La información fue difundida por Búsqueda el lunes 22, tras acceder a la versión taquigráfica de la comparecencia, y reafirmada minutos después por el presidente Yamandú Orsi, con base en la publicación de la nota. “A partir de un encuentro con los ministros del Ministerio de Defensa Nacional, Ministerio del Interior y Ministerio de Economía y Finanzas, resolvimos redoblar el combate contra el crimen organizado. Para esto direccionamos la infraestructura de seguridad del país a este fin”, escribió el presidente ese mismo día en su cuenta de X.
Con el paso de las horas, Orsi debió volver a pronunciarse sobre el tema ante críticas que surgían dentro del Frente Amplio y la sorpresa de varios dirigentes que no estaban al tanto del plan. Sin embargo, fuentes políticas indicaron que, antes de asistir el jueves 18 a la Comisión Especial de Seguridad y Convivencia, Negro había mencionado a diputados oficialistas sobre el “inminente” anuncio de la iniciativa.
“Convengamos que para el conjunto de la sociedad la imagen de que las calles estén patrulladas por camiones o camionetas del Ejército no es una buena cosa”, expresó el ministro de Trabajo y Seguridad Social, Juan Castillo, en la mañana del miércoles en el programa Arriba gente de Canal 10. Sobre el mediodía, Orsi contestó tajante en una rueda de prensa durante una visita a Treinta y Tres: “La decisión está tomada, no es un tema de imagen, es de acción, hay que resolver“.
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Yamandú Orsi y Carlos Negro conversan en un operativo policial llevado a cabo en junio en la ciudad de Las Piedras.
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El empleo de los vehículos militares fue aprobado personalmente por Orsi tras mantener conversaciones con el ministro del Interior y con la ministra de Defensa Nacional, Sandra Lazo. La iniciativa busca dotar al personal policial de medios de transporte más seguros para el ingreso a las zonas de mayor violencia del país, dado que el Mamba MK7, el transporte que se va a utilizar, ofrece niveles superiores de protección balística y contra explosivos. El secretario de la Presidencia, Alejandro Sánchez, remarcó que, cuando ejecuta procedimientos en algunos de esos lugares, la Policía es agredida no solo con piedras, sino también con armas de fuego.
En la Cámara de Representantes, Negro enmarcó la medida como parte de “un permanente intercambio” con el Ministerio de Defensa Nacional orientado a “buscar las formas de cooperación que dentro de la ley y la Constitución permitan la participación cada vez más activa” de recursos militares en tareas de apoyo. “Perfectamente pueden ser colaboradores de la gestión de la seguridad del ministerio; estamos en plena tratativa en estos días”, manifestó momentos antes de referirse al futuro patrullaje de los Mamba MK7.
El martes y el miércoles, los días posteriores a que se conociera la noticia, la ministra Lazo buscó atenuar el alcance militar de la medida para intentar reducir las tensiones internas en el Frente Amplio, al precisar que se trata de un despliegue únicamente de equipamiento y para tareas de apoyo logístico y operativo, no de la participación de efectivos del Ejército en operativos de seguridad pública.
El Ejército, a la espera
En el Parlamento, Negro especificó que los vehículos se utilizarán para operativos como Atenea y Dominio, dos procedimientos policiales iniciados en junio por el Ministerio del Interior: Atenea se basa en la aplicación de inteligencia para la prevención y disuasión de homicidios, mientras que Dominio es una nueva estrategia de intervención territorial.
El lunes 8, como parte de Dominio, numerosas direcciones y unidades policiales confluyeron en operativos focalizados en distintos puntos de Montevideo, entre ellos los barrios Cerro Norte y Marconi, donde se identificó a 555 personas, se registraron 174 motos y 204 autos y se detuvo a tres personas.
