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Gobierno se inclina por mantener el 80% de las transferencias monetarias a la infancia aunque no se asista a clase
El proyecto de Rendición de Cuentas planteará que los beneficiarios que no estén inscriptos o no asistan a los centros educativos dejen de cobrar el 20% restante
El presidente Yamandú Orsi junto a un niño en el lanzamiento del programa Más Barrio en el barrio Corfrisa en la ciudad de Las Piedras, Canelones.
La principal prioridad del gobierno es fortalecer las políticas para la infancia, en especial, para reducir la pobreza infantil, repiten una y otra vez los principales jerarcas del gobierno. Del Diálogo Social tomó la recomendación de unificar el sistema de transferencias y aumentar el monto en los casos de mayor vulnerabilidad. También adoptó la eliminación de las condicionalidades para el cobro de asignaciones familiares y otras partidas sociales, aunque de modo parcial.
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El proyecto de Rendición de Cuentas que analizará este viernes el Consejo de Ministros, paso previo a su envío al Parlamento, estipula que el 80% de las transferencias para las familias de niños y adolescentes no estén condicionadas a la asistencia a clase mientras que sí lo estarán el 20% restante, informaron fuentes del gobierno a Búsqueda.
Si un niño o adolescente no está inscripto hoy en un centro educativo, se suspende la totalidad de la Asignación Familiar, como establece la ley, o se dejan de pagar otras transferencias. Por ejemplo, en marzo de este año se pagaron 170.000 bonos de inicio de clase —de $ 2.500— a niños de Educación Inicial y Primaria, y se prevé además que 21.000 adolescentes cobren la beca Butiá —$ 13.000 al año en Educación Media Básica y $ 25.000 en Educación Media Superior—. Estos apoyos económicos se reciben “si se está en el sistema educativo y además si se asiste asiduamente”, dijo a la prensa el presidente del Consejo Directivo Central de la Administración Nacional de Educación Pública, Pablo Caggiani, este martes 23 en el relanzamiento de la Estrategia Nacional de Revinculación Educativa.
La fórmula que deberá consensuar el gabinete va por un camino diferente al actual, por una vía intermedia entre el régimen vigente y lo que anunciaron los actuales jerarcas durante la campaña electoral. Se plantea sostener una partida para las familias aun si su hijo no asiste a un centro educativo, aunque menor a la que recibiría si fuera. De esta manera, nadie queda por fuera del sistema si cumple con las condiciones para cobrar las partidas, pero se incentiva la asistencia a clase. El nuevo régimen comenzaría a implementarse desde 2027 si supera el proceso parlamentario.
El presidente Yamandú Orsi y el ministro de Economía y Finanzas, Gabriel Oddone, habían cuestionado en campaña electoral que se quitara la Asignación Familiar a raíz de la inasistencia a centros educativos. “El componente de la retribución ya no se discute más; se tiene que terminar” la condicionalidad, dijo Orsi en el programa En la mira en 2024. Argumentó que quitar la transferencia “te descalza una parte de la población”, a la que no se le puede pedir “algo que no te puede dar”. Si se aprueba el régimen propuesto, nadie se descalzaría completamente. En el mismo programa de VTV, Oddone había planteado que el Frente Amplio avanzaría hacia “transferencias no condicionadas”, en línea con lo que recomienda la experiencia internacional.
En el Poder Ejecutivo consideran que sostener la transferencia es una manera de mantener el vínculo de los beneficiarios con el Estado. Sin embargo, en el Comité Ejecutivo del Diálogo Social hubo reparos a la propuesta, los que fueron presentados por las cámaras empresariales y Cabildo Abierto. El único partido de la oposición que participó de la instancia advirtió que eliminar la condicionalidad implica “institucionalizar la mendicidad, sin generar estímulos para la superación personal”. Dirigentes de la coalición republicana también han criticado que se quite la exigencia de ir a un centro educativo para cobrar la transferencia.
Para lograr que se convierta en ley la propuesta, el Frente Amplio necesita conseguir el apoyo al menos de dos diputados de la oposición, ya que tiene 48 bancas en la Cámara de Representantes y para alcanzar la mayoría requiere 50 votos.
Estrategia de revinculación
El 31 de julio de 2024 se suspendió la Asignación Familiar a 5.812 personas por no estar inscriptas en centros educativos, y en la misma fecha de 2025, a 3.136. La diferencia radica, según el gobierno, en la implementación desde julio de 2025 de la Estrategia Nacional de Revinculación Educativa. El despliegue interinstitucional en el territorio, una iniciativa impulsada por Orsi, logró el año pasado que se inscriban en alguna institución 2.246 niños, niñas y adolescentes de los 5.382 que cobraban Asignación Familiar y no estaban registrados en ningún centro educativo.
Caggiani destacó el año pasado al presentar estas cifras que mientras que en 2025 se inscribieron en algún centro de estudios 2.246 niños y adolescentes a raíz del contacto con funcionarios públicos que los salieron a buscar, el año anterior habían sido 300. El manejo de la cifra fue cuestionado por Virginia Cáceres, presidenta de Codicen durante el último tramo del gobierno presidido por Luis Lacalle Pou.
La Estrategia Nacional de Revinculación Educativa comenzó a implementarse este año a mediados de junio, semanas antes que el año pasado, con el objetivo de superar la cifra de estudiantes revinculados en 2025.
El gobierno estimó en mayo del año pasado que 320.000 niños, niñas y adolescentes viven en hogares con pobreza monetaria o multidimensional. Son cuatro de cada 10 menores de edad.
Unificar
El proyecto de rendición de cuentas propondrá unificar el sistema de transferencias para la infancia y la adolescencia, que se estructura hoy principalmente en cuatro tipos: la Asignación Familiar tradicional, la Asignación Familiar del Plan de Equidad, el Bono Crianza y la Tarjeta Uruguay Social (TUS).
Hoy hay 232.000 hogares beneficiarios de la Asignación Familiar del Plan de Equidad, 91.000 que cobran TUS y 26.000 hogares beneficiarios del Bono Crianza.
El proyecto de ley de rendición de cuentas unifica todo el sistema, pero el aumento de las transferencias por nivel de vulnerabilidad y edad se dará de forma progresiva. A fines de 2027 quedarán comprendidos por estos nuevos beneficios las embarazadas y quienes tengan entre cero y tres años. Luego, en principio, se irá incorporando el aumento de las transferencias año a año de forma gradual.
El subsecretario de Economía y Finanzas, Martín Vallcorba, dijo este miércoles 24 en Desayunos informales de Canal 12 que el gobierno prevé una reducción del 30% de la pobreza monetaria en los niños de cero a tres años, la que caerá de 29% a 20% por el solo efecto de este nuevo sistema de transferencias, lo que calificó como “un impacto significativo” y “focalizado”.
El incremento de las transferencias para niños de cero a tres años será de 86%, mientras que para los menores de cuatro a 17 años está previsto que sea de 68%, anunció Vallcorba.
