en este gobierno, pero no vamos a tener un presidente mequetrefe que esté pintado. Todos pueden opinar, pero la línea de política la marco yo”, advirtió entonces.
No fue ni la primera ni la única vez que proclamó que él era el presidente, que escuchaba todas las opiniones, pero que finalmente era quien tomaba las decisiones. Como correspondía a sus responsabilidades institucionales.
Ahora, en defensa de su gestión y para tirarle un cabo a Sendic, se escurre respecto del déficit de Ancap, como también lo hiciera en el caso Pluna.
Para la opinión pública la conclusión es que nadie se hace cargo, ni quien fue su presidente, ni el ex presidente de la República, ni su vice, hoy titular de Economía.
Caso curioso el de Uruguay. Tiene un Cerro Chato, un Arroyo Seco, una cárcel denominada Libertad. Un casino municipal que operó a pérdida durante años. Y ahora una empresa monopólica que importa y refina el combustible que dió pérdidas en los últimos cuatro años. Y las proyecciones del presente ejercicio mantienen esa tendencia. Para el libro de récord mundial de Guinness.
Estos dos últimos casos dicen bastante del proceso de selección de los cargos de dirección política y de la capacidad y la responsabilidad con que se administran los bienes públicos en el país.
Ahora bien, que todo esto haya tomado estado público, más allá de las dudas y la confusión generada, es producto del trabajo de la comisión investigadora del Senado. Es su mérito y debe ser reconocido. Si no fuera por su trabajo, todo habría sido barrido bajo la alfombra del FA.