En el procedimiento, al que ahora se sumará el transporte militar, participan la Jefatura de Policía de Montevideo, la Dirección Nacional de Investigaciones, la Dirección Nacional Guardia Republicana, la Dirección General de Operaciones Especiales, la Unidad de Apoyo Táctico Especial de Montevideo, el Centro de Comando Unificado, la Dirección Nacional de Policía Científica y la Dirección Nacional de Aviación, entre otros.
El gobierno analiza en estas horas la forma en que la Policía coordinará la movilización de los blindados. En total, se prevé la utilización de hasta 12 en toda la capital, aunque no de manera simultánea, sino en distintas ocasiones y de acuerdo con las necesidades operativas que se definan.
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Dos oficiales de la Policía Nacional patrullan una calle del barrio Marconi como parte de los procedimientos de la Operación Dominio.
Ministerio del Interior
Según señalaron a Búsqueda fuentes oficiales, los vehículos serán conducidos por personal militar debido a la complejidad de su operación y a la necesidad de entrenamiento y capacitación especializada. Dado que se trata de equipamiento nuevo, hasta el momento solo efectivos militares han recibido instrucción para maniobrarlo y no personal policial. Se espera que cada vehículo sea controlado por dos militares —un conductor y un auxiliar— bajo las órdenes y la supervisión de la Policía.
Una de las decisiones a tomar es la eventual utilización de armamento por parte de los militares que operarán los vehículos. El director de la Policía Nacional, José Manuel Azambuya, y el comandante en jefe del Ejército, Mario Stevenazzi, han mantenido conversaciones al respecto. También hubo contactos entre los jerarcas del Estado Mayor General de la Policía y del Estado Mayor del Ejército. Otro de los mandos que mantiene comunicación con el Comando General del Ejército es Jorge González, director de la Dirección General de Operaciones Especiales de la Policía, creada durante la pasada administración, consolidada como la nueva unidad de élite de la institución e integrante de la Operación Dominio.
Fuentes políticas explicaron que, tanto desde la Policía como del Ejército, aguardan los “acuerdos políticos” en el Poder Ejecutivo, es decir, acceder al convenio final que se firmará, para luego sí discutir entre ambas fuerzas la aplicación de la nueva medida.
Lazo mantendrá una reunión con Stevenazzi este viernes. Ese día, en el Consejo de Ministros que tendrá lugar en la Torre Ejecutiva, Orsi detallará la iniciativa a todo el gabinete y después se presentará públicamente.
En el Ejército existen inquietudes de índole operativa y jurídica en relación con los futuros despliegues. Uno de los aspectos más sensibles es saber si el personal militar afectado portará armamento y la determinación del régimen de responsabilidad aplicable ante eventuales situaciones de uso de la fuerza. Dado que los efectivos militares son instruidos bajo reglas de combate, existen interrogantes sobre el encuadre legal de su actuación en tareas de apoyo a la seguridad pública.
Esa duda fue expuesta el martes 23 por el líder de Cabildo Abierto y ex comandante en jefe del Ejército, Guido Manini Ríos. “Lo que no podemos hacer es dar órdenes determinadas a las Fuerzas Armadas y que, después, ante el primer problema que surja, terminen pagando con cárcel un soldado o un oficial”, dijo entrevistado en Radio Monte Carlo.
Más allá de esta alerta, Manini Ríos valoró positivamente la iniciativa del gobierno al entender que responde a un reclamo de la población de mayor firmeza en materia de seguridad pública. El posicionamiento fue similar en el resto de la oposición.
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Andrés Ojeda, senador del Partido Colorado, saluda al ministro del Interior, Carlos Negro, tras una comparecencia en el Parlamento en 2026.
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“Lo venimos pidiendo desde hace tiempo”, afirmó el lunes 22 en rueda de prensa el senador nacionalista Sebastián da Silva. Otros dirigentes del Partido Nacional recordaron que la decisión del gobierno se aproxima a propuestas planteadas años atrás por su fuerza política: en 2019, el entonces ministro Jorge Larrañaga impulsó una reforma constitucional que contemplaba, entre otros puntos, la creación de una guardia nacional integrada por efectivos de las Fuerzas Armadas para tareas de seguridad interna.
