—Nos dimos cuenta de que en el título, “competitividad e innovación”, quedaba perdido un objetivo importante para la población, que es la reducción del costo de vida. Hay un capítulo de innovación, pero lo sacamos del título para subir la reducción del costo de vida.
—Las medidas referidas en el capítulo de reducción del costo de vida no son tantas dentro de los 240 artículos...
—Quizás sean pocos artículos, pero son muy sustantivos, que lo que buscan es aumentar la competencia. Y uno presume que un aumento de la competencia se traduce en el precio de los productos.
—Alguien del MEF dijo, al definir este proyecto, que son un conjunto de “miniaturas” que, combinadas, deberían mover la aguja para remover obstáculos al crecimiento y la competencia. ¿Cómo lo sintetiza usted?
—Son un conjunto de reformas que se debía al Uruguay. Quizás son, sí, miniaturas en el sentido de que muchas son de aplicación sectorial. Como los silencios positivos, que es un cambio cultural y estructural. Por supuesto, uno de los comentarios que se está haciendo es que el proyecto de ley da la potestad y no lo establece. Pero hay que ser muy cuidadoso y una ley tiene que establecer el principio general. Y, por supuesto, la aplicación va a tener que ser gradual, porque estamos haciendo un cambio estructural importante en la forma en que se relacionan los ministerios sectoriales con las empresas.
—En términos de impacto sobre el dinamismo de la economía y del bolsillo de la gente, ¿qué se prevé?
—Estamos terminando de elaborar evaluaciones de impacto y el próximo mes va a estar disponible para cuando vayamos al Parlamento. Será un número general, que siempre va a ser más debatible, y ejemplos concretos de cuánto estimamos que se va a dar la reducción del precio y cuánto le va a reducir los costos a las empresas. Ahí viene mi enfoque microeconómico; sé que el impacto general del número va a ser importante, ese número siempre va a tener muchos supuestos atrás, por eso yo me quedaría más en el desglose.
¿Por qué estamos empezando ahora a hacer este análisis? Porque teníamos que ver qué efectivamente iba en el proyecto.
—Usted es director de Política Comercial desde el período anterior, con un gobierno que se declaraba “promercado”. ¿Por qué estas reformas microeconómicas, que parecen en sintonía con aquel discurso, tienen lugar ahora, con una administración del Frente Amplio?
—Lo que puedo valorar es que ahora esta es una preocupación central del ministro, que estaba reflejado en sus trabajos anteriores de consultoría. Muchos de los informes que yo recibí en el gobierno anterior venían firmados en su rol de consultor por quien hoy es ministro; tenía muy estudiado y diagnosticado el tema. Ese es el punto.
Lo que la experiencia me muestra es que todas estas reformas en Uruguay han sido acumulativas. Hay una frase común, que es que Uruguay está sobrediagnosticado; yo discrepo. Hay muchos diagnósticos quizás de la macro y quizás de determinados sectores, pero de la estructura de los trámites administrativos, y que Uruguay era caro por eso, es un avance que se ha hecho en los últimos 10 años. Yo no recuerdo, del 2021 para atrás, de recibir a nadie que me venga a plantear los problemas administrativos que tenía para tratar tal o cual trámite. Sí me venían a hablar del tipo de cambio, la inflación, de problemas macro, y yo los derivaba a la Asesoría Macroeconómica, pero nadie me hablaba de estas cuestiones.
—¿En el gobierno pasado estuvo planteado atacar esos problemas administrativos?
—De forma general, no.
Sí hubo muchos estudios y muchos análisis —para sectores concretos, como frutas y verduras, el pollo y la pasta de dientes— que no sé por qué no se concretaron. Y el Banco Central encargó unas consultorías para estudiar por qué el nivel de precios era elevado en Uruguay. Creo que ese es el puntapié inicial para la agenda que estamos concretando hoy.
Del articulado también destaco todo un apartado de coherencia regulatoria, que establece cómo tienen que ser las regulaciones de acá para adelante. Implica que, cuando se vaya a cambiar una regulación de forma relevante, se tendrá que explicitar públicamente por qué y para qué está haciendo el cambio, cuál es el bien público que quiere reglamentar y medir el impacto de la medida. Es como un proceso de rendición de cuentas ex ante, bien relevante, y que expone a los reguladores.
—Las primeras reacciones al proyecto, en general, fueron positivas desde la oposición, de parte del sector empresarial y de economistas liberales. ¿Es una iniciativa que genera más calor fuera del Frente Amplio?
—No lo sé porque no conozco la interna del Frente Amplio.
—La diaria informó que hace pocos días usted estuvo en La Huella de Seregni explicando el proyecto. Habló con dirigentes o militantes.
—Sí, pero no estoy en el día a día, no conozco.
Lo que digo es que una regulación eficiente no debería ser una agenda de izquierda o derecha, porque es el deber ser. El deber ser tendría que ser una agenda compartida y política de Estado.
—¿Siente necesario hacer un trabajo de convencimiento dentro de la izquierda sobre ese enfoque?
—Este es un punto que en la consultoría que contratamos de Nicolás Grau, exministro de Economía de Chile, nos hizo un punteo comunicacional de los problemas cuando él propuso un paquete de medidas similar en su país y comentó que le costó convencer a la izquierda chilena. Nos dijo los puntos con los cuales pudo lograr el calor en Chile al proyecto.
—¿Qué les recomendó?
