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    ¿Sin fines de lucro?

    Sr. Director:

    En el pasado ejemplar de Búsqueda, se publicó un artículo de la Ec. Ana Balsa denominado ¿Sin fines de lucro?, que refiere al análisis de uno de los grupos de prestadores de salud de nuestro Sistema Nacional Integrado (SNIS) y está enfocado a explorar cómo la figura jurídica de estos influye en aspectos como la eficiencia en la asignación de los recursos a su población usuaria.

    Dado mi interés en el tema y que trabajo en uno de esos prestadores, me resultó sumamente interesante el planteo de la autora. Incluso comparto varios de los conceptos por ella vertidos.

    Obviamente que centrarse en la eficiencia de los prestadores resulta muy importante en un sistema de salud como el nuestro, que se financia en su mayor parte con gasto público. No obstante ello, creo que el SNIS tiene otros desafíos mucho mayores en el futuro inmediato que la búsqueda de la mejor figura jurídica o la mayor regulación de los prestadores nombrados. Algunos ejemplos, a continuación.

    ¿Qué va a pasar con la canasta de prestaciones obligatorias denominada PIAS (Plan Integral de Asistencia en Salud) que se financia con las cápitas? Quienes administran las denominadas IAMC (instituciones de asistencia médica colectiva) y sus usuarios saben hoy que muchos procedimientos diagnósticos o terapéuticos que los profesionales indican a sus pacientes están por fuera del PIAS y, por tanto, no están financiados por la cápita que el Fonasa transfiere al prestador ni por el Fondo Nacional de Recursos. Ese procedimiento deberá —en la mayoría de los casos— procurarlo el usuario a su costo en clínicas privadas o en las mismas IAMC en caso de que estas puedan proveerlos.

    El avance de la medicina, el “imperativo tecnológico” y la nueva práctica de la profesión dejan cada día más lejos esa canasta de prestaciones financiada por los recursos públicos, que, dejemos claro, sigue siendo bastante excepcional en el contexto de otros sistemas de salud del mundo (ni hablemos si se analiza a qué precios).

    No vamos a entrar en la discusión, larga y dura, referida a si las cápitas financian completamente esta canasta actual de prestaciones y si deberían contemplar otros aspectos adicionales al sexo y edad del usuario. Lo cierto es que la realidad del conocimiento y de la práctica actual y del futuro inmediato hace imperioso el análisis de que se está dispuesto a financiar y a qué precios con los recursos disponibles.

    ¿Qué va a pasar con los recursos humanos del sistema? Todos conocen o por lo menos se imaginan que en los servicios de salud este tema es crucial. También es tema de debate si en la planificación y la implantación del SNIS se realizó un adecuado análisis de este. Lo cierto es que —nuevamente— el avance de la medicina y los cambios en la práctica médica presionan cada día más a los prestadores y en especial a aquellos que tiene ingresos en su gran mayoría fijos y no pueden trasladar costos.

    Hoy día existen cada día más subespecialidades médicas y quirúrgicas que, si bien no están contempladas en el PIAS, son de demanda habitual y por tanto las instituciones tienen que contratar so pena de interrumpir el proceso de atención de algunos usuarios. Y eso se cotiza y a precios de mercado. A ello debemos sumar que incluso en aquellas especialidades médicas que sí se contemplan en el PIAS algunos profesionales que la ejercen son escasos o están desigualmente distribuidos en el país.

    Lo mismo sucede con algunas otras profesiones vinculadas a la salud, no solo con el personal médico. Y eso también termina pagándose a precios de mercado.

    Obviamente, aquellos prestadores del sistema que pueden trasladar precios o que pueden eventualmente recibir otras partidas diferentes a las cápitas y metas prestacionales para su financiación tendrán un poco más de posibilidades de manejar esa tensión, sin tener que ajustar por calidad o endeudarse más allá de lo deseable.

    En este punto cobran un papel fundamental la academia, las sociedades científicas y el regulador (MSP). Alinear a esas organizaciones con intereses tan diferentes en un objetivo común es uno de los desafíos mayores para quien le toque gobernar en los próximos años. Si no, resultará imposible sustentar el sistema tal cual lo conocemos.

    ¿Cómo se va a manejar el modelo de atención? El cambio en el modelo de atención era uno de los pilares de la reforma que instauró el SNIS. Es bastante unánime la opinión de que este aspecto de la reforma quedó rezagado respecto a los otros dos pilares.

    Más allá del discurso y de esfuerzos más o menos aislados, no parece en la realidad cotidiana que la situación haya variado significativamente respecto a hace 20 años. Sigue predominando la atención fragmentada, centrada en el episodio agudo y con escaso énfasis en los aspectos de prevención, no solo la primaria.

    No quiero trasmitir con ello que no se haya hecho nada desde los diferentes actores involucrados, solo que no parece haber sido suficiente y que habría que retomar el esfuerzo. El tema no ha encarnado en el cuerpo médico, en los prestadores y me atrevería a decir que tampoco en mucha gente, que, si bien manifiesta su insatisfacción, por otro lado, busca y exige estudios o interconsultas especializadas ante situaciones que podrían resolverse en niveles o con recursos de menor complejidad.

    Hay trabajos que demuestran que en los últimos años hay un aumento sostenido de los actos asistenciales en muchas instituciones del sistema. Uno puede teorizar sobre sus causas, pero seguramente la práctica médica tenga una influencia fundamental.

    ¿Se pueden manejar de la misma manera y son comparables los distintos prestadores que integran el SNIS? ¿Se pueden comparar en eficiencia en la asignación de recursos a sus usuarios? Evaluar calidad y eficiencia en las instituciones de salud no es una tarea fácil por diferentes aspectos en los cuales no vamos a abundar. Pero, para ir en la línea del artículo citado, ¿se pueden comparar esas dimensiones entre un seguro privado, una IAMC y un prestador público como ASSE? Incluso entre el grupo de las IAMC, ¿son comparables una gran institución del área metropolitana con una pequeña IAMPP (Institución de Asistencia Médica Privada de Profesionales) del interior? ¿Qué ajustes y consideraciones deberían tenerse en cuenta para que se refleje mejor la realidad?

    Para finalizar. Cada uno de los puntos que se mencionaron dan para profundizar la discusión, pero el interés principal fue mencionar lo que en mi opinión son algunos temas de análisis de la mayor prioridad para quien tenga que tomar decisiones respecto a nuestro sistema de salud.

    Se comparte que los diferentes prestadores deban rendir cuentas en cuanto al manejo de los recursos que se les asignan y que la figura jurídica podría tener su importancia en la asignación de recursos en su interna, pero no debe olvidarse que los aspectos mencionados —y otros no citados— también vinculados a la macrogestión del sistema resultan cruciales para estos prestadores y el SNIS. De ello dependerá su sustentabilidad y el bienestar de toda la población de nuestro país.

    C. R.

    CI 1.938.602-3