En declaraciones a TV Ciudad, el senador colorado Andrés Ojeda sostuvo que “hubo un giro de 180 grados ante la necesidad de la gente”. El Estado “tiene que intervenir en la guerra contra el narco, todo lo que implique avanzar en ese camino es bienvenido”, agregó, y anunció que solicitará un pedido de informes en el Parlamento para conocer los detalles del plan.
El rol de Estados Unidos
Además del armamento de los militares, el gobierno tiene que resolver otros aspectos, como la participación del Ministerio de Economía, que responde a la necesidad de instrumentar los mecanismos de compensación que el Ministerio del Interior deberá transferir a Defensa por la utilización de los vehículos y la asignación de personal militar en los operativos. El esquema contempla el pago por el uso del equipamiento y por las horas de servicio cumplidas por los efectivos que participen en tareas de apoyo a los despliegues policiales.
“Así como los militares que están en los perímetros de las cárceles reciben un plus, aquí corresponde también que, si algunos de esos vehículos son operados por ellos, tengan un incentivo o se instrumente un pase en comisión. Veremos cuál es la mejor forma”, sostuvo Orsi el martes 23 en rueda de prensa.
El gobierno también estudia aspectos técnicos, legales y administrativos, uno de las cuales puede incluir la intervención de Estados Unidos para autorizar el empleo de los blindados en tareas de seguridad nacional.
Los 14 Mamba MK7 con los que cuenta el Ejército fueron financiados en régimen de donación a través de la Iniciativa de Operaciones Globales de Mantenimiento de la Paz del Departamento de Estado de Estados Unidos, en el marco de un programa de cooperación valorado en US$ 13,9 millones. Los vehículos se entregaron en julio de 2024 para integrar específicamente una compañía de infantería mecanizada de respuesta rápida (QRF, por sus siglas en inglés) para misiones operativas de paz que Uruguay pueda desarrollar con mandato de las Naciones Unidas.
La resolución que selló la donación fue firmada en febrero de 2024 por el entonces presidente Luis Lacalle Pou y su ministro de Defensa Nacional, Javier García. Establece que “el propósito del donante es colaborar con el Comando General del Ejército, a los efectos de cumplir con los estándares requeridos por la Organización de las Naciones Unidas (ONU), brindándole a Uruguay la oportunidad de continuar con el despliegue en las misiones operativas de paz, siendo de interés del Ministerio de Defensa Nacional y el Comando General del Ejército la aceptación de la donación de referencia“.
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La exembajadora de Estados Unidos en Uruguay, Heide Fulton, en su llegada al acto de la Declaratoria de la Independencia de Uruguay, en el año 2023.
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Durante la administración anterior, Uruguay se comprometió ante la ONU a crear una unidad militar de vanguardia que proporcione apoyo inmediato a contingentes de cascos azules que requieren asistencia operativa para la protección de población civil e infraestructura crítica. Para desarrollar esa QRF Uruguay necesitaba, entre otros elementos, medios de transporte modernos como los Mamba MK7.
“Estos vehículos permitirán a Uruguay proporcionar una fuerza de reacción rápida, una capacidad que permitirá a nuestros socios uruguayos continuar con su larga historia de contribución a la paz y seguridad internacionales”, señaló la exembajadora estadounidense en el país Heide Fulton durante el acto de entrega del equipamiento.
Desde entonces, los Mamba MK7 permanecen en Uruguay a la espera de un eventual despliegue dispuesto por las Naciones Unidas, como integrantes de la QRF que el Ejército ya tiene a disposición. En mayo, durante la conmemoración de un nuevo aniversario del Ejército, Stevenazzi se refirió al posible uso de los vehículos ante escenarios de misiones de paz que “aumentan su complejidad” y exigen un mejor equipamiento para las Fuerzas Armadas uruguayas.