—Lo que dije. Hablar de cómo hacer un Estado eficiente, en realidad, es potenciar al Estado y liberar recursos para hacer bien lo que el Estado tiene que hacer y no es ir por menos Estado. Ese es el punto conceptual de Grau.
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El ministro Gabriel Oddone y el director de la Asesoría Comercial, Juan Labraga.
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—¿Es una preocupación para el ministerio que el proyecto de competitividad y reducción de precios no sea asociado con reformas en Argentina impulsadas por el gobierno de Javier Milei?
—Para mí, que hace muchos años que estoy en el cargo, es muy importante que se asocie con una política de Estado y un camino donde hay ciertos consensos. Auguro que va a haber gente a favor y gente en contra.
—¿Augura que va a haber legisladores del Frente Amplio votando en contra?
—No, dentro del Frente Amplio no conozco, porque muchos no se han expresado. Hablo de la oposición.
Hay dos cosas importantes. Yo descuento, quiero creer, que el proyecto va a ser aprobado y va a tener un apoyo muy grande. Lo que es importante para nosotros es que el proyecto sea aprobado y que no tenga grandes pérdidas sustantivas, porque si es muy desglosado y lo que se aprueba es bastante menor de la ambición original, después sí, no va a tener tanto impacto en la competitividad y en la reducción del costo de vida.
Para nosotros es importante que se apruebe el corazón del proyecto.
—Según consignó El País, la vicepresidenta de la Cámara de Comercio dijo en un evento reciente que, dado el título del proyecto, “esperábamos más”, y señaló que faltan abordajes relacionados con la competitividad de la energía, la logística y otros costos empresariales. ¿Qué contesta a esa opinión?
—Me sorprendió porque el ministro siempre fue claro al decir que este paquete legislativo dejaba de lado los temas de energía, que sabemos que son un punto, y de logística, y que esa era una agenda para abordar en el futuro. Sabemos que son problemas estructurales de competitividad y que Uruguay los tiene que discutir, pero que estaban fuera del alcance de esta ley. Esto es secuencial y esta no es la ley que va a resolver la competitividad del país. Es un primer paso en la dirección correcta. Después hay que abordar los temas de energía y logística.
—¿Cuándo?
—El ministro dijo el segundo semestre. Dado los plazos con que venimos, quizás se postergue para el año que viene. Yo tengo que decir lo que dijo el ministro.
—Oddone definió el proyecto de competitividad como una “modesta pero importante reforma del Estado”. ¿Están previstas más transformaciones en el Estado?
—De principio, son estas que hay, porque Uruguay también tuvo muchas leyes que después quedan en leyes que no se aplican. El ejemplo paradigmático es la reforma monetaria y cambiaria; estableció el libre cambio del peso del dólar y quedó sin aplicar. Pero, bueno, todas estas cosas que decimos en el proyecto hay que reglamentarlas, hablar con los reguladores y aplicarlas. Auguro que ese es el trabajo fuerte, y que es donde la gente y las empresas empiezan a sentir en el día a día los efectos de la ley; ahí está la reforma estructural.
—Menciona aquella reforma que es de fines de la década de 1950. En términos comparados, por su peso o relevancia económica, la que se está planteando se asimila a esa o, por ejemplo, a la que impulsó Végh Villegas en los años setenta?
—Se asimila a la baja de aranceles generalizada que realizó el gobierno de Lacalle Herrera, que abrió Uruguay al mundo y después unió a Uruguay al Mercosur. Una vez que uno tiene los aranceles en niveles más estándar, se trabaja sobre las barreras no arancelarias, es el paso siguiente.
—Ha dicho que el régimen de importación múltiple de artículos de la canasta básica que hace unos meses se puso en vigor en la frontera fue como un testeo para lo que, ahora, se propone generalizar a través de este proyecto de ley. ¿Qué mostró ese testeo?
—Demostró que se puede hacer y crear regímenes especiales para situaciones especiales. La ley de frontera tiene un impacto, pero aspirábamos a más —se usó en 21 oportunidades solo por dos empresas, en Río Branco—; quizás pusimos algunos requisitos estrictos que hay que ir flexibilizando. Uno no tiene que ponerse tacaño, tiene que ser generoso en quién lo puede usar para que los mecanismos efectivamente se usen.
También lo que estamos viendo, al menos referido a la microimportación, es que efectos perversos y dañinos que algunos decían que se iban a dar, no se dieron.
—¿Hubo algún tipo de reacción de empresas que se puedan sentir afectadas con este cambio?
—No, de actores puntuales no hemos recibido... Pero, desde que dejaría de haber importadores únicos, es lógico que genere preocupación para quien es el importador único.
—¿Las modificaciones planteadas para la Comisión de Defensa de la Competencia son potentes?
—Lo que sentimos es que la comisión debe tener una actitud más proactiva, como sucede en Latinoamérica, en las mejores prácticas, no hay que irse al mundo.
Ahora, el paquete es conjunto. Las medidas procompetencia son estas que estábamos hablando, de habilitar el segundo importador, etcétera. La combinación de una comisión más potente con el aumento de la competencia en los mercados, eso es lo que va a generar la mayor competencia, no el fortalecimiento de la comisión per se.
—Entonces, cuando la Organización Mundial del Comercio haga el próximo examen de Uruguay, ¿mejorará su juicio sobre la competencia interna?
—Sí, sin duda. Ojalá vengan muchas leyes más, pero ésta la va a notar.