“Hoy tenemos una compañía mecanizada lista para ser desplegada en cualquier parte del mundo, en el marco de una misión de paz, lógicamente con la autorización parlamentaria que corresponde, con equipamiento de primer nivel, lo que da mayores garantías a nuestro personal”, afirmó Stevenazzi en su discurso oficial, en referencia, entre otros recursos, a los Mamba MK7.
Como hasta el momento Naciones Unidas no ha emitido directrices de despliegue inmediato en misiones de paz, el Poder Ejecutivo decidió destinar los vehículos blindados a funciones distintas de las originalmente previstas, lo cual abre un eventual pedido del Ministerio de Defensa a Estados Unidos para modificar su uso establecido en 2024. La Embajada de Estados Unidos está “monitoreando el tema“, afirmaron fuentes políticas.
El Manual de Gestión de la Asistencia de Seguridad (SAMM, por sus siglas en inglés) del Departamento de Defensa de Estados Unidos regula el sistema de monitoreo del uso final (End-Use Monitoring), que establece los procedimientos para verificar que los artículos y servicios de defensa transferidos a países socios sean empleados conforme a los términos acordados. En materia de transferencias a terceros países, cambios de destino del material y su disposición final, el SAMM se enmarca en la Ley de Asistencia Exterior y la Ley de Control de Exportaciones de Armamento, complementadas por las condiciones estipuladas en cada acuerdo bilateral de cooperación en materia de defensa.
De acuerdo con dicho régimen, los gobiernos receptores no pueden utilizar ni permitir el uso de los bienes de defensa para fines distintos a los originalmente autorizados, salvo que cuenten con la aprobación previa y por escrito del gobierno de Estados Unidos.
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La ministra de Defensa Nacional, Sandra Lazo, en el aniversario del Ejército Nacional celebrado en mayo.
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Diseñado originalmente en Sudáfrica y fabricado por la empresa estadounidense Osprea Logistics, el Mamba MK7 es un vehículo blindado protegido contra minas de configuración 4×4, desarrollado para operaciones de mantenimiento de paz, entornos de conflicto y misiones expedicionarias de alta exigencia. El manual técnico de Osprea, publicado en el sitio web de la compañía, reporta que este tipo de blindado ha “sobrevivido en campo de batalla a explosiones de más de 80 kg de explosivos sin bajas mortales”.
Su interior se puede emplear como transporte de tropas, vehículo de mando y control, ambulancia, vehículo de recuperación de emergencia, plataforma para equipos de desactivación de explosivos o vehículo con brazo robótico para examinar bombas improvisadas a distancia segura, con opción de radar que escanea el suelo en busca de explosivos enterrados.
Alcanza una velocidad máxima en carretera de 105 km/h, con un radio de giro de 13,5 metros. Supera pendientes del 70%, una inclinación lateral del 30%, obstáculos verticales de 600 mm y una profundidad de vadeo de 1,0 metros. La autonomía operacional es de 805 km, la longitud total es de 6.273 mm, el ancho es de 2.542 mm y tiene una altura de 2.822 mm. El peso bruto vehicular es de 15.000 kg, con un peso en vacío de 11.103 kg y una capacidad de carga útil de 3.900 kg.
En el techo del Mamba Mk7 hay una estructura giratoria conocida como torreta, que es básicamente una plataforma elevada desde la cual un soldado puede operar un arma pesada con visión de 360 grados sin necesidad de salir del vehículo. Es el punto más expuesto del blindado, pero también el más estratégico, ya que desde ahí se puede cubrir el entorno completo mientras el resto de la tripulación permanece protegida dentro. En el caso del Mk7, esa torreta está diseñada para soportar armas de hasta calibre 12,7 mm, capaz de perforar vehículos ligeros y derribar aeronaves a baja altura.
El gobierno prevé retirar esta torreta del vehículo durante su uso en patrullajes en Montevideo, con el objetivo de adaptar el Mamba Mk7 a tareas de seguridad interna que no están orientadas al combate directo.
